ESTATUTOS DE FEVAAS

D./Dña…………………………………………………………………………………………………mayor de edad, DNI. nº……………….., con domicilio en la calle………………………………, nº….., piso……, de la localidad de………………………., C.P………………, teléfono. ………………………, en calidad de …………………. de la Federación ………………………………………………………..
nº de Registro ……………………………..

EXPONE:

Que al amparo de lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi, la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y los Estatutos de la Entidad, se ha procedido a la modificación de dichos Estatutos y presenta la documentación precisa consistente en:

• Certificado de la Asamblea General Extraordinaria de Socios/Socias donde se tomó el acuerdo de modificación. Por duplicado ejemplar.
• Estatutos. Por duplicado ejemplar.

Por lo que,

SOLICITA:

La inscripción de la modificación en el Registro de Asociaciones previsto en la citada norma legal.

En………………………………….a……….de……………………………..de………………

Fdo.: Presidente/a

REGISTRO GENERAL DE ASOCIACIONES DEL PAIS VASCO
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
GOBIERNO VASCO.
Donostia-San Sebastián, 1
01010 VITORIA-GASTEIZ

D./Dña. ……………………………………………………………………………………………………………….. Secretario/Secretaria de la Federación ……………………………………………………………………, de ……………………………….. nº Registro ……………………………………..

CERTIFICA:

Que a las ……. horas del día ….. de …………….. de 200…, convocada en la forma establecida en los estatutos, se reunió la Asamblea General Extraordinaria a efectos de la modificación estatutaria. Se aprobó dicha modificación siendo el quorum de asistencia ………….. , y el resultado de la votación…………………..
La modificación de estatutos ha consistido en lo siguiente:

Artículos modificados :

Lo que se certifica en ………………………. a ……………. de ……………………………………..de dos mil …………………………………………………………………………………….

EL/LA SECRETARIO/A

VºBº
EL/LA PRESIDENTE/A

ESTATUTOS DE LA FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE
PREJUBILADOS Y PENSIONISTAS ( FEVAAS )

CAPÍTULO PRIMERO

DENOMINACIÓN

Artículo 1.- Los presentes Estatutos de la FEDERACIÓN VASCA DE ASOCIACIONES DE PREJUBILADOS Y PENSIONISTAS (FEVAAS), de Bilbao,……nº…de Registro…FD/B/00095/1999…………inscrita con fecha12…..de…Febrero…de 1999…han sido modificados de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi y la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 10.13 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco.

Dicha Federación se regirá por los preceptos de las citadas Leyes de Asociaciones, por los presentes Estatutos en cuanto no estén en contradicción con la Ley, por los acuerdos válidamente adoptados por sus órganos de gobierno, siempre que no sean contrarios a la Ley y/o a los Estatutos, y por las disposiciones reglamentarias que apruebe el Gobierno Vasco, que solamente tendrán carácter supletorio.

FINES QUE SE PROPONE

Artículo 2.- Los fines de esta Federación son:

a) Coordinar las actividades de las Asociaciones Miembros, velando por la observancia de las obligaciones impuestas por la Legislación vigente, y sus respectivos Estatutos.
b) Potenciar los vinculos de unión entre las distintas Asociaciones, con el fin de mantener contactos e intercambiar información sobre las respectivas actividades.
c) Precurar la defensa de los derechos de prejubilación y de las pensiones, de las personas físicas integrantes de las diversas asociaciones miembros de esta Federación.
d) Tratar de que cada una de las asociaciones miembros desarrollen , al máximo, los fines previstos en estos Estatutos.
e) Ser vehículo para canalizar las inquietudes, intereses y sugerencias de las asociaciones y sus asociados, así como la asistencia a los mismos, especialmente en lo concerniente a la situación absoluta y relativa de las pensiones y demás retribuciones.
f) Fomentar y participar en actividades socioculturales.

Para la consecución de dichos fines se llevarán a cabo, previo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, las siguientes actividades:

a) Representar defender y promocionar los intereses económicos, sociales y culturales de sus Asociadas.
b) Participar activamente en la consecución de los problemas específicos de sus asociadas.

Sin perjuicio de las actividades descritas en el apartado anterior, la Federación, para el cumplimiento de sus fines podrá:

• Desarrollar actividades económicas de todo tipo, encaminadas a la realización de sus fines o a allegar recursos con ese objetivo.
• Adquirir y poseer bienes de todas clases y por cualquier título, así como celebrar actos y contratos de todo género.
• Ejercitar toda clase de acciones conforme a las Leyes o a sus Estatutos.

DOMICILIO SOCIAL

Artículo 3.- El domicilio principal de esta Federación estará ubicado en Bilbao (Bizkaia) .,calle………………………………………………nº…….de…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

La Federación podrá disponer de otros locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma, cuando lo acuerde la Asamblea General.

ÁMBITO TERRITORIAL

Artículo 4.- El ámbito territorial en el que desarrollará principalmente sus funciones comprende, principalmente, el País Vasco.

DURACIÓN Y CARÁCTER DEMOCRÁTICO

Artículo 5.- La Federación se constituye con carácter permanente, y sólo se disolverá por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria según lo dispuesto en el Capítulo VI o por cualquiera de las causas previstas en las Leyes.

La organización interna y el funcionamiento de la Federación deberán ser democráticos, con pleno respeto al pluralismo. Serán nulos de pleno derecho los pactos, disposiciones estatutarias y acuerdos que desconozcan cualquiera de los aspectos del derecho fundamental de asociación.

CAPÍTULO SEGUNDO

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

Artículo 6.- El gobierno y administración de la Federación estarán a cargo de los siguientes órganos colegiados:

• La Asamblea General de Socios/as, como órgano supremo.
• La Junta Directiva, como órgano colegiado de dirección permanente.

LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIACIONES

Artículo 7.- La Asamblea General de Asociaciones, integrada por unmáximo de 3 representantes de cada una de las asociaciones que, a la hora de votar, ostentarán 1 voto por cada 200 socios/as ó fracción de cada Asociación, es el órgano de expresión de la voluntad de éstas y el órgano supremo de gobierno de la Federación.

Son facultades de la Asamblea General:

a) Aprobar el plan general de actuación de la federación.
b) El examen y la aprobación de las cuentas anuales y del presupuesto del ejercicio siguiente.
c) Aprobar la gestión de la Junta Directiva
d) La modificación de estatutos.
e) La disolución de la federación.
f) La elección y el cese del presidente o la presidenta, del secretario o la secretaria, del tesorero o la tesorera y, si lo hubiere, de los demás miembros del órgano de gobierno colegiado, así como su supervisión y control.
g) Los actos de confederación con otras federaciones o el abandono de alguna de ellas.
h) La aprobación de la disposición o enajenación de bienes inmuebles.
i) El acuerdo de remuneración de los miembros del órgano de gobierno, en su caso.
j) La fijación de las cuotas ordinarias o extraordinarias, si bien esta facultad podrá ser delegada por la Asamblea General al órgano de gobierno mediante acuerdo expreso.
k) La adopción del acuerdo de separación definitiva de las personas asociadas.
l) Cualquier otra competencia no atribuida a otro órgano social.

Artículo 8.- La Asamblea General se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias.

Artículo 9.- La Asamblea General deberá ser convocada en sesión ordinaria, al menos una vez al año, dentro del primer trimestre, a fin de adoptar los Acuerdos previstos en el artículo 7º-a), b) y c).

Artículo 10.- La Asamblea General se reunirá en sesión extraordinaria cuando así lo acuerde la Junta Directiva, bien por propia iniciativa, o porque lo solicite la mitad más una de las Asociaciones, indicando los motivos y fin de la reunión y, en todo caso, para conocer y decidir sobre las siguientes materias:

a) Modificaciones Estatutarias.
b) Disolución de la Federación.

Artículo 11.- Las convocatorias de las Asambleas Generales se realizarán por escrito expresando el lugar, día y hora de la reunión, así como el orden del día con expresión concreta de los asuntos a tratar. Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea en primera convocatoria habrán de mediar al menos quince días, pudiendo así mismo hacerse constar si procediera, la fecha y hora en que se reunirá la Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre una y otra pueda mediar un plazo inferior a media hora.

Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria, cuando concurran a ella un tercio de los asociados con derecho a voto, y en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de asociados con derecho a voto.

Artículo 12.- Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de las personas presentes o representadas, cuando los votos afirmativos superen a los negativos. No obstante, requerirán mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, que resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad de los válidamente emitidos, los siguientes acuerdos:

a) La disolución de la federación.
b) La modificación de estatutos
c) La disposición o enajenación de bienes.
d) La remuneración de los miembros del órgano de representación, si procede.

Artículo 13.- Las Asociadas podrán otorgar su representación, a los efectos de asistir a las Asambleas Generales, en cualquier otra Asociada. Tal representación se otorgará por escrito, y deberá obrar en poder del Secretario/a de la Asamblea, al menos…15 minutos antes de celebrarse la sesión. Las Asociadas que residan en ciudades distintas a aquélla en que tenga su domicilio social la Federación, podrán remitir por correo el documento que acredite la representación.

LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 14.- La Junta Directiva es el órgano de representación que gestiona y representa los intereses de la Federación, de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General. Sólo podrán formar parte del órgano de representación las Asociaciones integradas en la Federación.

La Junta Directiva estará integrada por el Presidente, Vicepresidente, Secretario/a, Tesorero/a y Vocales, entendiéndose 1 persona por cada Asociación. Cada uno de los Cargos pertenecerá a una Asociación diferente, ejerciendo la representación de la misma.

Deberán reunirse al menos una vez cada tres (3) meses y siempre que lo exija el buen desarrollo de las actividades sociales.

Artículo 15.- La falta de asistencia a las reuniones señaladas, de los/as miembros de la Junta Directiva, durante 3 veces consecutivas o 6 alternas sin causa justificada, dará lugar al cese en el cargo respectivo.

Artículo 16.- Los cargos que componen la Junta Directiva, se elegirán por la Asamblea General y durarán un período de 2 años, salvo revocación expresa de aquélla, pudiendo ser objeto de reelección indefinidamente.

Artículo 17.- Para pertenecer a la Junta Directiva serán requisitos indispensables:

a) Ser mayor de edad, estar en pleno uso de los derechos civiles y no estar incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.
b) Ser designado/a en la forma prevista en los Estatutos.
c) Ser socio/a de la Entidad.

Artículo 18.- El cargo de miembro de la Junta Directiva se asumirá cuando, una vez designado/a por la Asamblea General, se proceda a su aceptación o toma de posesión.

Los cargos serán gratuitos, si bien la Asamblea General podrá establecer, en su caso, el abono de dietas y gastos de los miembros de la Junta Directiva.

Artículo 19.- Los miembros de la Junta Directiva cesarán en los siguientes casos:

a) Expiración del plazo de mandato.
b) Dimisión.
c) Cese en la condición de socio/a, o incursión en causa de incapacidad.
d) Revocación acordada por la Asamblea General en aplicación de lo previsto en el artículo 16 de los presentes Estatutos.
e) Fallecimiento.
f) Por solicitud expresa de la Asociación a que pertenece y representa.

Cuando se produzca el cese por la causa prevista en el apartado a), los miembros de la Junta Directiva continuarán en funciones hasta la celebración de la primera Asamblea General, que procederá a la elección de los nuevos cargos.

En los supuestos b), c), d) y e), la propia Junta Directiva proveerá la vacante mediante nombramiento provisional, que será sometido a la Asamblea General para su ratificación o revocación, procediéndose, en este último caso, a la designación correspondiente.

Todas las modificaciones en la composición de este órgano serán comunicadas al Registro de Asociaciones.

Artículo 20.- Las funciones de la Junta Directiva son:

a) Dirigir la gestión ordinaria de la Federación, de acuerdo con las directrices de la Asamblea General y bajo su control.
b) Programar las actividades a desarrollar por la Federación.
c) Someter a la aprobación de la Asamblea General el presupuesto anual de gastos e ingresos, así como el estado de cuentas del año anterior.
d) Confeccionar el Orden del Día de las reuniones de la Asamblea General, así como acordar la convocatoria de las Asambleas Generales ordinarias y extraordinarias.
e) Atender las propuestas o sugerencias que formulen los socios/as, adoptando al respecto, las medidas necesarias.
f) Interpretar los preceptos contenidos en estos Estatutos y cubrir sus lagunas, sometiéndose siempre a la normativa legal vigente en materia de asociaciones.
g) Ejercitar aquellas competencias que le otorgue la Asamblea General mediante Acuerdo expreso, siempre que no sean de su exclusiva competencia.

Artículo 21.- La Junta Directiva celebrará sus sesiones cuantas veces lo determine la Presidencia, bien a iniciativa propia, o a petición de cualquiera de sus componentes. Será presidida por el/la Presidente/a, y en su ausencia, por el/la vicepresidente/a, si lo hubiera, y en ausencia de ambos, por el/la miembro de la Junta que tenga más edad.

Para que los acuerdos de la Junta sean válidos, deberán ser adoptados por mayoría de votos de las personas asistentes, requiriéndose la presencia de la mitad de los/las miembros. En caso de empate, el voto del Presidente será de calidad.

De las sesiones, el/la Secretario/a levantará acta que se transcribirá al Libro correspondiente.

ÓRGANOS UNIPERSONALES

PRESIDENTE

Artículo 22.- El/La Presidente de la Federación asume la representación legal de la misma, y ejecutará los acuerdos adoptados por la Junta Directiva y la Asamblea General, cuya presidencia ostentará respectivamente.

Artículo 23.- Corresponderán al Presidente las siguientes facultades:

a) Convocar y levantar las sesiones que celebre la Junta Directiva y la Asamblea General, dirigir las deliberaciones de una y otra, y decidir un voto de calidad en caso de empate de votaciones.
b) Proponer el plan de actividades de la Federación a la Junta Directiva, impulsando y dirigiendo sus tareas.
c) Ordenar los pagos acordados válidamente.
d) Resolver las cuestiones que puedan surgir con carácter urgente, dando conocimiento de ello a la Junta Directiva en la primera sesión que se celebre.
e) Ejercitar aquellas competencias que le otorgue la Asamblea General mediante Acuerdo expreso, salvo que sean de competencia exclusiva de la misma.

VICEPRESIDENTE

Artículo 24.- El/La Vicepresidente asumirá las funciones de asistir al Presidente y sustituirle en caso de imposibilidad temporal de ejercicio de su cargo. Asimismo, le corresponderán cuantas facultades delegue en él o ella, expresamente, la Presidencia.

SECRETARIO/A

Artículo 25.- Al Secretario/a le incumbirá de manera concreta recibir y tramitar las solicitudes de ingreso, llevar el fichero y el Libro de Registro de Socios/as, atender a la custodia y redacción del Libro de Actas.

Igualmente, velará por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de Asociaciones, custodiando la documentación oficial de la Entidad, certificando el contenido de los Libros y archivos sociales, y haciendo que se cursen a la autoridad competente las comunicaciones preceptivas sobre designación de Juntas Directivas y cambios de domicilio social.

TESORERO/A

Artículo 26.- El/La Tesorero/a dará a conocer los ingresos y pagos efectuados, formalizará el presupuesto anual de ingresos y gastos, así como el estado de cuentas del año anterior, que deben ser presentados a la Junta Directiva para que ésta, a su vez, los someta a la aprobación de la Asamblea General.

CAPÍTULO TERCERO

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DE ASOCIACIONES

Artículo 27.- Pueden ser miembros de la Federación aquéllas asociaciones que así lo deseen y reúnan las condiciones siguientes:

a) Que los fines sociales perseguidos sean procurar ayuda a sus socios, así como defender sus derechos e intereses.

b) Estén inscritas en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco.

c) Que estén interesadas en los fines perseguidos por la Federación.

Artículo 28.- Quienes deseen pertenecer a la Federación, lo solicitarán por escrito avalado por dos miembros y dirigido al Presidente/a, quien, dará cuenta a la Junta Directiva, que resolverá sobre la admisión o inadmisión, pudiéndose recurrir en alzada ante la Asamblea General. Deberán presentar los siguientes documentos:

a) Copia de los Estatutos por los que se rige la entidad.

b) Certificación del organismo competente, acreditativa de la inscripción en el Registro de Asociaciones.

c) Certificación del acuerdo donde conste la voluntad de asociarse y de cumplir los estatutos de la Federación.

DERECHOS Y DEBERES DE LAS ASOCIACIONES

Artículo 29.- Toda asociación miembro tiene derecho a:

1) Impugnar los acuerdos y actuaciones contrarios a la Ley de Asociaciones o a los Estatutos, dentro del plazo de cuarenta días naturales, contados a partir de aquél en que el/la demandante hubiera conocido, o tenido oportunidad de conocer, el contenido del acuerdo impugnado.
2) A ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno y representación de la federación, de su estado de cuentas y del desarrollo de su actividad.
3) Conocer, en cualquier momento, la identidad de los/las demás miembros de la Federación, el estado de cuentas de ingresos y gastos, y el desarrollo de la actividad de ésta, en los términos previstos en la normativa de protección de datos de carácter personal.
4) Ser convocado/a a las asambleas generales, asistir a ellas y ejercitar el derecho de voz y voto en las Asambleas Generales, pudiendo conferir, a tal efecto, su representación a otros/as miembros.
5) Participar, de acuerdo con los presentes Estatutos, en los órganos de dirección de la Federación, siendo elector/a y elegible para los mismos.
6) Figurar en el fichero de Socios/as previsto en la legislación vigente, y hacer uso del emblema de la Federación, si lo hubiere.
7) Poseer un ejemplar de los Estatutos y del Reglamento de Régimen Interior si lo hubiere, y presentar solicitudes y quejas ante los órganos directivos.
8) Participar en los actos sociales colectivos, y disfrutar de los elementos destinados a uso común de los/as socios/as (local social, bibliotecas, etc.).
9) Ser oído/a por escrito, con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias, e informado/a de las causas que motiven aquéllas, que sólo podrán fundarse en el incumplimiento de sus deberes como socios/as.
10) Darse de baja en cualquier momento, sin perjuicio de los compromisos adquiridos pendientes de cumplimiento.

Artículo 30.- Toda Asociación miembro tiene el deber de:

a) Compartir las finalidades de la federación y colaborar en su consecución.
b) Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los estatutos, puedan corresponder a cada Asociación miembro.
c) Cumplir el resto de las obligaciones que resulten de los estatutos.
d) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno de la federación.

PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE ASOCIADA

Artículo 31.- La condición de asociada se perderá en los casos siguientes:

1. Por disolución de la federación.
2. Por separación voluntaria.
3. Por separación por sanción, cuando se den algunas de las siguientes circunstancias: incumplimiento grave, reiterado y deliberado, de los deberes emanados de los presentes Estatutos, o, de los acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea General o Junta Directiva.

RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 32.- Las asociadas podrán ser sancionadas por la Junta Directiva por infringir reiteradamente los Estatutos, o, los acuerdos de la Asamblea General o de la Junta Directiva.

Las sanciones pueden comprender desde la suspensión de los derechos, de 15 días a un mes, hasta la separación definitiva, en los términos previstos en los siguientes artículos.

A tales efectos, la Presidencia podrá acordar la apertura de una investigación para que se aclaren aquellas conductas que puedan ser sancionables. Las actuaciones se llevarán a cabo por la Secretaría, como órgano instructor, que propondrá a la Junta Directiva la adopción de las medidas oportunas.

La imposición de sanciones será facultad de la Junta Directiva, sin la participación del Secretario/a (por ser órgano instructor), y deberá ir precedida de la audiencia de la persona interesada. Contra dicho acuerdo, que será siempre motivado, podrá recurrirse ante la Asamblea General.

Artículo 33.- En caso de incurrir una asociada en una presunta causa de separación de la federación, por un incumplimiento grave, reiterado y deliberado de los deberes emanados de los presentes Estatutos, o, de los acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea General o Junta Directiva; la Presidencia podrá ordenar a la Secretaría la práctica de determinadas diligencias previas, al objeto de obtener la oportuna información, a la vista de la cual, la Presidencia podrá mandar archivar las actuaciones o incoar expediente sancionador de separación.

Artículo 34.- Si se incoara expediente sancionador de separación, el/la Secretario/a, previa comprobación de los hechos, remitirá a la persona interesada un escrito en el que se pondrán de manifiesto los cargos que se le imputan, a los que podrá contestar alegando en su defensa lo que estime oportuno en el plazo de quince días, transcurridos los cuales, en todo caso, se incluirá este asunto en el Orden del día de la primera sesión de la Junta Directiva, la cual acordará lo que proceda, sin el voto del Secretario, que ha actuado como instructor del expediente.

El acuerdo de separación será notificado a la persona interesada, comunicándole que, contra el mismo, podrá presentar recurso ante la primera Asamblea General Extraordinaria que se celebre, que, de no convocarse en tres meses, deberá serlo a tales efectos exclusivamente. Mientras tanto, la Junta Directiva podrá acordar que la persona inculpada sea suspendida en sus derechos como socio/a y, si formara parte de la Junta Directiva, deberá decretar la suspensión en el ejercicio del cargo.

En el supuesto de que el expediente de separación se eleve a la Asamblea General, el/la Secretario/a redactará un resumen de aquél, a fin de que la Junta Directiva pueda dar cuenta a la Asamblea General del escrito presentado por la persona inculpada, e informar debidamente de los hechos para que la Asamblea pueda adoptar el correspondiente acuerdo.

Artículo 35.- El acuerdo de separación, que será siempre motivado, deberá ser comunicado a la persona interesada, pudiendo ésta recurrir a los Tribunales en ejercicio del derecho que le corresponde, cuando estimare que aquél es contrario a la Ley o a los Estatutos.

Artículo 36.- Al comunicar a una asociada su separación de la Federación, ya sea con carácter voluntario o como consecuencia de sanción, se le requerirá para que cumpla con las obligaciones que tenga pendientes para con aquélla, en su caso.

CAPÍTULO CUARTO

PATRIMONIO FUNDACIONAL Y RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 37.- El patrimonio inicial de la Federación ascendía a 542 de euros.

Artículo 38.- Los recursos económicos previstos por la Federación para el desarrollo de las actividades sociales, serán los siguientes:

a) Las cuotas de entrada.
b) Las cuotas anuales que apruebe la Junta Directiva o la Asamblea General, que deberá ser satisfecha por cada Asociación con relación al número de socios que integran cada una de ellas.
A tal efecto, el Secretario de cada Asociación, dentro del primer mes de cada año natural, emitirá certificación del número de socios socios con que cuenta la respectiva Asociación, regularizando la situación al finalizae cada ejercicio económico.
El pago de la cuota anual será determinado por la Asamblea general.

c) Los productos de los bienes y derechos que le correspondan, así como las subvenciones, legados y donaciones que pueda recibir en forma legal.
d) Los ingresos que obtenga la Federación mediante las actividades lícitas que acuerde realizar la Junta Directiva, siempre dentro de los fines estatutarios.

El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el 31 de diciembre de cada año.

Los beneficios obtenidos por la Federación, derivados del ejercicio de actividades económicas, incluidas las prestaciones de servicios, deberán destinarse, exclusivamente, al cumplimiento de sus fines, sin que quepa en ningún caso su reparto entre los asociados ni entre sus cónyuges o personas que convivan con aquéllos con análoga relación de afectividad, ni entre sus parientes, ni su cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con interés lucrativo.

CAPÍTULO QUINTO

DE LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

Artículo 39.- La modificación de los Estatutos habrá de acordarse en Asamblea General extraordinaria de asociadas convocada específicamente con tal objeto. La Junta Directiva designará una Ponencia formada por tres personas socias, a fin de que redacte el proyecto de modificación, siguiendo las directrices impartidas por aquélla, la cuál fijará el plazo en el que tal proyecto deberá estar terminado.

Artículo 40.- Una vez redactado el proyecto de modificación en el plazo señalado, el/la Presidente lo incluirá en el Orden del Día de la primera Junta Directiva que se celebre, la cuál lo aprobará o, en su caso, lo devolverá a la Ponencia para nuevo estudio.

En el supuesto de que fuera aprobado, la Junta Directiva acordará incluirlo en el Orden del Día de la próxima Asamblea General que se celebre, o acordará convocarla a tales efectos.

Artículo 41.- A la convocatoria de la Asamblea se acompañará el texto de la modificación de Estatutos, a fin de que los socios/as puedan dirigir a la Secretaría las enmiendas que estimen oportunas, de las cuáles se dará cuenta a la Asamblea General, siempre y cuándo estén en poder de la Secretaría con ocho días de antelación a la celebración de la sesión.

Las enmiendas podrán ser formuladas individualmente o colectivamente, se harán por escrito y contendrán la alternativa de otro texto. Tras la votación de las enmiendas, la Asamblea General adoptará el Acuerdo de modificación estatutaria, el cual sólo producirá efectos ante terceros desde que se haya procedido a su inscripción en el Registro General de Asociaciones.

CAPÍTULO SEXTO

DE LA DISOLUCIÓN DE LAS FEDERACIONES Y APLICACIÓN DEL PATRIMONIO SOCIAL

Artículo 42.- La Federación se disolverá:

1. Por voluntad de las Asociadas, expresada en Asamblea General extraordinaria convocada al efecto.
2. El cumplimiento del plazo o condición fijados en los estatutos.
3. La absorción o fusión con otras Federaciones.
4. La falta del número mínimo de personas asociadas legalmente establecido.
5. Por sentencia judicial firme que se acuerda la disolución.
6. La imposibilidad de cumplimiento de los fines sociales.

Artículo 43.- En caso de disolverse la Federación, la Asamblea General extraordinaria que acuerde la disolución, nombrará una Comisión Liquidadora, compuesta por 4 personas miembros extraídas de la Junta Directiva, la cuál se hará cargo de los fondos que existan.

Una vez satisfechas las obligaciones sociales frente a los/las socios/as y frente a terceras personas, el patrimonio social sobrante, si lo hubiere, será entregado a una entidad sin ánimo de lucro o para fines sin ánimo de lucro.

DISPOSICIÓN FINAL

La Asamblea General podrá aprobar un Reglamento de Régimen Interior, como desarrollo de los presentes Estatutos, que no alterará, en ningún caso, las prescripciones contenidas en los mismos.

Situación de los jubilados que han cumplido 80 años antes de agosto de 2017

Situación de los jubilados que han cumplido 80 años antes de agosto de 2017
Estamos en un país en el que existen tres poderes, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.
El Legislativo con la Ley de la Seguridad Social de 1966 previno la posibilidad de jubilación anticipada con coeficientes reductores. (Aunque la ley no lo dice se supone jubilación anticipada voluntaria)
El Ejecutivo aplicó esta Ley, también a las Jubilaciones anticipadas forzosas.
Según explicaciones dadas en el Congreso de los Diputados, ”Estos coeficientes no se concibieron con el objetivo de penalizar o generar un quebranto económico al trabajador afectado.”
Veamos si aplicando aquellos coeficientes se cumple este criterio. (Se compara la situación de jubilados cque han cumplido 80 años el1/1/2017 por facilidad de cálculo.)

Nota : Los cálculos en los casos de jubilación anticipada se han hecho suponiendo una Base Reguladora de 1050 € el 01/01/2016. La segunda cifra del coeficiente aplicado es la que resulta de los aumentos de 63, 54, 45, 36, y 18 euros que se aplicaron a partir de esa fecha.
Con Bases Reguladoras más alta las diferencias son mayores.
Vemos que el criterio no se cumple ni de lejos. La situación en especial de los jubilados con 60 años es totalmente injusta ¿No debería, en este caso, intervenir el tercer poder, “el Judicial”.?
Su labor es aplicar la Justicia, por lo menos eso dice el título de las sedes donde ejercen su labor, “PALACIO DE JUSTICIA”
Xanti Mugica. Oiartzun 11/12/2017

GARANTIZAR LAS PENSIONES PÚBLICAS

Bilbao 20-12-2017

REFLEXIÓN-DENUNCIA SUSCRITA POR LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES:
ANAAP ( NAVARRA ), FEVAAS ( GIPUZKOA ), GEPE ( GIPUZKOA ) , PENSIONISTAS CC.00 DE EUSKADI, PENSIONISTAS U.G.T.( ARABA),PENSIONISTAS U.S.O. (ARABA), POR UNA VIDA DIGNA-BIZITZA DUINAREN ALDE ( ARABA ) ”

GARANTIZAR LAS PENSIONES PÚBLICAS

El sistema de la Seguridad Social es el instrumento principal de garantía de rentas con el que cuenta nuestro Estado de Bienestar y es, por tanto, uno de pilares más sólidos de la Protección Social. Su mantenimiento, alcance universal y su suficiencia deben constituir los principios rectores de la política social y económica.
Además, nuestro Sistema Público de Pensiones, basado en los principios de contributividad, equidad y solidaridad que le caracterizan como de reparto, constituye el programa de rentas públicas con mayor potencia distributiva.
Las pensiones públicas, y en especial la pensión de jubilación, revisten una importancia medular para la cohesión social.

El sistema público de pensiones se enfrenta a dos retos fundamentales, de unlado, en el corto plazo, la suficiencia de las prestaciones y cómo garantizar su revalorización, de modo que los pensionistas mantengan el poder adquisitivo de sus pensiones y, de otro, en el medio y largo plazo, cómo garantizar la sostenibilidad del sistema, su viabilidad financiera.

Está claro que tener unas pensiones públicas que garanticen unas coberturas dignas y suficientes, es una opción política que se concreta en el grado de solidaridad que quiere asumir un País. En definitiva, se trata de acordar la cantidad de riqueza del país que se estima justo, necesario y suficiente destinar al pago de pensiones dignas y suficientes.
Dicho de otra manera, las pensiones públicas y la protección social son, y deben seguir siendo, una cuestión de Estado, de voluntad política y no una cuestión de mercado.

A) El derecho a las pensiones es un derecho constitucional
Nuestro sistema público de pensiones no es una concesión gratuita de nadie. Muy al contrario, es una parte esencial del Estado de Bienestar y un derecho de ciudadanía regulado en los Artículos 41 y 50 de la Constitución. El artículo 41 establece que “los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”.
El artículo 50 dice: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”.

B) El doble reto de la sostenibilidad y la suficiencia
Empecemos por decir que el sistema de pensiones es sostenible. La sostenibilidad de un sistema de pensiones público no es sólo un problema técnico o económico es, sobre todo, un problema político. Desde esta perspectiva, podemos afirmar que las pensiones actuales y futuras si son sostenibles.
Con el crecimiento que ha experimentando la economía, hemos superado el nivel de riqueza que teníamos antes del inicio de la crisis y, sin embargo, con mayor riqueza, los salarios son más bajos, la remuneración media real es un 6,6% inferior a la de hace ocho años y la de los salarios más bajo llegan al 10%; hay trabajadores pobres; más precariedad; las pensiones son más bajas y han perdido en el mismo período un 2,15% de poder adquisitivo; las coberturas de desempleo se han reducido en cantidad y calidad; han crecido las pobreza y también la tasa de riesgo de pobreza y la reducción de las prestaciones por dependencia es muy evidente.
Estamos por tanto, ante una clara polarización social, con mayor exclusión social y gran desigualdad. Pero, como se puede constatar, el problema no es la falta de riqueza sino su injusta distribución. Ha crecido la riqueza pero también su acumulación.
Aunque resulta complicado ponerse de acuerdo en el concepto de suficiencia que establece la Constitución para nuestras pensiones, por ser un concepto impreciso y subjetivo, cualquier reforma de las pensiones debe estar sujeta a los límites que establece la Constitución, desde la idea de que el concepto de sostenibilidad nunca debe de situarse por delante del concepto de suficiencia. Los poderes públicos están obligados a asegurar la financiación que demanda el sistema, buscando las fuentes de ingresos que se precisan para cumplir el mandato constitucional de garantizar pensiones suficientes, debiendo convenir que debe entenderse por pensiones suficientes.

Nuestro sistema de pensiones tiene dos retos diferentes, de distinta naturaleza, que requieren una respuesta diferente:

Un reto serio pero coyuntural. Es derivado de la crisis que ha destruido mucho empleo y ha rebajado la relación entre activos / pasivos a 2,25 en Septiembre de 2017. El número de pensionistas está por encima de los 8,66 millones. El número de pensiones supera los 9,5 millones. Los afiliados activos a la Seguridad Social son 18,4 millones a la misma fecha, siendo el resto de cotizantes trabajadores desempleados (en torno a 1.066.000 personas).

La crisis ha tenido efectos muy negativos para los ingresos del sistema: por la devaluación salarial, por el aumento de la precariedad en el empleo (más temporalidad y más trabajo a tiempo parcial) o por las bonificaciones en las cotizaciones a la seguridad social y la tarifa plana.

Un segundo reto más estructural. Viene derivado del gran contingente de personas que pasarán a ser pensionistas en el futuro. Es una situación conocida y previsible por la entrada en el sistema de las generaciones más numerosas de nuestra historia, los nacidos en la época de Baby Boom de los años 60. Llegaremos a más 15,2 millones a mediados de siglo. Las entradas de pensionistas comenzarán a remitir a partir de la última parte de la década del 2050, por el descenso de las tasas de natalidad que se han producido en los últimos años, dando un alivio al sistema.

Mantener nuestro actual modelo de jubilación coincidiendo con el momento de mayor exigencia demográfica, supone elevar nuestro gasto en pensiones a un 14 – 15% del PIB, ahora gastamos el 10,4%. Un reto importante pero perfectamente asumible.

Además, seguirá aumentando la esperanza de vida por lo que, en un futuro próximo, habrá que pagar las pensiones durante más tiempo. Por otra parte, hay que tener presente que las nuevas pensiones tendrán un importe superior a las antiguas.

Por tanto, en el futuro nos tenemos que enfrentar a los siguientes retos:

Pagar mayor número de pensiones.
Pagar pensiones durante más tiempo.
Pagar pensiones de mayores cuantías.
Todo ello va a requerir de una serena valoración de la evolución de las pensiones para acordar las medidas que se precisan para garantizar la sostenibilidad del sistema y para que, además, siga siendo el eje fundamental de nuestro estado de bienestar. La adaptabilidad de nuestro sistema de pensiones es la mejor garantía de su viabilidad.

C) Hay alternativas ante los verdaderos retos de las pensiones frente a las políticas de recortes
Hay que abordar la situación del sistema público de pensiones, proponiendo medidas que garanticen las pensiones actuales y futuras, pero el Gobierno, lejos de hacerlo, no acierta ni en el diagnóstico de la situación ni en las soluciones que plantea.
Hay medidas alternativas a las políticas de austeridad que, como el cambio de la fórmula de revalorización de las pensiones o el factor de sostenibilidad, viene aplicando el Gobierno y que consideramos deben ser derogadas. Son medidas que garantizan la sostenibilidad de las pensiones públicas, sin necesidad de recurrir al recorte de las mismas ni al consumo anticipado del Fondo de Reserva, que se creó para hacer frente a los problemas estructurales del sistema.

D) Es imprescindible la mejora de ingresos garantizando una financiación adicional estable, sostenible y suficiente
España está 3 puntos por debajo de la media europea y más de 4 puntos de los países de nuestro entorno en gasto en pensiones en relación con el PIB.
Las medidas que se adopten no se pueden centrar únicamente en la reducción del gasto, sin tener en cuenta que la reducción del déficit se produce también con el incremento de los ingresos.
Las medidas de mejora de ingresosen el medio y largo plazo contribuyen a incorporar una fuente sostenida de ingresos adicionales a las cotizaciones sociales que optimizarán la financiación del sistema, de modo que se garantice su sostenibilidad y, además, el mantenimiento del pacto intergeneracional que está en su base.

El sistema de pensiones atraviesa un momento crítico ya que están tratando de convertirlo en un sistema de cobertura asistencial para poder potenciar los sistemas privados de pensiones. La Comisión Europea reconoce que el efecto de las Reformas de 2013, supondrá que la tasa de reemplazo de las pensiones (equivalencia entre pensión/último salario) puede perder cerca de 30 puntos porcentuales entre 2013 y 2060 (pasando del 79% actual al 48,6%). Si demoramos la derogación las medidas contenidas en las reformas unilaterales, la probabilidad de tender a esa situación es elevada.

Con cotizaciones sociales como las de hoy de hoy no se van a poder pagar las pensiones como las actuales. Por tanto, , parte de las pensiones contributivas se van a tener que financiar con impuestos, lo que obligará poner en marcha políticas fiscales justas y progresivas que garanticen el principio de suficiencia para pagar las pensiones. Por eso, la política fiscal es otro elemento central de la acción política, para asegurar la viabilidad de las pensiones.

Sin duda, la fuente de financiación que mejor puede garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones pasa por la creación de más empleo y que, además, sea de calidad, poniendo en marcha políticas que garanticen la recuperación del empleo perdido durante la crisis, Entre tanto, hay que adoptar otras medidas, entre ellas:
1.-Destope de las Bases Máximas de Cotización. Su aplicación podría realizarse de forma progresiva en un plazo de 2 ó 3 años. Supondría unos ingresos de unos 7.500 millones de € /año.
2.-Incremento del SMI de forma paulatina hasta el 60% del salario medio, 981,60,- €/mes, lo que supondría una Base de cotización mínima de 1.145,20 euros/mes, con la correspondiente repercusión en la mejora de los ingresos del sistema.
3.- Equiparación de las bases medias de cotización del Régimen General de la Seguridad Social y del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Con esta medida los ingresos por cotizaciones del sistema se incrementarán en unos 7.000 millones de euros anuales.
4.- Lucha decidida y eficiente contra la economía sumergida.El mero hecho de establecer políticas de inspección que hiciesen aflorar un tercio de la economía sumergida que se calcula en nuestro país, supondría aflorar economía productiva por un importe cercano al 6,5% del PIB que, en términos de recaudación a la Seguridad Social, supondría un incremento de las cotizaciones sociales del entorno a 6.300 millones de euros anuales.

5.-Son muy necesarias actuaciones contra la proliferación de falsos autónomos, 210.000 según la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos con un coste para la Seguridad Social de 562 millones de €/año, así como contra el fraude y la evasión fiscal.

E) Otras medidas que es necesario abordar
1.- El Estado ha de asumirlos gastos de administración de la Seguridad Social, como ocurre con el resto de las Administraciones Públicas. Esta medida supondría un ahorro de 3.825 millones, entre los salarios del personal (2.357 millones de euros) y los gastos corrientes (1.466 millones de euros).
2.-Para evitar una merma de los ingresos, un gasto de 3.342 millones de euros está previsto en los presupuestos del año 2017,las políticas activas de empleo no deben financiarse mediante reducción de cuotas sociales o a través de las tarifas planas en el caso del autoempleo, sino mediante subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Deberían de reintegrarse las cuantías dejadas de percibir desde el año 2013 al año 2016 y que superan los 6.100 millones de euros.
3.- Reclamamos que las necesidades de financiación que resulten precisas para garantizar las pensiones, se cubran con aportaciones directas del Estado y no en concepto de préstamo. Todas las pensiones deben seguir teniendo naturaleza contributiva y permanecer dentro del Sistema de la Seguridad Social.
4.- Restituir la fórmula de utilización del Fondo de Reserva prevista en la Ley 28/2003, para evitar su consumo anticipado.

5.-Devolver las cotizaciones a los perceptores de subsidios para mayores de 52 años (ahora 55) por el 125% del SMI (Ahora 100% del SMI).

6.-Restituir las cotizaciones a las personas cuidadoras familiares de personas dependientes.

7.-Incrementar los tipos de cotización de los contratos temporales de corta duración.

F) Derogar el Factor de sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las pensiones
Sobre el factor de sostenibilidad
De forma unilateral con la aprobación de la Ley 23/2013, se introdujo un nuevo factor de sostenibilidad que recortará la pensión inicial en función de la evolución de la esperanza de vida: a mayor esperanza de vida mayor recorte de la pensión inicial. Si la esperanza de vida evoluciona de acuerdo con las previsiones actuales (pasar de 85,8 años en 2012 a 89,8 años en 2060), la pensión inicial pasará de ser 100 en 2018 a ser 82 en 2060.
Características del Factor de sostenibilidad:

• Se aplicará a partir del año 2019 para los nuevos pensionistas.

• Es un índice que formará parte, como un elemento adicional y automático, de la fórmula actual utilizada para el cálculo de la pensión.

• Son preocupantes los efectos de la automaticidad de la aplicación de este factor, basado exclusivamente en la evolución de la esperanza de vida, especialmente teniendo en cuenta que se trata de determinar un elemento, la cuantía inicial de la pensión, asunto de especial trascendencia.

• Es necesario tener en cuenta otras variables que tienen una incidencia positiva
sobre los ingresos como el empleo, la actividad económica o la participación laboral como ocurre en otros países de nuestro entorno.

El factor de sostenibilidad aprobado por el Gobierno a propuesta de los “expertos”, no sólo era innecesario, sino que, visto la ausencia de argumentos que justifiquen la medida, demuestra que la intención final, como ya hemos señalado, no es salvaguardar el sistema público de pensiones, sino el de aprovechar, como tantas veces, la coyuntura de la crisis para aplicar recortes y modificar el modelo social.

Por otra parte, su objetivo es el de fomentar los sistemas privados de pensiones al que sólo tiene acceso las rentas más altas, quedándose fuera los que tienen rentas bajas que son los que conforman el núcleo más vulnerable de los asalariados y asalariadas.Sería necesario eliminar las ayudas fiscales a la contratación de Sistemas Privados de Pensiones Individuales.
El resultado es más que evidente, una sociedad más rica, como será la nuestra dentro de veinte o treinta años, va a pagar a sus jubilados pensiones más bajas, excluyéndoles del reparto de la riqueza generada y, por tanto, rompiendo los principios de equidad y cohesión social.
Sobre el Índice de Revalorización de las Pensiones
• Es lamentable que una medida, tan relevante como es la de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, con grandes efectos para las actuales y futuras generaciones de pensionistas, se hayan adoptado de forma unilateral y sin acuerdo previo en el Pacto de Toledo ni con los agentes sociales.

• La asociaciones de pensionistas y otros colectivos en defensa de los derechos de las personas más vulnerables de la sociedad, consideramos que la Recomendación Segunda del Pacto de Toledo “La Comisión, como ha venido haciendo en el pasado, defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, su garantía por ley y su preservación mediante la adopción de medidas encaminadas a asegurar el equilibrio financiero del sistema de pensiones en el futuro”, no se consigue con la formulación del Índice de Revalorización que se propone.

• Con este índice, que busca ser un mecanismo automático que permita la adecuación de las cuentas públicas de la Seguridad Social, se produce una pérdida del poder adquisitivo de las pensiones en contextos de crisis como el actual, que no llegaría a recuperarse. Recientemente el AIREF, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), ha confirmado que las pensiones, en los próximos años, tendrán tan solo un incremento del 0,25%, que contrastará con una inflación al alza. La propia AIREF calcula que esta situación supondrá una pérdida de poder adquisitivo del 7% en los próximos 5 años de aplicación de la fórmula impuesta de forma unilateral por al Gobierno el año 2013. Durante el período de esperanza de vida medio de un pensionista, en torno a 20 años, puede acumularse una pérdida de poder adquisitivo de la pensión en torno al 25%.

• La mayor parte de los determinantes de la fórmula de revalorización, se basan en estimaciones y previsiones de múltiples variables en el largo plazo, que además de estar sujetas a un alto grado de incertidumbre, muestran margen de error.

Si se permite la consolidación de una pérdida de poder adquisitivo como la que ya reconocen las instituciones oficiales, será imposible de recuperar para esta generación de pensionistas. Por ellos solicitamos la derogación de este sistema y garantizar el poder adquisitivo de las pensiones en relación con el IPC real de cada año.

G) Ninguna pensión por debajo del umbral de la pobreza

En torno al 50% de las pensiones contributivas se sitúan por debajo de los 650,-€ mensuales y el 25,6%de las pensiones (12,3% en Euskadi), tienen complemento por mínimo al no alcanzar la cuantía mínima del sistema. En más de 4 millones de hogares en España la principal fuente de ingresos es una pensión.

Solicitamos que la pensión mínima sea igual al Salario Mínimo Interprofesional que, de acuerdo con la recomendación de la Carta Social Europea, en esta legislatura debería situarseen el 60% del salario medio, es decir, 1.164,60 € mensuales en Euskadi en cifras del año 2017.

H) Algunas conclusiones
Con las reformas unilaterales realizadas por el Gobierno a partir del año 2013, las nuevas pensiones son cada vez más bajas. Por tanto, si el sistema de pensiones se queda sin adoptar medidas que modifiquen su situación actual, ha provocado y seguirá provocando, la existencia de más pensionistas pobres.

El crecimiento económico no resuelve por sí solo los problemas de cohesión social y desigualdad si no se establecen políticas públicas redistributivas de la riqueza. La economía está creciendo, de hecho ya tenemos más riqueza que en los momentos anteriores a la crisis, pero se han incrementado las desigualdades y la pobreza.

El Gobierno, con la Reforma de la Negociación Colectiva, la Reforma Laboral y las medidas unilaterales en materia de pensiones, ha desactivado los instrumentos más efectivos de distribución de la riqueza que son el empleo digno y con derechos, la protección social donde no llega el empleo y la negociación colectiva para trabajadores y trabajadoras en activo.

JUBILADOS ANTES DE LA LEYJ 24/1997 DE 15 DE JULIO

JUBILADOS ANTES DE LA LEYJ 24/1997 DE 15 DE JULIO
ENCUADRAMIENTO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
La Disposición Transitoria Primera .9 de la Orden de 18 de Enero de 1.967, señalaba , “ Los actuales cotizantes al Mutualismo Laboral que el día 1 de enero de 1967 tengan cumplidos los cincuenta años de edad podrán causar el derecho a la pensión de vejez a partir de los sesenta años. En tal caso el porcentaje de la pensión que en el nuevo Régimen le correspondería, de acuerdo con los años de cotización, experimentará la disminución resultante de aplicarle la siguiente escala de coeficientes reductores:
A los sesenta años 0,60
A los sesenta y un años 0,68
A los sesenta y dos años 0,76
A los sesenta y tres años 0,84
A los sesenta y cuatro años 0,92 “
Como bien señalas, aquí no se habla de jubilados forzosos, “ …podrán causar el derecho …”, no contemplándose ni una obligatoriedad de jubilación, ni la posibilidad de que uno pueda ser compelido al cese en el trabajo por cumplimiento de determinada edad.
Posteriormente el número 9 de la disposición transitoria primera citada, en la nueva redacción proveniente del artículo único de la Orden de 17 de septiembre de 1976, con vigencia desde el 1 de enero 1977, señala que “ Los trabajadores que hubieran tenido la condición de mutualistas en cualquier Mutualidad Laboral de Trabajadores por cuenta ajena en 1 de enero de 1967, o en cualquier otra fecha con anterioridad, podrán causar derecho a la pensión de jubilación a partir de los sesenta años. En tal caso el porcentaje de la pensión que en el nuevo Régimen le correspondería, de acuerdo con los años de cotización, experimentará la disminución resultante de aplicarle la siguiente escala de coeficientes reductores “, volviendo a repetir la misma tabla que ante hemos señalado.
La única diferencia que observamos es que así como en el año 1.967, se hablaba en tiempo presente, “ los actuales cotizantes”, y se exigía tener cumplidos los cincuenta años de edad, ahora la norma que mantiene el derecho a jubilarse anticipadamente, habla en presente,” los trabajadores “, haciendo referencia a un tiempo en pasado de los mismos “ que hubieran tenido la condición de mutualistas “ en fecha 1 de Enero de 1.967; pero sigue sin hacer referencia a ninguna obligatoriedad.
Avanzando en el tiempo, la Ley 8/1980, de 10 de marzo, supone el nacimiento del Estatuto de los Trabajadores que contempla una Disposición Adicional, entonces Quinta, muy controvertida desde un primer momento, cuyo texto era el siguiente:
«La capacidad para trabajar, así como la extinción de los contratos de trabajo, tendrán el límite máximo de edad que fije el Gobierno en función de las disponibilidades de la Seguridad Social y del mercado de trabajo. De cualquier modo, la edad máxima será la de sesenta y nueve años, sin perjuicio de puedan completarse los períodos de carencia para la jubilación.
En la negociación colectiva podrán pactarse libremente edades de jubilación, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de Seguridad Social a estos efectos».
Tres notas se han de destacar de la citada Disposición Adicional:
a) Fijación de una edad máxima para trabajar de 69 años, pero sin perjuicio de que puedan completarse los períodos de carencia para jubilación. Ha de entenderse que referido a los períodos mínimos que darán lugar también a una pensión menor.
b) Posibilidad de pactarse libremente edades de jubilación a través del convenio colectivo
c) Muy importante, la salvaguarda de que lo que se pacte no vaya en perjuicio de lo dispuesto en materia de Seguridad Social.
La inmediata aplicación de la disposición adicional, puso en marcha el proceso que daría lugar a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de julio de 1981, que resolvió la cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Magistratura de Trabajo número 9 de las de Madrid, y cuyo fallo determinó que: «es inconstitucional la disposición adiciona quinta del Estatuto de los Trabajadores, interpretada como norma que establece la incapacidad para trabajar a los sesenta y nueve años y de forma directa e incondicionada la extinción de la relación laboral a esa edad»
La refundición operada en el Estatuto de los Trabajadores por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, cambió la numeración de la referida disposición adicional, pasando a ser la adicional décima, y redimensionó su contenido con el siguiente texto:
«Límite máximo de edad para trabajar.
Dentro de los límites y condiciones fijados por este precepto, la jubilación forzosa podrá ser utilizada como instrumento para realizar una política de empleo. La capacidad para trabajar, así como la extinción de los contratos de trabajo, tendrá el límite máximo de edad que fije el Gobierno en función de las disponibilidades de la Seguridad Social y del mercado de trabajo, sin perjuicio de que puedan completarse los períodos de carencia para la jubilación.
En la negociación colectiva podrán pactarse libremente edades de jubilación sin perjuicio de lo dispuesto en materia de Seguridad Social a estos efectos.»
En definitiva se mantenía la posibilidad de utilizar la negociación colectiva para pactar edades de jubilación a la par que se mantenía la salvaguardia de no interferir en perjuicio de lo dispuesto en materia de Seguridad Social. Pero claro, ambos deseos, de una parte pueden entrar en conflicto entre si y de otra, ambos conjuntamente pueden interferir en un derecho no disponible para el trabajador, cuál es su facultad de jubilarse, pues nótese que se habla de jubilación forzosa .
La sentencia 58/1985, del Tribunal Constitucional pretende poner luz al respecto, con una afirmación tajante y contundente: «Es indudable que el precepto legal no pretende únicamente atribuir a la negociación colectiva la facultad de facilitar la jubilación voluntaria a través de una regulación promocional que no era preciso autorizar, pues nunca había sido negada y era frecuentemente ejercitada, sino superar el precedente obstáculo legal convirtiendo en disponible por la negociación colectiva un derecho que con anterioridad no lo era» (FJ 1, párrafo 3 in fine).
De ello deriva que la facultad no es inherente u originaria, sino por habilitación expresa y sometida a ella.
El Tribunal afirma nuevamente con rotundidad: «Nuestro cometido se circunscribe a determinar la validez constitucional del párrafo segundo de la disposición adicional quinta del Estatuto de los Trabajadores, entendida como norma que posibilita a la negociación colectiva a fijar una edad de jubilación obligatoria». (FJ 5, párrafo primero in fine).
El Tribunal Constitucional, como hemos visto, también advierte del tránsito de lo indisponible a lo disponible, pero, además, enmarca claramente los términos en que se configura la disponibilidad al afirmar: «… siendo la Ley, en este caso (disp. ad.), la que determina el ámbito de actuación de la negociación colectiva…».
En el marco señalado aparece la ahora Disposición Adicional Décima del Estatuto de los Trabajadores, que tiene su origen en el nuevo Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores de Marzo de 1.995, que fija el límite máximo de edad para trabajar, señalando que:
“ Dentro de los límites y condiciones fijados en este precepto, la jubilación forzosa podrá ser utilizada como instrumento para realizar una política de empleo.
La capacidad para trabajar, así como la extinción de los contratos de trabajo, tendrá el límite máximo de edad que fije el Gobierno en función de las disponibilidades de la Seguridad Social y del mercado de trabajo, sin perjuicio de que puedan completarse los períodos de carencia para la jubilación.
En la negociación colectiva podrán pactarse libremente edades de jubilación sin perjuicio de lo dispuesto en materia de Seguridad Social a estos efectos.”
Una cuestión a aclarar, tras las facultades vistas en la Disposición Adicional décima a partir de 1.995, en el caso de que la jubilación forzosa produjera algún impacto en la esfera de la Seguridad Social pública y obligatoria, es la de cómo conciliar esto con lo de que no haya perjuicio de lo dispuesto en materia de seguridad Social
Hay que recordar, como doctrina consolidada, que la seguridad social pública, mínima y obligatoria queda excluida de los convenios colectivos, como materia constituida por un ordenamiento público completo y cerrado en sí mismo .
Hay que explicar lo que puede parecer obvio. No es lo mismo, el derecho a la jubilación a partir de una determinada edad, que la jubilación forzosa al cumplir una determinada edad y claro está, el pactar libremente la edad de de jubilación a través de la negociación colectiva, supone una jubilación obligada para el trabajador singular afectado por el acuerdo colectivo. De otra parte la obligatoriedad provoca, que la Seguridad Social asuma el coste de la pensión y de su revalorización a partir de una fecha cierta.
Es indubitado, que el pacto sobre jubilaciones forzosas no sólo impacta sobre una ordenación jurídica no disponible (LGSS, art. 39), sino que produce efectos a terceros, cuestión también vedada al ir implícita en la prohibición de la LGSS, artículo 39.2.
“Artículo 39. Mejoras voluntarias.
1. La modalidad contributiva de la acción protectora que el sistema de la Seguridad Social otorga a las personas comprendidas en el apartado 1 del artículo 7 de la presente Ley, podrá ser mejorada voluntariamente en la forma y condiciones que se establezcan en las normas reguladoras del Régimen General y de los Regímenes Especiales.
2. Sin otra excepción que el establecimiento de mejoras voluntarias, conforme a lo previsto en el número anterior, la Seguridad Social no podrá ser objeto de contratación “
También el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la materia, entre otras en la Sentencia 187/1994, de 26 de julio. Así, en el párrafo tercero del Fundamento Jurídico Tercero se afirma con rotundidad: «… el convenio colectivo, encaminado a regular las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores, tanto por su naturaleza como por su función, carecía de aptitud para alterar el alcance y el contenido de relaciones ajenas a la de trabajo como lo sería la de Seguridad Social-… creando obligaciones de naturaleza pública, por ende, y condicionando el obrar y la responsabilidad de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, tercero respecto de las partes negociadoras del pacto en el marco de nuestro ordenamiento actual y pasado, no podía hallar amparo más que en la propia Ley …»
Se podría argumentar que existen otras formas de impactar indirectamente el Sistema ( fuera de los supuestos legalmente previstos por la propia normativa de seguridad social, jubilación anticipada a los 64 años y jubilación parcial) desde la negociación colectiva, pero en estos casos, estamos ante dos posibilidades legalmente previstas, y, sobre todo, tienen como receptor del beneficio (cualquiera que sea éste, incluso la valoración sobre una posible pérdida del empleo) al trabajador singular, el cual accede a la jubilación desde una opción razonablemente ponderada.
Ninguno de estos elementos es compartido por la jubilación forzosa , en la redacción de 1.995 de la Disposición Adicional Décima del Estatuto de los Trabajadores.
Conviene detenerse ahora, también, en el significado que tiene el condicionante impuesto en la disposición adicional citada, cuando establece: «… sin perjuicio de lo dispuesto en materia de Seguridad Social a estos efectos “
Es en el término «jubilación», donde está la garantía sobre el tránsito pensionado de activo a pasivo. La jubilación constituye (en este contexto) el cese en la actividad con derecho a pensión. Si no hay pensión, no hay jubilación y estaríamos ante una extinción por edad. En efecto, si a la cláusula jubilatoria se le sustrae la facultad jubilatoria quedaría convertida en una extinción por cumplimiento de una determinada edad, causa vedada en el ordenamiento por opuesta a la Constitución Española artículo 14 y al Estatuto de los Trabajadores artículo 17. De ello derivaría la calificación de nulidad.
Precisamente por ello, en el párrafo segundo de la disposición adicional, se añade “. ..sin perjuicio de que puedan completarse los períodos de carencia para la jubilación».
Y quizá por ello también, aunque ya nos vamos fuera del ámbito temporal en que se produjo tu cese en el trabajo, en la redacción dada a la Disposición Adicional Décima por el artículo único de la Ley 14/2005, de 1 de julio, no se habla de jubilación forzosa sino de extinción del contrato de trabajo y tampoco se habla de pactar libremente edades, sino de extinción de contrato a la edad ordinaria de jubilación,( 65 años en ese momento), “ En los convenios colectivos podrán establecerse cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad ordinaria de jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social,……..” vinculando además la medida a objetivos coherentes con la política de empleo expresados en el convenio colectivo…….., y siempre que el trabajador afectado por la extinción del contrato de trabajo tenga cubierto el período mínimo de cotización o uno mayor si así se hubiera pactado en el convenio colectivo que le permita tener derecho a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva.
Lo dicho en el párrafo anterior y aunque sigo hablando de un período que ya no te resulta de aplicación; después de que por la Disposición Derogatoria Única del Real Decreto Ley 5/2001, quedará derogada expresamente:
“ a) La disposición adicional décima de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto-legislativo 1/1995, de 24 de marzo “, con lo cual a partir de marzo de 2001, las cláusulas de los convenios colectivos reguladores de fórmulas de jubilación forzosa habían perdido su vigencia.
Claro que ahora amigo Ernesto, puedes decir, ¡ pero yo no salí de la empresa por la aplicación de ninguna cláusula de Convenio Colectivo, sino por un E.R.E.¡. Pero qué otra cosa que un convenio entre empresario y representantes de los trabajadores es un E.R.E., pactado de mutuo acuerdo.
La Sala Cuarta del Tribunal Supremo (Sentencia de 9 de julio de 2012 (rec. N° 147/2012 ) señala que un ERE que deriva de un acuerdo suscrito por la empresa y los representantes sindicales de los trabajadores no es otra cosa que un convenio avalado por la Autoridad Laboral competente.

CONCLUSIONES
1ª) El cese en el trabajo, en 1.996, se produce como consecuencia de un Expediente de Regulación de Empleo, en el que la edad es determinante para fijar quienes han de ser los afectados.
2ª) En función de la conclusión 1ª, podemos plantearnos si el despido como consecuencia del expediente pudo ser o no ajustado a derecho.
Hemos visto como, inicialmente la Disposición Adicional Quinta del Estatuto de los Trabajadores, recoge una edad máxima para trabajar de 69 años y como la Sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de Julio de 1.981, la declara inconstitucional por establecer de forma directa e incondicional la extinción de la relación laboral a esa edad.
Después, por la refundición operada del E.T. en Marzo de 1.995, ya como Disposición Adicional Décima, se autoriza la jubilación forzosa como instrumento de política de empleo, pero, sin perjuicio de que puedan completarse los períodos de carencia para la jubilación y sin perjuicio de lo dispuesto en materia de Seguridad Social a estos efectos.
Esta es la norma vigente a esos efectos, cuando se produce la extinción de tu contrato de trabajo y si bien en ese momento con 55 años de edad, contabas con período de carencia suficiente para la jubilación, no pudiste acceder a la misma hasta no alcanzar los 60 de edad, que por tu condición de mutualista te permitía acceder con los correspondientes coeficientes reductores.
Es evidente que dicha decisión extintiva si iba en perjuicio de lo dispuesto en materia de Seguridad Social, en primer lugar para ti puesto que no te permitía en ese momento acceder a la pensión de jubilación y posteriormente al poder acceder lo hacías sufriendo la merma de los coeficientes reductores.
Cabe preguntarse si en ese momento la autorización de ese E.R.E., recordemos que no es otra cosa que un Convenio Colectivo, era ajustado o no a derecho. Me atrevo a decir que quizá, pero solo quizá, no lo era. Máxime si, a mayor abundamiento, vemos que posteriormente en Marzo de 2.001, las cláusulas de los convenios colectivos reguladoras de fórmulas de jubilación forzosa perdieron su vigencia, para luego en Julio del mismo año, recuperarse pero siempre condicionadas a poder acceder a la jubilación, en 2011 condicionadas a que el trabajador afectado pudiera alcanzar una jubilación del 80% de la base reguladora, en 2012 a poder acceder a la jubilación a la edad ordinaria, para acabar, por ahora, en el actual Real Decreto Ley 2/2015, teniendo la siguiente dicción literal “ Se entenderán nulas y sin efecto las cláusulas de los convenios colectivos que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad ordinaria de jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social, cualquiera que sea la extensión y alcance de dichas cláusulas “
Vuelvo a que quizá no era ajustado a derecho el expediente de regulación de empleo, pero desafortunadamente ello no sirve ahora de nada, pues eso se hubiera dilucidado con una impugnación del expediente en vía administrativa o contencioso-administrativa, o tú particularmente con una demanda en el juzgado de lo social, en principio, o, en su caso, Tribunal Superior de Justicia o Tribunal Supremo, como particular afectado por el expediente aprobado.
Ello, obviamente, no es ahora posible por la prescripción operada

3ª) Pero así como la solicitud de nulidad de la extinción del contrato, nunca puede operar por la prescripción de la acción, si lo que reclamamos es una nueva fijación del importe de la pensión, por no haberse calculado correctamente en su día, aquí no nos encontramos con el obstáculo de la prescripción para intentarlo. El Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de Junio en su artículo 146, como actualmente el Real Decreto Ley 2/2015 en el artículo 212, declaran la imprescriptibilidad de la pensión de jubilación, si bien los efectos de la misma se retrotraen a los 3 meses anteriores al momento de la solicitud, que en este caso sería el momento de la reclamación de modificación de la base reguladora.
4ª) La disposición adicional decima del Estatuto de los Trabajadores, en ese momento vigente, utilizaba el término de jubilación forzosa, cuando dicho término no estaba contemplado en el ámbito de la Legislación sobre Seguridad Social, ni siquiera ésta contemplaba un distinto tratamiento, según el cese en el trabajo que daba lugar a la solicitud de jubilación hubiera sido voluntario u obligado.
La Seguridad Social siempre distingue entre el cese en el trabajo por causa ajena a la libre voluntad del trabajador y la solicitud de la pensión..
Es más, nunca podía hablarse de jubilación, ni voluntaria ni forzosa, cuando el obligado cese en el trabajo no generó ningún derecho a la jubilación, derecho que solo se produce años más tarde. Si no hay pensión no hay jubilación.
No es hasta la Ley 24/1997, de 15 de Julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de la Seguridad Social, cuando se da un distinto tratamiento entre la voluntariedad y la obligatoriedad del cese a través del Artículo 7 de la citada Ley que dispone en lo que aquí afecta:
“ Uno. Se modifica la regla 2.ª del apartado 1, de la disposición transitoria tercera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que queda redactada en los siguientes términos:
«2.ª Quienes tuvieran la condición de mutualista el 1 de enero de 1967 podrán causar el derecho a la pensión de jubilación a partir de los sesenta años. En tal caso, la cuantía de la pensión se reducirá en un 8 por 100 por cada año o fracción de año que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad que se fija en el apartado 1.a) del artículo 161.
En los supuestos de trabajadores que, cumpliendo los requisitos señalados en el párrafo anterior y acreditando cuarenta o más años de cotización, soliciten la jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo en virtud de causa no imputable a la libre voluntad del trabajador, el porcentaje de reducción de la cuantía de la pensión a que se refiere el párrafo anterior, será de un 7 por 100. A estos efectos, se entenderá por libre voluntad del trabajador, la inequívoca manifestación de voluntad de quien, pudiendo continuar su relación laboral y no existiendo razón objetiva que la impida, decide poner fin a la misma.
Se faculta al Gobierno para el desarrollo reglamentario de los supuestos previstos en los párrafos anteriores de la presente regla 2.a, quien podrá en razón del carácter voluntario o forzoso del acceso a la jubilación adecuar las condiciones señaladas para los mismos.»
Por tanto, bien podemos decir que estabais en un limbo jurídico, y como tú bien dices se os aplicó a unos jubilados abocados a dicha situación contra vuestra voluntad, la legislación aplicable a quienes accedían voluntariamente a la jubilación, produciéndose un agravio comparativo que conculca el artículo 14 de la Constitución, al haberse tratado como iguales a unos ciudadanos que se encontraban en una situación claramente diferenciada, desigualdad que precisamente tiene su origen, en este caso, en la edad que provocó el cese en el trabajo.
No cabe duda que en lo dicho en el párrafo anterior se encuentra el único asidero al que podéis agarraros para solicitar que se os elimine el coeficiente reductor, como petición principal o subsidiariamente que se os de el mismo tratamiento dado con posterioridad a quienes estando en las mismas condiciones de periodo cotizado se les aplicó la escala de coeficientes reductores a partir del 6%.
5ª) Ahora bien, el argumento del último párrafo de la conclusión anterior, intentará ser desvirtuado por la Seguridad Social, señalando que si bien es cierto que se aplicó una legislación que no estaba prevista para vuestro caso, también es cierto que el acto de solicitar la jubilación, otra cosa es el cese en el trabajo, es un acto personal y voluntario y al no haberse legislado, en ese momento, nada específico para vuestra diferenciada situación se os dio el único tratamiento posible.
Podrá argumentar también que posteriormente recibisteis, los jubilados con anterioridad a la vigencia de la Ley 24/1.997, unos complementos para compensar el agravio comparativo que habíais recibido.
Sin duda os podrá decir que si bien disponíais de años sobrados de cotización, por encima de 15, y cumplíais con el requisito de ser, al menos dos, los cotizados en los 15 últimos años, carecíais del requisito fundamental de haber cumplido los 65 años de edad.
6ª) Es evidente que veo muy difícil que pudiera progresar la reclamación que comentas, pero en todo caso es a través de lo expuesto en la conclusión 4ª) con apoyo en las argumentaciones realizadas en la parte de encuadramiento, donde, caso de hacerse, entiendo yo que se debería basar la reclamación previa y posterior demanda.

APENDICE AL DOCUMENTO “GARANTIZAR LAS PENSIONES PUBLICAS”

“A finales de 2016 se mantuvieron los contactos iniciales entre diversas asociaciones de mayores del País Vasco y Navarra, quienes, entre sus diversa actividades anteriores a esa cita, ya venían trabajando a favor de unas pensiones públicas dignas

Entre sus componentes había destacados miembros de APREJUAL, de Vitoria y de DONOSTIALDEA, (ambas integradas en FEVAAS) También estaba ANAPP , asociación de Pamplona vinculada a CEPYP, lo mismo que nuestra federación

A lo largo del primer trimestre de 2017, se fueron perfilando los objetivos del Colectivo así como las acciones a desarrollar. Se consensuó un manifiesto donde se reflejaba nuestra línea de actuación , nuestras quejas al Gobierno y que concluía con cuatro reivindicaciones. Precisamente, la última hace mención a los mutualistas, pues dice “Revisión de las pensiones de los mutualistas jubilados anticipadamente por causa ajenas a su voluntad”

A lo largo de Abril se llevaron a cabo estas actividades:
Día 4. Presentación a los medios de comunicación del manifiesto en la sala de prensa del Parlamento Vasco, anunciando –al mismo tiempo- las manifestaciones que se celebrarían el día 6 en Pamplona y el día 7 en Vitoria.

Actos que agruparon a una numerosa participación de pensionistas en ambas capitales y que finalizaron ante el Monumento a los Fueros (Pamplona) y el Parlamento Vasco (Vitoria), respectivamente. Al finalizar ambos actos se dio lectura al manifiesto que fue difundido profusamente durante el transcurso de las manifestaciones.

Día 22. Concentraciones de media hora y a la misma hora en Bilbao, Vitoria y San Sebastián.

En Octubre, la asociación “POR UNA VIDA DIGNA”, de Vitoria, celebró una serie de charlas-coloquios sobre nuestra problemática, que contó con la participación de sociólogos, profesores, economistas y políticos alaveses.

En Diciembre, se lanzó un comunicado donde se expone, a modo de denuncia, la actual situación del sistema público de pensiones y las urgentes medidas que deben ponerse en marcha para la viabilidad del sistema. Documento que ha sido difundido a

GARANTIZAR LAS PENSIONES PÚBLICAS

Bilbao 20-12-2017

REFLEXIÓN-DENUNCIA SUSCRITA POR LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES:
ANAAP ( NAVARRA ), FEVAAS ( GIPUZKOA ), GEPE ( GIPUZKOA ) , PENSIONISTAS CC.00 DE EUSKADI, PENSIONISTAS U.G.T.( ARABA), PENSIONISTAS U.S.O. (ARABA), POR UNA VIDA DIGNA-BIZITZA DUINAREN ALDE ( ARABA ) ”

GARANTIZAR LAS PENSIONES PÚBLICAS

El sistema de la Seguridad Social es el instrumento principal de garantía de rentas con el que cuenta nuestro Estado de Bienestar y es, por tanto, uno de pilares más sólidos de la Protección Social. Su mantenimiento, alcance universal y su suficiencia deben constituir los principios rectores de la política social y económica.
Además, nuestro Sistema Público de Pensiones, basado en los principios de contributividad, equidad y solidaridad que le caracterizan como de reparto, constituye el programa de rentas públicas con mayor potencia distributiva.
Las pensiones públicas, y en especial la pensión de jubilación, revisten una importancia medular para la cohesión social.

El sistema público de pensiones se enfrenta a dos retos fundamentales, de un lado, en el corto plazo, la suficiencia de las prestaciones y cómo garantizar su revalorización, de modo que los pensionistas mantengan el poder adquisitivo de sus pensiones y, de otro, en el medio y largo plazo, cómo garantizar la sostenibilidad del sistema, su viabilidad financiera.

Está claro que tener unas pensiones públicas que garanticen unas coberturas dignas y suficientes, es una opción política que se concreta en el grado de solidaridad que quiere asumir un País. En definitiva, se trata de acordar la cantidad de riqueza del país que se estima justo, necesario y suficiente destinar al pago de pensiones dignas y suficientes.
Dicho de otra manera, las pensiones públicas y la protección social son, y deben seguir siendo, una cuestión de Estado, de voluntad política y no una cuestión de mercado.

A) El derecho a las pensiones es un derecho constitucional
Nuestro sistema público de pensiones no es una concesión gratuita de nadie. Muy al contrario, es una parte esencial del Estado de Bienestar y un derecho de ciudadanía regulado en los Artículos 41 y 50 de la Constitución. El artículo 41 establece que “los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”.
El artículo 50 dice: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”.

B) El doble reto de la sostenibilidad y la suficiencia
Empecemos por decir que el sistema de pensiones es sostenible. La sostenibilidad de un sistema de pensiones público no es sólo un problema técnico o económico es, sobre todo, un problema político. Desde esta perspectiva, podemos afirmar que las pensiones actuales y futuras si son sostenibles.
Con el crecimiento que ha experimentando la economía, hemos superado el nivel de riqueza que teníamos antes del inicio de la crisis y, sin embargo, con mayor riqueza, los salarios son más bajos, la remuneración media real es un 6,6% inferior a la de hace ocho años y la de los salarios más bajo llegan al 10%; hay trabajadores pobres; más precariedad; las pensiones son más bajas y han perdido en el mismo período un 2,15% de poder adquisitivo; las coberturas de desempleo se han reducido en cantidad y calidad; han crecido las pobreza y también la tasa de riesgo de pobreza y la reducción de las prestaciones por dependencia es muy evidente.
Estamos por tanto, ante una clara polarización social, con mayor exclusión social y gran desigualdad. Pero, como se puede constatar, el problema no es la falta de riqueza sino su injusta distribución. Ha crecido la riqueza pero también su acumulación.
Aunque resulta complicado ponerse de acuerdo en el concepto de suficiencia que establece la Constitución para nuestras pensiones, por ser un concepto impreciso y subjetivo, cualquier reforma de las pensiones debe estar sujeta a los límites que establece la Constitución, desde la idea de que el concepto de sostenibilidad nunca debe de situarse por delante del concepto de suficiencia. Los poderes públicos están obligados a asegurar la financiación que demanda el sistema, buscando las fuentes de ingresos que se precisan para cumplir el mandato constitucional de garantizar pensiones suficientes, debiendo convenir que debe entenderse por pensiones suficientes.

Nuestro sistema de pensiones tiene dos retos diferentes, de distinta naturaleza, que requieren una respuesta diferente:

Un reto serio pero coyuntural. Es derivado de la crisis que ha destruido mucho empleo y ha rebajado la relación entre activos / pasivos a 2,25 en Septiembre de 2017. El número de pensionistas está por encima de los 8,66 millones. El número de pensiones supera los 9,5 millones. Los afiliados activos a la Seguridad Social son 18,4 millones a la misma fecha, siendo el resto de cotizantes trabajadores desempleados (en torno a 1.066.000 personas).

La crisis ha tenido efectos muy negativos para los ingresos del sistema: por la devaluación salarial, por el aumento de la precariedad en el empleo (más temporalidad y más trabajo a tiempo parcial) o por las bonificaciones en las cotizaciones a la seguridad social y la tarifa plana.

Un segundo reto más estructural. Viene derivado del gran contingente de personas que pasarán a ser pensionistas en el futuro. Es una situación conocida y previsible por la entrada en el sistema de las generaciones más numerosas de nuestra historia, los nacidos en la época de Baby Boom de los años 60. Llegaremos a más 15,2 millones a mediados de siglo. Las entradas de pensionistas comenzarán a remitir a partir de la última parte de la década del 2050, por el descenso de las tasas de natalidad que se han producido en los últimos años, dando un alivio al sistema.

Mantener nuestro actual modelo de jubilación coincidiendo con el momento de mayor exigencia demográfica, supone elevar nuestro gasto en pensiones a un 14 – 15% del PIB, ahora gastamos el 10,4%. Un reto importante pero perfectamente asumible.

Además, seguirá aumentando la esperanza de vida por lo que, en un futuro próximo, habrá que pagar las pensiones durante más tiempo. Por otra parte, hay que tener presente que las nuevas pensiones tendrán un importe superior a las antiguas.

Por tanto, en el futuro nos tenemos que enfrentar a los siguientes retos:

Pagar mayor número de pensiones.
Pagar pensiones durante más tiempo.
Pagar pensiones de mayores cuantías.
Todo ello va a requerir de una serena valoración de la evolución de las pensiones para acordar las medidas que se precisan para garantizar la sostenibilidad del sistema y para que, además, siga siendo el eje fundamental de nuestro estado de bienestar. La adaptabilidad de nuestro sistema de pensiones es la mejor garantía de su viabilidad.

C) Hay alternativas ante los verdaderos retos de las pensiones frente a las políticas de recortes
Hay que abordar la situación del sistema público de pensiones, proponiendo medidas que garanticen las pensiones actuales y futuras, pero el Gobierno, lejos de hacerlo, no acierta ni en el diagnóstico de la situación ni en las soluciones que plantea.
Hay medidas alternativas a las políticas de austeridad que, como el cambio de la fórmula de revalorización de las pensiones o el factor de sostenibilidad, viene aplicando el Gobierno y que consideramos deben ser derogadas. Son medidas que garantizan la sostenibilidad de las pensiones públicas, sin necesidad de recurrir al recorte de las mismas ni al consumo anticipado del Fondo de Reserva, que se creó para hacer frente a los problemas estructurales del sistema.

D) Es imprescindible la mejora de ingresos garantizando una financiación adicional estable, sostenible y suficiente
España está 3 puntos por debajo de la media europea y más de 4 puntos de los países de nuestro entorno en gasto en pensiones en relación con el PIB.
Las medidas que se adopten no se pueden centrar únicamente en la reducción del gasto, sin tener en cuenta que la reducción del déficit se produce también con el incremento de los ingresos.
Las medidas de mejora de ingresos en el medio y largo plazo contribuyen a incorporar una fuente sostenida de ingresos adicionales a las cotizaciones sociales que optimizarán la financiación del sistema, de modo que se garantice su sostenibilidad y, además, el mantenimiento del pacto intergeneracional que está en su base.

El sistema de pensiones atraviesa un momento crítico ya que están tratando de convertirlo en un sistema de cobertura asistencial para poder potenciar los sistemas privados de pensiones. La Comisión Europea reconoce que el efecto de las Reformas de 2013, supondrá que la tasa de reemplazo de las pensiones (equivalencia entre pensión/último salario) puede perder cerca de 30 puntos porcentuales entre 2013 y 2060 (pasando del 79% actual al 48,6%). Si demoramos la derogación las medidas contenidas en las reformas unilaterales, la probabilidad de tender a esa situación es elevada.

Con cotizaciones sociales como las de hoy de hoy no se van a poder pagar las pensiones como las actuales. Por tanto, , parte de las pensiones contributivas se van a tener que financiar con impuestos, lo que obligará poner en marcha políticas fiscales justas y progresivas que garanticen el principio de suficiencia para pagar las pensiones. Por eso, la política fiscal es otro elemento central de la acción política, para asegurar la viabilidad de las pensiones.

Sin duda, la fuente de financiación que mejor puede garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones pasa por la creación de más empleo y que, además, sea de calidad, poniendo en marcha políticas que garanticen la recuperación del empleo perdido durante la crisis, Entre tanto, hay que adoptar otras medidas, entre ellas:
1.- Destope de las Bases Máximas de Cotización. Su aplicación podría realizarse de forma progresiva en un plazo de 2 ó 3 años. Supondría unos ingresos de unos 7.500 millones de € /año.
2.- Incremento del SMI de forma paulatina hasta el 60% del salario medio, 981,60,- €/mes, lo que supondría una Base de cotización mínima de 1.145,20 euros/mes, con la correspondiente repercusión en la mejora de los ingresos del sistema.
3.- Equiparación de las bases medias de cotización del Régimen General de la Seguridad Social y del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Con esta medida los ingresos por cotizaciones del sistema se incrementarán en unos 7.000 millones de euros anuales.
4.- Lucha decidida y eficiente contra la economía sumergida. El mero hecho de establecer políticas de inspección que hiciesen aflorar un tercio de la economía sumergida que se calcula en nuestro país, supondría aflorar economía productiva por un importe cercano al 6,5% del PIB que, en términos de recaudación a la Seguridad Social, supondría un incremento de las cotizaciones sociales del entorno a 6.300 millones de euros anuales.

5.- Son muy necesarias actuaciones contra la proliferación de falsos autónomos, 210.000 según la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos con un coste para la Seguridad Social de 562 millones de €/año, así como contra el fraude y la evasión fiscal.

E) Otras medidas que es necesario abordar
1.- El Estado ha de asumir los gastos de administración de la Seguridad Social, como ocurre con el resto de las Administraciones Públicas. Esta medida supondría un ahorro de 3.825 millones, entre los salarios del personal (2.357 millones de euros) y los gastos corrientes (1.466 millones de euros).
2.- Para evitar una merma de los ingresos, un gasto de 3.342 millones de euros está previsto en los presupuestos del año 2017, las políticas activas de empleo no deben financiarse mediante reducción de cuotas sociales o a través de las tarifas planas en el caso del autoempleo, sino mediante subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Deberían de reintegrarse las cuantías dejadas de percibir desde el año 2013 al año 2016 y que superan los 6.100 millones de euros.
3.- Reclamamos que las necesidades de financiación que resulten precisas para garantizar las pensiones, se cubran con aportaciones directas del Estado y no en concepto de préstamo. Todas las pensiones deben seguir teniendo naturaleza contributiva y permanecer dentro del Sistema de la Seguridad Social.
4.- Restituir la fórmula de utilización del Fondo de Reserva prevista en la Ley 28/2003, para evitar su consumo anticipado.

5.- Devolver las cotizaciones a los perceptores de subsidios para mayores de 52 años (ahora 55) por el 125% del SMI (Ahora 100% del SMI).

6.- Restituir las cotizaciones a las personas cuidadoras familiares de personas dependientes.

7.- Incrementar los tipos de cotización de los contratos temporales de corta duración.

F) Derogar el Factor de sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las pensiones
Sobre el factor de sostenibilidad
De forma unilateral con la aprobación de la Ley 23/2013, se introdujo un nuevo factor de sostenibilidad que recortará la pensión inicial en función de la evolución de la esperanza de vida: a mayor esperanza de vida mayor recorte de la pensión inicial. Si la esperanza de vida evoluciona de acuerdo con las previsiones actuales (pasar de 85,8 años en 2012 a 89,8 años en 2060), la pensión inicial pasará de ser 100 en 2018 a ser 82 en 2060.
Características del Factor de sostenibilidad:

• Se aplicará a partir del año 2019 para los nuevos pensionistas.

• Es un índice que formará parte, como un elemento adicional y automático, de la fórmula actual utilizada para el cálculo de la pensión.

• Son preocupantes los efectos de la automaticidad de la aplicación de este factor, basado exclusivamente en la evolución de la esperanza de vida, especialmente teniendo en cuenta que se trata de determinar un elemento, la cuantía inicial de la pensión, asunto de especial trascendencia.

• Es necesario tener en cuenta otras variables que tienen una incidencia positiva
sobre los ingresos como el empleo, la actividad económica o la participación laboral como ocurre en otros países de nuestro entorno.

El factor de sostenibilidad aprobado por el Gobierno a propuesta de los “expertos”, no sólo era innecesario, sino que, visto la ausencia de argumentos que justifiquen la medida, demuestra que la intención final, como ya hemos señalado, no es salvaguardar el sistema público de pensiones, sino el de aprovechar, como tantas veces, la coyuntura de la crisis para aplicar recortes y modificar el modelo social.

Por otra parte, su objetivo es el de fomentar los sistemas privados de pensiones al que sólo tiene acceso las rentas más altas, quedándose fuera los que tienen rentas bajas que son los que conforman el núcleo más vulnerable de los asalariados y asalariadas. Sería necesario eliminar las ayudas fiscales a la contratación de Sistemas Privados de Pensiones Individuales.
El resultado es más que evidente, una sociedad más rica, como será la nuestra dentro de veinte o treinta años, va a pagar a sus jubilados pensiones más bajas, excluyéndoles del reparto de la riqueza generada y, por tanto, rompiendo los principios de equidad y cohesión social.
Sobre el Índice de Revalorización de las Pensiones
• Es lamentable que una medida, tan relevante como es la de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, con grandes efectos para las actuales y futuras generaciones de pensionistas, se hayan adoptado de forma unilateral y sin acuerdo previo en el Pacto de Toledo ni con los agentes sociales.

• La asociaciones de pensionistas y otros colectivos en defensa de los derechos de las personas más vulnerables de la sociedad, consideramos que la Recomendación Segunda del Pacto de Toledo “La Comisión, como ha venido haciendo en el pasado, defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, su garantía por ley y su preservación mediante la adopción de medidas encaminadas a asegurar el equilibrio financiero del sistema de pensiones en el futuro”, no se consigue con la formulación del Índice de Revalorización que se propone.

• Con este índice, que busca ser un mecanismo automático que permita la adecuación de las cuentas públicas de la Seguridad Social, se produce una pérdida del poder adquisitivo de las pensiones en contextos de crisis como el actual, que no llegaría a recuperarse. Recientemente el AIREF, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), ha confirmado que las pensiones, en los próximos años, tendrán tan solo un incremento del 0,25%, que contrastará con una inflación al alza. La propia AIREF calcula que esta situación supondrá una pérdida de poder adquisitivo del 7% en los próximos 5 años de aplicación de la fórmula impuesta de forma unilateral por al Gobierno el año 2013. Durante el período de esperanza de vida medio de un pensionista, en torno a 20 años, puede acumularse una pérdida de poder adquisitivo de la pensión en torno al 25%.

• La mayor parte de los determinantes de la fórmula de revalorización, se basan en estimaciones y previsiones de múltiples variables en el largo plazo, que además de estar sujetas a un alto grado de incertidumbre, muestran margen de error.

Si se permite la consolidación de una pérdida de poder adquisitivo como la que ya reconocen las instituciones oficiales, será imposible de recuperar para esta generación de pensionistas. Por ellos solicitamos la derogación de este sistema y garantizar el poder adquisitivo de las pensiones en relación con el IPC real de cada año.

G) Ninguna pensión por debajo del umbral de la pobreza

En torno al 50% de las pensiones contributivas se sitúan por debajo de los 650,-€ mensuales y el 25,6% de las pensiones (12,3% en Euskadi), tienen complemento por mínimo al no alcanzar la cuantía mínima del sistema. En más de 4 millones de hogares en España la principal fuente de ingresos es una pensión.

Solicitamos que la pensión mínima sea igual al Salario Mínimo Interprofesional que, de acuerdo con la recomendación de la Carta Social Europea, en esta legislatura debería situarse en el 60% del salario medio, es decir, 1.164,60 € mensuales en Euskadi en cifras del año 2017.

H) Algunas conclusiones
Con las reformas unilaterales realizadas por el Gobierno a partir del año 2013, las nuevas pensiones son cada vez más bajas. Por tanto, si el sistema de pensiones se queda sin adoptar medidas que modifiquen su situación actual, ha provocado y seguirá provocando, la existencia de más pensionistas pobres.

El crecimiento económico no resuelve por sí solo los problemas de cohesión social y desigualdad si no se establecen políticas públicas redistributivas de la riqueza. La economía está creciendo, de hecho ya tenemos más riqueza que en los momentos anteriores a la crisis, pero se han incrementado las desigualdades y la pobreza.

El Gobierno, con la Reforma de la Negociación Colectiva, la Reforma Laboral y las medidas unilaterales en materia de pensiones, ha desactivado los instrumentos más efectivos de distribución de la riqueza que son el empleo digno y con derechos, la protección social donde no llega el empleo y la negociación colectiva para los trabajadores y trabajadoras en activo.

Comentarios al “Informe relativo a la situación de los jubilados anticipados que tenían la condición de mutualistas el 1 de enero de 1967”

Febrero 2018

Comentarios al “Informe relativo a la situación de los jubilados anticipados que tenían la condición de mutualistas el 1 de enero de 1967”
Pacto de Toledo

En el informe se nos cita a FEVAAS con datos que no son correctos y que pretendemos aclarar. Nuestra reclamación es de los mutualistas jubilados anticipados no voluntarios (jubilados por causas ajenas a la libre voluntad de los trabajadores).

En un informe de Diciembre de 2012 dimos la cifra de 372.745 a la que se llegó partiendo de los 430.821 que fueron aquellos jubilados a los que en aplicación de la Ley 40/2007 se les dieron unas cantidades entre 63 y 18 € al mes según se jubilaron anticipadamente con 60 hasta 64 años.

Estas cantidades se dieron a los jubilados anticipados antes de 1 de Enero de 2002, que tuvieran un mínimo de 35 años de cotización y la jubilación anticipada se hubiera producido por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador (no voluntarios)
Aplicando tasas de defunción llegamos a la cifra de 372.745 que ahora indican en el informe de la Seguridad Social. Pero repetimos, era la cifra estimada en 2012.

El colectivo de 430.821 tenia una edad media ponderada de 61 años en el año 2007 `por lo que se habían jubilado con el 68% de la base reguladora de media. Con esta Ley 40/2007 se trataba de mejorar a los jubilados anticipados a los que se habían aplicado la Orden de 18 de Enero de 1967. que reducía en un 8% por cada año en que se jubilaban antes de los 65 años, (con lo que a los jubilados con 60 años se les retraía el 40 % de la base reguladora) y los jubilados anticipados con la ley 24/1997 en que la reducción podía ser del 7 % . Por el contrario no se les aplicaba a los jubilados anticipados a partir del Decreto Ley 16/2001 del 27 de Diciembre en que la reducción podía ser hasta del 6% ( o sea no se aplicaba a los jubilados anticipados a partir de 2002)

Dejamos constancia que la Orden de 18 de Julio de 1967 que se aplicó para los jubilados anticipados estaba pensada para jubilados voluntarios y se aplicó también para los no voluntarios que fueron jubilados con Expedientes de Regulación de Empleo.

Con esta mejora y trabajando con medias ponderadas el colectivo que tenia una media de jubilación del 68% de la base reguladora pasó tener una media de 71.85 % de la base reguladora, y con estos datos y de una pensión media de jubilación del régimen general de 1117.85 € mes llegamos a estimar el costo anual para la Seguridad Social en 1642 mill de €,(en 2012) al pasar de tener una media ponderada del 71.85 al 100% de la base reguladora.

FEVAAS

Posteriormente en Mayo de 2015 se estimó el número de personas del colectivo de mutualistas jubilados anticipados no voluntarios en 322.000, e hicimos otro informe con una pensión media del régimen general de 1164.01 € mes con lo que se llegaba a un coste anual de 1477 mill de €. (Este informe también se entregó a Ordenación Económica de la Seguridad Social)

En los últimos datos que habíamos manejado se estimaban en 300.000 el número de personas mutualistas jubilados anticipados no voluntarios. Rehacemos el cálculo con datos oficiales al 1 de Noviembre de 2017

Número de pensionistas mutualistas jubilados anticipados no voluntarios 296.892
Pensión media de jubilación del régimen general a 1.11.2017 (,1214.36 €/mes)
Coste anual para la S.S. si se pasara a cobrar el 100% de la Base Reguladora(14 pagas)

1214.36 x 14 x (100-71.85)/100 x 296892 = 1420 Mill.€

La cifra de 296.892 proviene de la Respuesta del Gobierno a una pregunta escrita del Grupo Vasco del Congreso en los que informaba que a fecha 3 de Noviembre 2017 los mutualistas jubilados anticipados no voluntarios era de 296.892 y el número total de mutualistas jubilados anticipados incluyendo los voluntarios era de 570.813.

Estas dos últimas cifras se parecen a las que ahora se aportan en el informe de la Seguridad Social de Enero 2018, pero en este informe se mezclan datos de los voluntarios con los no voluntarios.

Como dice en el apartado a) de la página 7 del informe que los tribunales han dictado sentencias en contra de los jubilados, es debido a que los jueces se han limitado a aplicar las leyes que regían en cada momento al que se jubilaba anticipadamente, pero es conocido que los coeficientes reductores de la pensión en todos los casos fueron injustos porque fueron abusivos perjudicando al trabajador y así ha sido reconocido por muchos. Al aplicar la Ley 40/2007 solo se nos dio una pequeña cantidad.(Como hemos dicho hablando de medias se pasó del 68 al 71.85% de la base reguladora, y al ser una cantidad independiente de la pensión y solo de los años que se tenían al jubilarse, supuso mejores porcentajes para las pensiones más bajas y menores para las pensiones más altas).

Para dejar constancia de que los coeficientes reductores que nos aplicaron fueron injustos recogemos unas cuentas manifestaciones :

En el año 2002 en la Comisión del Pacto de Toledo del 22 de Octubre, el Secretario de Estado para la Seguridad Social D.Gerardo Camps Devesa dijo : Somos conscientes que el esfuerzo que realizaron a lo largo de su vida laboral también se tiene que ver recompensado , aunque se jubilen de manera anticipada y más en los casos en que esa jubilación no se realice con carácter voluntario, sino obligatorio.

En el Congreso de Cepyp en Madrid el 14 de febrero de 2008, Octavio Granado, entonces Secretario de Estado para la SS decía.”Sólo se ha hecho una pequeña parte
FEVAAS

de todo lo que se puede hacer. Seguimos en deuda con Uds” Este comentario era debido a la aplicación de la Ley 40/2007 cuando se concedieron cantidades mensuales entre 18 € y 63 € , dependiendo de los años que tenían al jubilarse y como se deduce de este comentario en todos los casos era una pequeña cantidad y , evidentemente, no solucionaba la injusticia que se cometió obligando a jubilarse con reducciones de la pensión abusivas.

En la comisión del Pacto de Toledo el 11 de Mayo 2010, el actual Secretario de Estado para la Seguridad Social, D. Tomás Burgos decía:
“porque expertos de la U.E. han calificado nuestros coeficientes reductores de arbitrarios y desproporcionados”.

No solo las personalidades políticas han expresado su opinión sobre la aplicación de unos coeficientes injustos sino también el Consejo Económico y Social, en su informe 2/2000, aprobado en sesión del Pleno de 21 de Junio de 2000, expone en su página 64:
“De acuerdo con dicho estudio, los actuales coeficientes penalizan de forma excesiva la anticipación de la edad de jubilación. Esta penalización es mucho más injusta cuando la anticipación no es imputable a la propia voluntad del trabajador”

En julio de 2014, la Sra Arantxa Quiroga Presidenta del Partido Popular del País Vasco nos dijo:“He hablado con Tomás Burgos y el estudio sobre lo vuestro está realizado y cuantificado y se va a destinar una cantidad importante como un gesto para los mutualistas”, con lo cual entendimos que dentro del Partido Popular había una clara intención de resolver el problema, que desafortunadamente no se cumplió.

En la página 5 del informe se dice cuantos son los mutualistas que no perciben el complemento. Recordamos que para cobrar el complemento debían haberse jubilado antes de 2002 ,tener 35 años cotizados y haberse jubilado por causas ajenas a su libre voluntad (no voluntarios), por lo que las cifras que se aportan tratan de confundir.

Comentarios a las conclusiones del Informe

Las conclusiones del Informe son:
Lo solicitado por el colectivo de mutualistas es:
a) Considerar en todos los casos que su jubilación anticipada fue involuntaria
b) Suprimir en todos los casos los coeficientes reductores

Estas dos afirmaciones , por lo menos en cuanto a la petición de FEVAAS son falsas. Ya hemos manifestado que la solicitud de FEVAAS es en el caso de los mutualistas jubilados anticipados no voluntarios y fuimos jubilados en contra de nuestra voluntad a través de Expedientes de Regulación de Empleo, sin ninguna posibilidad de negarnos.

Hemos calculado a qué años les correspondía el 100% según los años a los que se jubilaron y según el coeficiente reductor que se les aplicó, en nuestro informe de Mayo de 2015,”Reclamación del coeficiente reductor justo” y que oscilaba entre los 72.5 años y los 80.7 años
FEVAAS

En las conclusiones el Informe de la Seguridad Social siguen unos comentarios sobre el punto a) y el b) a lo que tenemos que aclarar:

-Respecto al punto a) Como hemos dicho no se discute si hubo un incumplimiento de las leyes, que es lo que miran los jueces, sino que se aplicaron unos coeficientes reductores arbitrarios e injustos y se ha prometido en muchas ocasiones que había que dar una solución satisfactoria.

Respecto al punto b) Creemos que se están mezclando jubilados mutualistas voluntarios con no voluntarios. La cifra que nos achacan de 372.745 es de un informe de Diciembre de 2012, y hasta conocer la cifra que ha dado el gobierno en su respuesta (296.892) hemos manejado de alrededor de 300.000 y no creemos que porque se solucione el problema de los jubilados anticipados no voluntarios , se deba hacer con todos los jubilados anticipados

En cuanto a lo que dice del Real Decreto1380/84 no vemos que relación puede tener esto con lo planteado por FEVAAS, y menos que la existencia del citado Real Decreto 1.380/1984 pueda servir de justificación para denegar lo que solicitamos, ya que nosotros no estamos planteando la desaparición de coeficientes de los trabajadores afectados por ese Real Decreto, colectivo concreto de 2.346 personas sino a un colectivo genérico y más amplio.

Es por lo dicho, que tampoco vemos la relación de ese colectivo, con el colectivo por el que se realiza nuestra petición y con la consideración que se hace de la “ necesaria igualdad ante la Ley “. Ese colectivo es uno de los colectivos declarados en reconversión y el Real Decreto 1.380/1.984, tiene su origen en el Real Decreto-Ley 9/1981 de 5 de Junio de medidas sobre la Reconversión Industrial, medidas específicas, y por cierto mucho más generosas que las que afectaron al común de los mutualistas que tuvimos que acceder a la jubilación como consecuencia de un cese involuntario en el trabajo.

Las últimas líneas en que dicen “ Además se da la circunstancia que la pensión media de los trabajadores con jubilación anticipada es superior a la de los trabajadores que se jubilan a la edad ordinaria “ es debido a que sus cotizaciones fueron mayores y con esa manifestación acaban de negar el principio de contributividad, que establece que a mayores cotizaciones corresponden mayores prestaciones, pero eso no quita el hecho de que la Seguridad Social se aprovechó de las circunstancias aplicando coeficientes arbitrarios e injustos y hasta un catedrático de economía así lo reconocía. En la comparecencia ante la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo, el 29 de Septiembre de 2009, el profesor Valero Carreras, Catedrático de Econometría, Estadística y Economía Española de la Universidad de Barcelona manifestaba:

“La jubilación anticipada le sale rentable al sistema, porque lo que se paga, más lo que se deja de cobrar, es menos cuando una persona tipo, una persona media, se jubila a los 60 años que si se jubilara a los 65 años, por lo tanto desde el punto de vista económico, al menos con ejemplos medios, no está tan mal que la gente se jubile anticipadamente”

FEVAAS

Aunque en el informe se nos cita solo a FEVAAS, recordamos que con nuestra reclamación están AJCR (Asociación de jubilados de Ciudad Real) y ANAPP (Asociación de prejubilados y Pensionistas de Navarra), y formamos parte de CEPYP (Confederación Estatal de Prejubilados y Pensionistas)

Defendemos prioritariamente a los mutualistas (cotizantes antes del 1 de enero de 1967), jubilados anticipados no voluntarios por varias razones

– Entendemos que los jubilados voluntarios no pueden tener la misma consideración que los forzosos pues ellos han pactado unas condiciones que les interesaban.
-Somos los más antiguos de los jubilados anticipados, ya que la mayoría llevamos más de 20 años penalizados con una reducción de la pensión injusta y en la mayoría de los casos con más de 40 años de cotización.
-Actualmente somos un colectivo de unos 290.000 en toda España que en breve plazo se extinguirá debido a la alta edad del grupo, como lo reconocía el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en un informe de Octubre de 2012.
-Pedimos que el coste para la Seguridad Social de los mutualistas jubilados anticipados no voluntarios sea el mismo que los jubilados a la edad reglamentaria que entonces era a los 65 años, con lo cual el coeficiente reductor para los jubilados a los 60 años debiera haber sido el 3.45, por lo que, como hemos explicado en nuestros informes
al no haberse aplicado este coeficiente reductor justo, los jubilados a los 60 años debieran tener el 100% al llegar a los 72.5 años, y para los que se jubilaron a edades entre 60 y 65 años el cálculo viene en dichos informes, con un máximo de edad de 80.7 años.
-El coste total hasta que se extinga el colectivo de los mutualistas jubilados anticipados no voluntarios sería el resultado de multiplicar 1420 por la diferencia de edad entre la esperanza de vida y la edad media del colectivo, Este coste total es aproximadamente igual a lo que ha supuesto la reducción de los ingresos de la Seguridad Social desde 2013 para incentivar el empleo con las tarifas planas.
-El coste económico para la Seguridad Social para dar una solución en este caso nos parece asumible, ya que sugerimos llegar al máximo en varios años, por ejemplo tres o cuatro, con lo cual habría que dedicar unos 400 millones el primer año.

PARA LA SOSTENIBILIPADAD DE LAS PENSIONES

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PARA LA SOSTENIBILIPADAD DE LAS PENSIONES
GETAFE, MARZO / ABRIL 2018
Nos manifestamos los pensionistas por una cuestión de justicia y de necesidad, para exigir a
los poderes públicos el derecho constitucional que tienen los mayores de unas pensiones
dignas y su correspondiente actualización periódica, para mantener la suficiencia económica
que necesita la llamada tercera edad.
Lo dicen varios artículos de la Constitución Española vigente, entre ellos:
Título I. De los derechos y deberes fundamentales
Artículo 41
Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para
todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales
suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo.
La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.
Artículo 50
Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y
periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante
la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares,
promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que
atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.
También dice la
Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido
Sección 2. Artículo 109. Recursos generales.
1. Los recursos para la financiación de la Seguridad Social estarán constituidos por:
a) Las aportaciones progresivas del Estado, que se consignarán con carácter
permanente en sus Presupuestos Generales, y las que se acuerden para atenciones
especiales o resulten precisas por exigencia de la coyuntura.
b) Las cuotas de las personas obligadas.
Pero como sabemos, en 2013, y anteriormente, en 2011, los gobiernos de turno, con la
gravísima crisis financiera global, exportada desde Estados Unidos, en España no
supieron cómo paliar las graves consecuencias con la explosión de la bolsa inmobiliaria,
y para cuadrar las cuentas del déficit y de la deuda privada y pública solo se les ocurrió
recortar los gastos sociales, los instrumentos de la justicia, la sanidad, la dependencia, la
ayuda solidaria para la cooperación con el exterior, las pensiones en general, los
subsidios a desempleados y sectores de población excluida, recortes en la investigación
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hasta dejarla prácticamente inoperante, etc. y la reducción de casi un 5% de media de
los salarios en general de la clase trabajadora.
En cambio, con el dinero que la gente necesita para tener una vida digna, han
financiado la corrupción y la mala gestión de los bancos e instituciones financieras y
han mantenido:
· Los gastos de Defensa. Se deben 20.000 millones y la ministra actual se ha
comprometido con la OTAN (Estados Unidos) a subir el presupuesto a más de
30.000 millones en los próximos diez años, a partir del 2018.
· Rescate a autopistas de peaje,
· Subidas importantes de sueldo de los consejeros de las grandes corporaciones,
diputados, senadores, alcaldes, cargos de confianza, pagos a cargos y puestos
aunque no funcionen, aportaciones a partidos políticos, y a sus campañas
electorales, etc.
· Manteniendo instituciones y organizaciones públicas paralelas con funciones
duplicadas.
· Exenciones de impuestos a fundaciones, equipos de fútbol, iglesias y
organizaciones de dudosa utilidad pública
· Compensaciones a empresas “amigas” como el caso Castor,
· Edificios monumentales sin terminar y en estado de ruina, como la Ciudad de la
Justicia en Madrid
· Subvenciones a la sanidad y educación privada y concertada
· Aeropuertos sin aviones y estaciones de tren sin pasajeros
· Amnistía fiscal al dinero en paraísos fiscales sin preguntar por la legalidad de su
procedencia.
· ETC.
Por todo esto, aunque en este momento crucial nos estamos centrando en la
recuperación de las pensiones, toda la ciudadanía se ve afectada y, en consecuencia,
todos: jóvenes y mayores, mujeres y hombres, activos y jubilados deberían apoyar estas
reivindicaciones. Todos tenemos que unirnos, y elevar a los poderes públicos nuestro
grito de protesta por nuestros derechos, por la justicia y la dignidad.
Hoy, después de 10 años de medidas económicas del gobierno de turno, el PIB ha
crecido un 3% – según dicen- pero la brecha salarial entre hombres y mujeres, y entre
altos directivos y empleados ha crecido considerablemente durante este periodo. En
conclusión: Los ricos se han hecho más ricos y la clase media y pobre se han
empobrecido más.
Pero nosotros, no solo reivindicamos nuestros derechos, también aportamos soluciones
para que las pensiones sean sostenibles al presente y a futuro:
A corto plazo:
1. Nuevo impuesto a la transacciones financieras, especialmente, a la salida del
dinero de España.
2. Subida del impuesto a las SICAPS y subida efectiva del impuesto de sociedades.
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3. Subida de la cotización a la Seguridad Social de la parte empresarial de las
grandes empresas (no solo a los bancos) con un plus extra en función de la
proporción entre beneficios y número de empleados. Premiando en este plus
con una reducción en la proporción del número de empleados fijos por el total
de los empleados.
4. Subir el salario mínimo interprofesional,
5. Si después de las medidas anteriores aún falta dinero para el pago actualizado de
las pensiones, poner la diferencia que falte con los Presupuestos Generales
A medio y largo plazo:
1. Subir el salario de los trabajadores
2. Reducir el número de horas trabajadas por trabajador para repartir el trabajo y
así subir el número de empleos.
3. Derogar la reforma laboral de 2011, especialmente la subida de la edad de
jubilación, y dejarla, en términos generales, a los 65 años, para dar entrada a la
vida laboral de los jóvenes y reducir así la exagerada tasa de desempleo de los
jóvenes.
4. Reducir el nº de políticos y asesores, especialmente, en el Senado, en las
diputaciones y en las asambleas autonómicas, y reducirles las cuantías por
cargos de coordinación o representación. Por ejemplo, por coordinar las
reuniones del Pacto de Toledo, y aunque no haga nada, la Sra. Villalobos recibe
más de 1.500 € mensuales (adicional a su sueldo como diputada).
5. Derogar la reforma laboral de 2013, entre otra razones, para dar capacidad de
negociación y peso entre patronales y sindicatos y darle valor de ley a los
convenios colectivos sectoriales y territoriales, cuando recojan mejoras sobre los
convenios o pactos entre empresa y trabajadores, y para derogar el sistema que
legaliza el sistema de sostenibilidad basado en reducir de forma continua la
capacidad adquisitiva de las pensiones, decidido por el gobierno del PP, en la
referida reforma.
6. Aumentar el nº de inspectores de trabajo y de sanidad, que vigilen por el
cumplimiento de las leyes laborales, de seguridad y de higiene.
7. Aumentar el nº de inspectores fiscales que investiguen a presuntos
defraudadores por su diferencia entre el nivel de gasto y el de renta.
8. Hacer una profunda, proporcionada y justa reforma fiscal, para que paguen
proporcionalmente más los que tienen más patrimonio y más renta.
Por todo ello, los pensionistas y jubilados de España, convocamos a la población en
general, y le solicitamos y confiamos en su adhesión en la presión y exigencia a los
poderes públicos para que estos se pongan de acuerdo en dar soluciones permanentes,
revisables y justas, por un lado, al paro estructural existente en este país y, por otro, a
las precarias pensiones de jubilación, a las de viudedad y al resto de prestaciones
sociales.
Con la población unida con las organizaciones promotoras en estas justas exigencias, y
acompañando en todas las medidas legales posibles, como manifestaciones y con los
votos en las elecciones, podremos lograr, en beneficio de todos, que se ponga solución a
tan graves problemas sociales que tenemos en España.
Rafael Montes

Programa de TV sobre las pensiones. Millenium 24 de Abril 2017

Programa de TV sobre las pensiones. Millenium 24 de Abril 2017

Moderador: Ramón Colom
Participantes :
Tomás Burgos. Secretario de Estado de la Seguridad Social
Rafael Domenech. Catedrático de Economía de la Universidad de Valencia, Analista macroeconomía del BBVA, Componente del estudio sobre la sostenibilidad de las pensiones
Miren Echezarreta .Catedrática emérita universidad de Barcelona
Julio Perez Diaz, Doctor en Sociologia e investigador en demografía del C.S.I.C.

Empieza interviniendo Ramón Colom (RC): ¿Cual es el futuro de nuestras pensiones?. Vivimos más , tenemos menos hijos. Hay 9.5 millones de pensionistas, casi 2 trabajadores por pensionista. Los números no cuadran. Hay que sacar dinero de la hucha de las pensiones, ¿esta situación es coyuntural’¿Será posible cobrar las pensiones en el futuro? El Secretario de Estado nos dirá que no hay que preocuparse pero los trabajadores piensan que igual no van a cobrar.

Tomás Burgos (TB)
El sistema goza de una situación importante. El momento es complicado porque se perdieron 3.5 millones de empleos, con una importante pérdida de recursos y por tanto el sistema de reparto y contributivo vía cotizaciones de los trabajadores y empresas no puede por menos que flexionarse.
Tenemos un escenario coyuntural complejo, con un desafío estructural por la situación demográfica actual y futura. Hay que pensar en una decisión a medio y largo plazo. El empleo se recupera por lo que las pensiones no tienen porqué correr riesgos. Las pensiones están garantizadas.
Hay que diseñar el sistema para el futuro y se basa en un contrato entre generaciones. Cuando llegue el momento el sistema me va a responder. Por tanto mis aportaciones están contribuyendo sobre esa base. Hablar de riesgo, sobre una situación futura puede comprometer ese compromiso entre generaciones

Rafael Domenech (RD)
El sistema de reparto es el pilar fundamental y no se trata de sustituir algo que funciona. Hay que ir cambiándolo a medida que cambia la sociedad por algo distinto, como puede ser el sistema de capitalización. El sistema que se adopte debe cumplir el principio de tratar de asegurar las pensiones , que deben ser más elevadas cada vez. Pero el sistema de reparto es el fundamental del estado de bienestar

Miren Echezarreta (ME)
Me alegro de lo que estoy oyendo. Percibo un cambio importante en el planteamiento que se ha hecho. Hace pocos años se decía :No habrá dinero para las pensiones. Las pensiones bajarán sustancialmente. Han dicho que las pensiones se mantendrán, en especial Tomás Burgos. Me alegro de esto. Veo un talante diferente.
Pienso que la corriente de fondo que las pensiones no se van a poder cobrar permanece por los problemas financieros diciendo que las pensiones son caras y no se podrán sostener.
Se decía que las pensiones públicas tienen problemas financieros y se ha generado una psicosis de crisis que no tiene porqué corresponder con la realidad y esto se ha generado voluntariamente porque se pretende potenciar las pensiones privadas. Esta psicosis creada ha ocasionado que la gente piense que no habría dinero cuando le llegue la jubilación.

RC
Se utiliza la excusa de la demografía y de la pirámide invertida para hacer recortes de las pensiones. ¿Cree que es necesario?

Julio Perez Diaz (JPD)
No . Me sumo a lo dicho anteriormente. No hay que interpretar la evolución demográfica española como un motivo de apocalipsis. Lo de la pirámide invertida es curioso . Se habla de un suicidio de la demografía en España , cuando estamos en la mejor situación, la más feliz en términos demográficos.en la historia de España. Estamos en una situación paradójica porque en términos demográficos venimos de una evolución rapidísima.
En el siglo XX la esperanza de vida en España era de 35 años y un siglo después con una población que ha pasado de 18 millones a cuarenta y tantos, ha aumentado espectacularmente, estando entre los 5 o 6 países con mayor esperanza de vida.

RC

Me alegro de sus intervenciones. No habrá recortes, la gente podrá cobrar sus pensiones. El debate está en la calle, ¿qué va a pasar con las pensiones’ ¿Los trabajadores de hoy cobraremos una pensión digna el día de mañana? Veamos el reportaje

Hay intervenciones de personas de la calle e interviene el profesor de economía experto en pensiones José Ignacio Conde-Ruiz
En el futuro habrá más pensionistas y menos trabajadores. Dentro de 30 años habrá 1 persona por cada jubilado. Existe un problema demográfico y habrá más pensionistas. Pone un ejemplo en el 2050 de una trabajadora y su hija y dice que la hija tendrá que trabajar más años para tener la misma pensión que la madre.
Se oye una voz “Los expertos dan la voz de alarma , el sistema actual está al borde del colapso.
Pregunta RC,¿las pensiones son sostenibles?

TB
Claro que son sostenibles, pero hay que sostenerlas con actuaciones concretas, con reformas prudentes. Siendo un sistema de reparto y contributivo el esfuerzo tiene que venir con la creación de empleo y el aumento de la productividad, con un aumento de la capacidad económica de nuestro país para garantizar o mejorar las pensiones
Se han atravesado situaciones peores y más complicadas. En 1993 teníamos el nivel de relación más bajo de la relación entre afiliados y pensionistas y 20 años después , con más ciudadanos, se están pagando pensiones más altas y durante más tiempo. La cosa no es tan simple como la relación entre el número de trabajadores y el nº de pensionistas. Las pensiones son sostenibles en la medida que los poderes públicos pueden contribuir.. De hecho el estado paga las no contributivas y los complementos a mínimos, que suponen 13.000 millones.
Claro que son sostenibles ,pero exige un esfuerzo

ME
Siento decir que el reportaje reúne todos los tópicos erróneos sobre las pensiones. Me sorprende el análisis del experto. Lo dicho no se sostiene en un análisis riguroso y lo dice Tomás Burgos. Las pensiones no están en peligro como se ha dicho. La pensión es un derecho de tener un fin de vida digno.
Me felicito de las intervenciones de hoy. Las pensiones son un derecho de la población y el final de la vida debe ser digno.
Ahora bien, se están sosteniendo en unas condiciones, y en esto discrepo con TB, que disminuyen la capacidad adquisitiva de los pensionistas. Los pensionistas tienen una menor capacidad adquisitiva y las pensiones son bastante modestas. El 70% están por debajo de 1000 € y la mitad de las pensiones son menores de 650 €. Hay que plantear si aceptamos que son sostenibles, a que nivel vamos a plantear esta sostenibilidad porque a estos niveles es una muerte lenta. No se puede hablar de sostenibilidad sin antes hablar de niveles de las pensiones. Ahora son bajos.
Me alegro que TB diga que hay que mejorar las pensiones. Las pensiones este año han perdido poder adquisitivo y hasta las previsiones de la OCDE lo dicen, que las pensiones seguirán perdiendo poder adquisitivo.
Son sostenibles, pero a que niveles. No podemos olvidar que hoy en día con la pensión se están cubriendo necesidades de muchas familias con parados, sin ingresos y están sirviendo para una redistribución de la renta. La dignidad de los pensionistas está bastante en cuestión .

RD
No comparto cuando se dice que las pensiones han perdido capacidad adquisitiva.
La pensión media, o sea lo que se paga dividido por el nº de pensiones, corregida con la evolución de los precios o sea con la inflacción ha subido un 16.6% y eso hay que ponerlo en valor. A pesar de la crisis la pensión media ha subido.
A pesar de que el desempleo llegó a estar cerca el 27%, con tres millones de empleos destruidos, la pensión media ha subido. ¿Es suficiente? No .Debe mejorar repartiendo la riqueza sobre la base de más crecimiento del empleo y de más crecimiento de la productividad. En esto se basa un sistema de reparto

JPD
Quiero añadir un comentario en cuanto a la relación de las edades de la madre y la hija citados en el reportaje, eso se llama dependencia senil.
La relación de cuantas personas mayores de 65 años entre personas activas es una falacia y me sorprende que se siga utilizando. Enlazando con lo que dice TB como se entiende que con los mismos trabajadores y 7 millones de persona más, las pensiones son mayores. La razón es la productividad. Cuanto producían los trabajadores en el 64 y cuanto producen ahora. En el 64 un tercio de los trabajadores estaban en el sector primario, y con el transvase de parte de estos al sector secundario todo mejoró. Decir el nº de trabajadores es arcaico y si vemos el ejemplo de la madre y la hija ,lo que produce la hija no tiene nada que ver con lo que produce la madre. En el futuro no sabemos como va a evolucionar la productividad. Los futuros trabajadores serán de un perfil mejor. Eso justifica que las pensiones medias fueron subiendo Los que salen por defunción son sustituidos por trabajadores cuya pensión va a ser mejor y esta cuestión es prometedora en España.

ME
Quiero corregir a lo que ha dicho Domenech. Soy pensionista. Mi pensión no ha subido. Si dividimos el gasto total entre el nº de pensionistas, la media ha subido pero la pensión de la gente normal no ha subido. Las pensiones de la gente normal no han subido, aunque las pensiones de los jubilados nuevos son mayores. Desde el año 2011 en que las pensiones se congelaron no han subido y en los tres años últimos ha subido el 0.25%. Este año el IPC ha subido el 2.2% y las pensiones el 0.25 en los dos últimos años. Los precios estadísticamente suben menos pero donde gastan los pensionistas, digamos lo que han subido el gas, la electricidad, elementos básicos , alquileres, han subido bastante más.
El incremento de la pensión no responde al IPC, sino a una formula que la gente de la calle no entiende. Las pensiones han bajado en capacidad adquisitiva. Uds parten de la base que el sistema es de reparto, y estoy de acuerdo, pero dan por hecho que es inamovible y eso lo pongo en cuestión. Uds dicen, si es necesario se financian con impuestos, por tanto no es estrictamente de reparto sino con apoyo del erario público. Los trabajadores son los que lo financian a través de sus salarios. pero que pasa con la parte de la sociedad, que no es la de los salarios. Hay que incluirlo en el debate.

TB
El modelo de reparto es el que define nuestra constitución, es el nuestro pero siempre ha habido aportaciones del estado en mayor o menor medida y tendrá que haberlo en el futuro. Pero eso no compromete el sistema de reparto. Delimita las responsabilidades de financiación que incorpora varias facetas. Hay que delimitar quien tiene que aportar para que no comprometa el sistema de reparto.. Al que cobra siempre le parecerá poco la revalorización que se produzca incluso al que cobra la máxima pensión. Sabemos que en los últimos años todas las pensiones de este país han ganado poder adquisitivo, por encima del IPC. Eso es una realidad que nos consta económicamente . El sistema no está pensado para bajar las pensiones, ni para subirlas, pero es claro que se congelaron y veremos lo que ocurre en el 2017.. El IPC es el único elemento de conexión con la realidad que teníamos. Ud dice que no le gusta, pero lo abandonamos por otro para ver las necesidades del sistema. Estudiamos que había otro mejor relacionado con la capacidad del sistema en general. No es problema de modelo, es de decisión política. Es la elección de todos los españoles que deberían decidir en que se quieren gastar los recursos.

RC
Hablamos de cosas distintas , yo le hablo de un pensionista que me dijo: la pensión me ha subido 50 céntimos. Los macro números van en aumento en las prestaciones pero se producen choques concretos y puntuales. La electricidad sube, en cambio las pensiones no suben. No será que hay un grupo de pensionistas que cobra pensiones reducidas y que ese 0.25 no les resuelve.

TB
Hay que ponerse de acuerdo en el mecanismo de revalorización. Si no vale el IPC, ni el actual sistema, hay que pensar en otros sistemas. Hay que adoptar decisiones que afectan al conjunto del sistema, no solo a una persona en particular. Ese 025 % supone más de 2000 millones sobre lo anterior y alguien lo tiene que financiar. Pero hay que ver como conseguiremos el financiarlo. De donde sale el dinero

RD
Eso es lo que tiene el sistema de reparto, que una parte sale de la sociedad. En España los trabajadores ponen el 28.3 %, en otros países el 2%, como Dinamarca,y el resto se financia con impuestos indirectos. Pero esto forma parte de un consenso nacional. Pero hay que poner un índice de revalorización a la subida de las pensiones que se modula en función de otros elementos, como es generar la riqueza nacional en relación al crecimiento.
Es posible aportar más recursos, pero no es gratuito, alguien lo tiene que poner. Eso es lo que hay que debatir.

ME
Es un problema de distribución de la renta y no se reconoce. Siempre el consenso se orienta en una dirección. No le decimos, Ud podrá elegir donde van sus fondos. Se dice .No hay dinero para las pensiones públicas y eso se ha asumido.
El sistema de reparto como está planteado , no como el de Dinamarca, ahora lo hacen mayoritariamente los trabajadores en activo ,la otra parte de la renta como es el capital no contribuye en absoluto al mantenimiento de las pensiones de los mayores. Las tenemos que mantener entre todos, no solo los trabajadores. La participación del Estado en lo no contributiva, con 13000 mill. es poco, teniendo en cuenta que el coste de las pensiones es de 110.000. En una sociedad avanzada toda la sociedad participa, lo tenemos que mantener entre todos y no se plantea el consenso social en estos términos. La parte que cotizan las empresas se computa como remuneración del trabajo, por tanto , la otra parte de la riqueza nacional, la mitad de la riqueza social o sea la parte del capital no aporta para los 9.5 millones de jubilados. Por eso, reformar el sistema de la seguridad social de forma mucho más amplia , no con poco cada vez y que la parte de la sociedad que no contribuye debe hacerlo.

TB
Esa es la línea que ha seguido el sistema a lo largo de los años. Hace años la sanidad se pagaba con las cotizaciones de los trabajadores, ahora se paga con impuestos, que vienen de la parte que Ud dice que no contribuye y se ha hecho con otros bloques de gastos.
Podemos seguir en esa línea, como por ejemplo ahora poner encima de la mesa que se financie con impuestos, por ejemplo,:Las políticas activas de empleo, los gastos de personal, bienes y servicios de la seguridad social, jubilaciones parciales y otras cosa. Podemos decidir muchas cosas. Hay que hacer un acuerdo para decidir lo que hay que financiar sin abandonar el curso de lo hecho hasta ahora. tenemos 1 millón más de personas activas que cuando comenzó la crisis. Hemos introducido prestaciones nuevas, como los complementos de maternidad, subiendo las pensiones de las mujeres con hijos, en este caso hasta un15%, hemos introducido la compatibilidad de salarios y pensiones para una prolongación de la vida laboral. Hay muchas prestaciones que han mejorado, como la orfandad, antes se pagaba hasta los 21 años , ahora hasta los 25 años.. Lo hemos hecho en momentos de crisis, de necesidades económicas y con serias dificultades. El sistema ha ganado en capacidad de coberturas. En ese camino podemos seguir con aportaciones del Estado y las aportaciones de empresa y trabajadores. Podemos ganar en eficiencia con la lucha contra el fraude

RC
De los dos argumentos que he tomado nota.
–Pacto entre generaciones
–Consenso entre las fuerzas de la sociedad española
¿Deberíamos haber pactado para que no hubiera una discrepancia continúa entre las fuerzas políticas y sindicales?

TB
El pacto lo tenemos. Ahora toca renovar el pacto de Toledo y hay que actualizarlo

RD
Estamos en una sociedad que cambia , que afronta nuevos retos, sociales, demográficos. No tenemos la bola de cristal para saber que va a pasar dentro de 20/30 años ¿Qué va a pasar con la medicina, la biología, las nuevas tecnologías, robotización , etc. El pacto se tiene que ir adaptando constantemente . Antes la edad de jubilación era inamovible. Ahora vivimos más. Tendremos que decidir como llegamos a ese pacto, como lo queremos hacer:
—Aumentando la edad de jubilación
—Aportando más recursos para el pago de las pensiones
Aunque pongamos más dinero, ese dinero sale de la capacidad del sistema, no es gratis. Sale de la capacidad de las empresa y de los trabajadores que forman parte de lo mismo.. Es el sistema productivo con su capacidad de generar riqueza y como la repartimos para atender a los jubilados

ME
Estoy sorprendida agradablemente. Hablamos que es un problema de distribución de la renta, no de falta de fondos, pero no se ha planteado así hasta hace poco. Esto nos lleva directamente al tema fiscal. Los impuestos los pagan fundamentalmente los trabajadores y los consumidores. Los impuestos no los pagan tanto los beneficios del capital. Hay que plantear la fiscalidad. Hay que vigilar el fraude y la economía sumergida. Pero me preocupa un elemento que se dice poco que es la elusión fiscal, que consiste en no pagar impuestos legalmente. Se elude el pago de impuestos .Aunque no está cuantificado tiene una magnitud muy próxima al fraude fiscal. Hay que cambiar el sistema fiscal y esto permitiría muchas mejoras,
La distribución de la renta se haga de una manera diferente. El pensionista dice he pagado y pienso que me pagarán cuando me jubile , y hay una rotura cuando le dicen que va a tener problemas.
El consenso se debe plantear de acuerdo con las condiciones reales, con toda la sociedad contribuyente. Hay dinero pero se debe hacer el consenso de acuerdo con las opciones reales que supone el mantenimiento de las personas mayores por todos.

JPD
Estoy gratamente sorprendido por el tono y tipo de propuestas. Aprovecho para hablar de demografía. La amenaza demográfica no es solo lo que suponga para las pensiones. En general se habla de crisis incluso sociales, políticas en torno a la familia etc
Quiero tranquilizar en estas cosas. Lo digo porque la crisis del sistema de pensiones se incluye dentro de un sistema general en la que se piensa que se ha hecho y ahora pagamos las consecuencias…..Vemos que las personas son más solidarias. Se dicen muchas cosas y además adornadas de demografía

Y AHORA ¿QUE?

¿Y AHORA QUÉ?
¿Y AHORA QUÉ?

El día uno de junio los jubilados, y una inmensa mayoría de los ciudadanos del país, celebramos la caída del Gobierno del PP. Esto fue posible mediante una moción de censura, basada en la actuación de una mayoría de dirigentes del PP que han estado metiendo mano en las arcas del Estado sin ningún pudor.
En el cambio de Gobierno ha sido nombrada Ministra de Trabajo Magdalena Valerio. Hasta ahora, además de ser Secretaria Federal del PSOE para el Pacto de Toledo, es funcionaria en la administración de la Seguridad Social. Ha simultaneado ambos cargos a costa de tener que trabajar muchas tardes y sacrificar días de vacaciones y de libre disposición para ocuparse de las tareas del PSOE.
El hoy Presidente del Gobierno, junto a Magdalena y con otros dirigentes del partido, diseñaron y han estado llevando a cabo la campaña pública por unas pensiones dignas, en múltiples actos en lo que llevamos de año, y cuyo primer objetivo era eliminar la ley del 0,25 y de sostenibilildad, además de los “gastos impropios” y aumentar la recaudación mediante impuestos.
Entendemos que la Ministra debe dar prioridad a la presentación ante las Cortes Generales de la anulación de la ley mencionada y volver a la subida en función del IPC con la cláusula de actualización.
Tenemos que denunciar la actitud del PP y Ciudadanos, con la ayuda de la minoría separatista catalana de derechas, de intentar poner una cláusula para que, en caso de crisis económica, solo suban las pensiones más bajas. Entendemos que para la derecha económica los pensionistas somos una carga. Hemos pagado nuestras pensiones. ¿Dónde está ese partido (Ciudadanos) que llegó a la política denunciando gastos innecesarios o excesivos de la administración (diputaciones, Senado, asesores políticos…)?
Si no se puede, en estos momentos, hacer una reforma laboral integral, que llevará mucho tiempo, sí se puede y se debe, con la máxima urgencia, derogar los artículos que dan prioridad a los convenios de empresa sobre los provinciales y nacionales, que es lo que ha permitido el hundimiento de los salarios y la explotación de los jóvenes.
Se debe endurecer la legislación para evitar la situación de los falsos autónomos porque lo único que se ha conseguido es la precarización de su empleo y la defraudación a la Seguridad Social.
En sus charlas, la Ministra ha estado denunciando los fraudes en los contratos y la no cotización de más de nueve millones de horas al mes, lo que supone un fraude a las personas que las han realizado y a la Seguridad Social. Ha llegado el momento de combatirlas con los medios de los que se disponga. En este punto la cooperación de los sindicatos es esencial.
El anterior Gobierno nos ha estado engañando sin descanso con la cantinela de que no había dinero para las pensiones y modificó la ley para impedir su subida. Creemos que ha llegado el momento de las cuentas claras. Corresponde al Ministerio de Trabajo hacer desaparecer, en los próximos presupuestos, los “gastos impropios” (según nuestros cálculos más de 11.000 millones anuales).
El déficit de los autónomos tiene que ser asumido por los Presupuestos Generales. Da vergüenza que se tenga a las viudas con pensiones miserables, cuyos maridos han cotizado, y estemos pagando más de 6.000 millones para el déficit de los autónomos.
Los jubilados seguiremos saliendo a la calle, en este momento en apoyo al nuevo Gobierno, pidiéndole que cumpla con sus compromisos. Somos conscientes de que cualquier ley tiene que pasar por Las Cortes, donde no hay mayoría, para lo cual hace falta negociar con los grupos parlamentarios. Los ciudadanos, y en particular los jubilados, tomaremos nota de lo que haga cada uno para las próximas elecciones.
El Gobierno anterior no sabemos qué ha hecho con la subida de las viudas. Lleva 6 años sin darles la aprobada en 2011. Siguiendo con su línea, creemos que este año las ha vuelto a estafar. Dedicaremos otro boletín a este asunto, que consideramos un agravio para el colectivo, e incluiremos una propuesta para darle solución. No se puede permitir que la pensión de viudedad sea un 52% de la base reguladora.

PRÓXIMAS PUBLICACIONES

• La estafa a las viudas
• La estafa a los autónomos (los principales estafados, ellos mismos)
• Financiación de la Seguridad Social

En ADEPPU, asociación en defensa de las pensiones públicas, tiene cabida, con independencia de su edad, todo el que comparta nuestra finalidad. Creemos que la Seguridad Social es una gran desconocida y estamos tratando de informar en función de nuestras posibilidades (muy escasas). Necesitamos apoyo para difundir nuestras pretensiones y hacerlas llegar a la sociedad.

Si compartes nuestra inquietud, ponte en contacto con Nosotros
adeppu@adeppu.org Teléfono: 659089696

BOLETÍN Nº 4

EL SISTEMA DE PENSIONES PARA
DEFENDERLO HAY QUE CONOCERLO
adeppu@adeppu.org
SALVEMOS EL SISTEMA DE PENSIONES

¿Y AHORA QUÉ?

El día uno de junio los jubilados, y una inmensa mayoría de los ciudadanos del país, celebramos la caída del Gobierno del PP. Esto fue posible mediante una moción de censura, basada en la actuación de una mayoría de dirigentes del PP que han estado metiendo mano en las arcas del Estado sin ningún pudor.
En el cambio de Gobierno ha sido nombrada Ministra de Trabajo Magdalena Valerio. Hasta ahora, además de ser Secretaria Federal del PSOE para el Pacto de Toledo, es funcionaria en la administración de la Seguridad Social. Ha simultaneado ambos cargos a costa de tener que trabajar muchas tardes y sacrificar días de vacaciones y de libre disposición para ocuparse de las tareas del PSOE.
El hoy Presidente del Gobierno, junto a Magdalena y con otros dirigentes del partido, diseñaron y han estado llevando a cabo la campaña pública por unas pensiones dignas, en múltiples actos en lo que llevamos de año, y cuyo primer objetivo era eliminar la ley del 0,25 y de sostenibilildad, además de los “gastos impropios” y aumentar la recaudación mediante impuestos.
Entendemos que la Ministra debe dar prioridad a la presentación ante las Cortes Generales de la anulación de la ley mencionada y volver a la subida en función del IPC con la cláusula de actualización.
Tenemos que denunciar la actitud del PP y Ciudadanos, con la ayuda de la minoría separatista catalana de derechas, de intentar poner una cláusula para que, en caso de crisis económica, solo suban las pensiones más bajas. Entendemos que para la derecha económica los pensionistas somos una carga. Hemos pagado nuestras pensiones. ¿Dónde está ese partido (Ciudadanos) que llegó a la política denunciando gastos innecesarios o excesivos de la administración (diputaciones, Senado, asesores políticos…)?
Si no se puede, en estos momentos, hacer una reforma laboral integral, que llevará mucho tiempo, sí se puede y se debe, con la máxima urgencia, derogar los artículos que dan prioridad a los convenios de empresa sobre los provinciales y nacionales, que es lo que ha permitido el hundimiento de los salarios y la explotación de los jóvenes.
Se debe endurecer la legislación para evitar la situación de los falsos autónomos porque lo único que se ha conseguido es la precarización de su empleo y la defraudación a la Seguridad Social.
En sus charlas, la Ministra ha estado denunciando los fraudes en los contratos y la no cotización de más de nueve millones de horas al mes, lo que supone un fraude a las personas que las han realizado y a la Seguridad Social. Ha llegado el momento de combatirlas con los medios de los que se disponga. En este punto la cooperación de los sindicatos es esencial.
El anterior Gobierno nos ha estado engañando sin descanso con la cantinela de que no había dinero para las pensiones y modificó la ley para impedir su subida. Creemos que ha llegado el momento de las cuentas claras. Corresponde al Ministerio de Trabajo hacer desaparecer, en los próximos presupuestos, los “gastos impropios” (según nuestros cálculos más de 11.000 millones anuales).
El déficit de los autónomos tiene que ser asumido por los Presupuestos Generales. Da vergüenza que se tenga a las viudas con pensiones miserables, cuyos maridos han cotizado, y estemos pagando más de 6.000 millones para el déficit de los autónomos.
Los jubilados seguiremos saliendo a la calle, en este momento en apoyo al nuevo Gobierno, pidiéndole que cumpla con sus compromisos. Somos conscientes de que cualquier ley tiene que pasar por Las Cortes, donde no hay mayoría, para lo cual hace falta negociar con los grupos parlamentarios. Los ciudadanos, y en particular los jubilados, tomaremos nota de lo que haga cada uno para las próximas elecciones.
El Gobierno anterior no sabemos qué ha hecho con la subida de las viudas. Lleva 6 años sin darles la aprobada en 2011. Siguiendo con su línea, creemos que este año las ha vuelto a estafar. Dedicaremos otro boletín a este asunto, que consideramos un agravio para el colectivo, e incluiremos una propuesta para darle solución. No se puede permitir que la pensión de viudedad sea un 52% de la base reguladora.

PRÓXIMAS PUBLICACIONES

• La estafa a las viudas
• La estafa a los autónomos (los principales estafados, ellos mismos)
• Financiación de la Seguridad Social

En ADEPPU, asociación en defensa de las pensiones públicas, tiene cabida, con independencia de su edad, todo el que comparta nuestra finalidad. Creemos que la Seguridad Social es una gran desconocida y estamos tratando de informar en función de nuestras posibilidades (muy escasas). Necesitamos apoyo para difundir nuestras pretensiones y hacerlas llegar a la sociedad.

Si compartes nuestra inquietud, ponte en contacto con Nosotros
adeppu@adeppu.org Teléfono: 659089696

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¿Y AHORA QUÉ?

Actividades de FEVAAS 2016

ACTIVIDADES DE FEVAAS EN 2016

Pueden agruparse en dos apartados bien definidos: directas e indirectas.

Dentro del primero se incluyen la serie de contactos mantenidos a lo largo del ejercicio, con diputados de los grupos parlamentarios del Congreso integrados en la XI y XII Legislaturas, la mayoría de ellos, portavoces de las Comisiones del Pacto de Toledo y de Empleo y Seguridad Social.

En todos los casos el tema fundamental han sido los mutualistas y su problemática. Nos hemos basado en los dos dossieres ya conocidos: Diciembre 2012 y Mayo 2015 (éste referido al coeficiente justo del 3,45 %). Documentación que se les entregó, comentó y pormenorizó detenidamente.

También, en todos los casos, hemos mencionado nuestra pertenencia a CEPYP, no solo de FEVAAS, sino también de AJCR y ANAPP, quienes comparten nuestro punto de vista respecto al mencionado colectivo.

Los encuentros han sido promovidos por nosotros (Ernesto Gastelu-Iturri y Miguel Gortari), excepto el del PSOE, cuya gestión la llevó AJCR. Cronológicamente han sido los siguientes:

1 Marzo. Madrid
Carles Campuzano (ex CiU).
Marian Beitialarrangoitia y Onintza Enbeitia (EH BILDU).

14 Marzo. San Sebastián
Iñigo Barandiarán (PNV)

24 Mayo.Madrid
Javier Maroto, Carolina España y José Ignacio Echaniz (PP). Previamente, el día 3, tuvimos un encuentro en Vitoria con directivos del PP del País Vasco. ( Carmelo Barrio, Laura Garrido y Ana Salazar)

21 Julio. San Sebastián
Isabel Salud (diputada) y Antón Karrera, directivos de IU en el País Vasco, para que nos facilitaran el contacto con PODEMOS. Estamos a la espera.

12 Diciembre. Madrid
Rafael Simancas y Mercé Perea (PSOE)
Fernando Navarro y Carlos Vitoria (CS), al no podernos atender los portavoces titulares.

Indirectamente, hemos participado en actividades en Álava y Guipúzcoa. En la primera de manera personalizada ya que Aprejual no figura como miembro de la Asociación POR UNA VIDA DIGNA, que engloba a diversas organizaciones. En el segundo caso a través de la PAMG (Plataforma de Asociaciones de Mayores de Gipuzkoa) junto con otras cuatro organizaciones.

En ambos casos, todas las actividades han tenido como único objetivo la defensa a ultranza del sistema público de pensiones. En Vitoria se han llevado a cabo numerosas concentraciones, charlas, conferencias (en una participó Miren Etxezarreta), reportajes, tertulias etc. En Gipúzkoa, lo más destacado, aparte de algunas comparecencias en radios, prensa y TV, fueron las importantes concentraciones del 1 de Octubre en San Sebastián e Irún, y las del lunes día 3 en 48 localidades de la provincia.

Al finalizar el año, han tenido lugar un par de asuntos de relativa importancia. El primero es que ha habido contactos con organizaciones del País Vasco y Navarra con objeto de hacer causa común para la defensa de las Pensiones públicas, de cara a los próximos PGE. Se pretende hacer llegar nuestras reivindicaciones a los Gobiernos de ambas comunidades, al menos en los aspectos de Protección Social que están transferidos.

El segundo corresponde al Consejo Foral de Personas Mayores. Algunas organizaciones de la PAMG, que no estamos integradas en el mismo, hemos solicitado su admisión. Nosotros lo hemos hecho en nombre de FEVAAS y de las tres asociaciones que tenemos aquí. Si nos admiten , puede ser la llave que nos abra las puertas en Álava y Vizcaya, pues hasta ahora estábamos siendo vetados permanentemente.

Al margen de estas actividades considero de interés el reflejar que la agencia COLPISA, tras algunos contactos, publicó el pasado 24 de Diciembre un interesante artículo firmado por Amparo Estrada. Hablaba de los problemas de los mutualistas y apareció en los periódicos del grupo Vocento, y en otros ajenos, como el “Diario de Navarra”