La Seguridad Social cierra con déficit el 2011

El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha confirmado hoy que no se va a producir superávit alguno en el sistema en 2011.

En la rueda de prensa para valorar los datos del paro registrado y la afiliación a la Seguridad Social del año pasado, Burgos ha señalado que habrá que valorar cuál es el déficit, pero no ha querido precisar hasta no tener los datos definitivos.

En cualquier caso, ha insistido en que no habrá superávit en 2011.

Burgos se ha referido a que la última previsión real que estableció el Gobierno anterior respecto a los ingresos y gastos del sistema apuntaba a un 0,4 % de superávit a final del año, pero que a día de hoy, y a la espera de que se confirmen los datos, no será así.

Según Burgos, la relación entre afiliados y pensionistas es del 2,46 %, es decir, que “cada pensionista se mantendría por 2,46 cotizantes”, ocupados o desempleados, la tasa más baja desde diciembre de 2003, ha explicado.

Por su parte, la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ha subrayado los malos datos del paro en diciembre de 2011 y ha reiterado la necesidad de acometer la reforma laboral, “a ser posible” de acuerdo con los agentes sociales.

En este sentido, ha apelado a la responsabilidad de empresarios y sindicatos para que haya acuerdo y ha dicho que, tras la reunión que han mantenido con la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, las perspectivas “son buenas “.

Hidalgo también ha manifestado su deseo de que exista el mayor acuerdo posible, pero ha avisado de que la responsabilidad del gobierno es “actuar” si no se alcanza.

Asimismo, ha considerado “preocupante” el aumento de la temporalidad por la caída que han sufrido los contratos indefinidos desde 2007, cuando representaban el 11,9 % del total hasta 2012, cuando el porcentaje es del 7,5 %.

También ha recalcado que el dato del paro en diciembre es “sustancialmente más negativo” que hace un año, cuando se redujo en 10.221 personas el mismo mes.

Respecto al plan Prepara, que contempla la ayuda de 400 euros para los parados que hayan perdido la prestación o el subsidio, ha dicho que hasta el 30 de diciembre han participado 268.545 personas y que con la prórroga de dicho programa se prevé que haya 202.000 más

Recuperación y normalidad

Los pronósticos para la economía mundial en 2012 no son buenos. La crisis en Europa se intensifica y la economía en Estados Unidos no ha terminado su ciclo depresivo. Y hasta China, la economía más dinámica del mundo, terminará con una tasa de crecimiento inferior para el año que acaba de comenzar. Todo indica, pues, que el nuevo año no será fácil.

Las opciones de política aplicadas en la mayoría de los países afectados por la crisis colocarán a la economía mundial en la trayectoria de una recesión prolongada. Una parte de la discusión en Europa sigue centrada sobre el papel del Banco Central Europeo (BCE) y la necesidad de convertirlo en prestamista de última instancia. De esta manera se busca reconstruir el vínculo entre política monetaria y fiscal al permitirle intervenir directamente en los mercados de deuda soberana. Pero este camino parece cerrado y no hay indicios de que en un futuro cercano se pudieran establecer las bases de un arreglo diferente. Lo último que se decidió en la cumbre del 9 de diciembre pasado fue iniciar un proceso en el que a la larga se fortalecería el control sobre la política fiscal de los países miembros de la Unión Europea (UE). El objetivo final en ese caso sigue siendo la imposición de una más intensa austeridad fiscal, lo que no es un buen augurio para la economía europea dado que no ataca las causas de la crisis.

Antes de la debacle del mercado de bonos de Italia ya se pronosticaba un débil crecimiento económico en todo el mundo para los próximos años. Eso es normal debido al problema que representa la recapitalización de los bancos europeos. Así, para las economías de la eurozona el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica una expansión de apenas uno por ciento este año. La previsión de la Unión Europea es todavía más pesimista: 0.6 por ciento. La profundización de la crisis en Europa tendrá repercusiones duraderas sobre la economía mundial. Para el conjunto de las economías desarrolladas, la tasa de crecimiento será de 1.9 por ciento a lo largo de 2011.

La crisis actual ha recibido en Estados Unidos el nombre de Gran Recesión, con lo que se quiere evitar la referencia dolorosa a la Gran Depresión. Pero la historia económica de los últimos 45 años demuestra una propensión hacia la mediocridad en la recuperación después de cada ciclo de negocios. Y la actual crisis, o como se le quiera llamar, no hace sino confirmar esa tendencia.

Los modelos del Instituto de Investigaciones Sobre Ciclos Económicos (ECRI, por sus siglas en inglés) indican que dentro de pocos meses la tasa de desempleo abierto podría volver a aumentar y a rebasar el temido umbral de 10 por ciento. Eso podría coincidir con la elección presidencial y causar problemas adicionales a la campaña de Barack Obama en un momento en el que los candidatos republicanos compiten por ver quién es más conservador.

Más grave todavía es el hecho de que la amplificación de la recesión en Europa tendrá el efecto de un choque externo en la economía estadounidense, anulando cualquier posibilidad de recuperación. Aun cuando apenas 16 por ciento de las exportaciones estadounidenses se dirigen hacia Europa, la recesión prolongada en la UE afectará el mercado laboral en Estados Unidos.

Además, la crisis financiera en Europa también afectará el valor de los activos financieros que los agentes estadounidenses mantienen en la eurozona y eso tiene un efecto importante sobre su riqueza y, por tanto, sobre su poder de compra. Además, una buena parte de los bancos estadounidenses se encuentra seriamente expuesto frente al riesgo de una moratoria de la deuda de varios países europeos debido a swaps o seguros de deuda.

A pesar de todos los avisos, hoy el mundo capitalista desarrollado se encierra en una histeria de austeridad, mientras que ninguno de los problemas que provocaron la crisis recibe la atención que merece. Como todas las recetas de política económica que se aplican están equivocadas, uno acaba por preguntarse ¿cuál es ese estado de normalidad hacia el cual nos debería llevar la recuperación (si es que existe)?

Al buscar respuesta comienza a ser menos sorprendente la ceguera de los responsables de la política económica en los centros de poder. Claro, porque la normalidad a la que se quiere regresar es la pesadilla neoliberal.

Desde hace 30 años la economía mundial desciende por una espiral hacia una mayor desigualdad, más desempleo, menos crecimiento y una destrucción ambiental sin paralelo en la historia. ¿De qué se sorprenden los hacedores de la política económica y sus acólitos en la prensa internacional de negocios? Desde hace dos décadas, por lo menos, le impusieron a los países pobres del mundo llamado subdesarrollado un modelo económico basado en la privatización y la desregulación financiera. Como resultado, las crisis se hicieron más profundas y frecuentes en esos países. Pero si los países ricos siguieron el patrón del mismo modelo, ¿por qué habría la crisis de perdonarlos?

Artículo publicado en La Jornada
Alejandro Nadal – Consejo Científico de ATTAC España

La crisis aúpa de nuevo a 30.000 millones el gasto por desempleo

Hace 18 meses, cuando se estaban elaborando los Presupuestos del Estado para 2011, los técnicos de los Ministerios de Trabajo y de Economía y Hacienda eran razonablemente optimistas, respecto a la evolución del gasto en protección por desempleo. En un entorno que se presuponía de constante recuperación económica, era de esperar una menor factura de esta partida presupuestaria respecto a la etapa más dura de la crisis (2009), en donde se había superado ampliamente los 34.000 millones de euros anuales. La evolución en los primeros meses de 2011 albergó cierta esperanza de que esto se fuera a producir así. De hecho, el gasto mensual en prestaciones pasó de los 2.691 millones de enero a 2.363 millones en junio, debido tanto al freno en la destrucción de empleo como a que, lamentablemente, a una parte creciente de beneficiarios se les empezaba a agotar su derecho a prestación. Este “ahorro” de 300 millones al mes era muy importante para las arcas del Estado por cuanto, de haberse prolongado un año habría dado un colchón de casi 4.000 millones a las cuentas de la administración central, vital en momentos en los que flanquean los recursos tributarios y el superávit de la Seguridad Social se tambalea.

Este optimismo, sin embargo se ha venido abajo en los últimos meses. El jarro de agua fría que han supuesto los datos de septiembre, octubre y noviembre tanto de afiliación a la Seguridad Social como de paro registrado en los servicios públicos de empleo, vislumbra un panorama sombrío que ya está empezando a afectar a la partida de prestaciones. Aunque Trabajo solo tiene computados datos acumulados de enero a octubre (25.000 millones), los técnicos de la administración ya han elaborado un informe de estimaciones para fin de año en donde admiten que el gasto volverá a alcanzar los 30.000 millones en términos acumulados a 31 de diciembre.

Inversión, sin hueco

Para hacerse una idea de la sangría que ello supone basta con recordar que el Estado dedica ahora tres veces más al gasto por desempleo que a inversiones productivas como las infraestructuras. Es más, las partidas para actuaciones de “carácter económico” (excluido el gasto comprometido) apenas alcanzan los 32.000 millones anuales, similar a la factura por desempleo.

En el último mes del que se dispone de datos desagregados (octubre), el gasto en prestaciones fue de 2.461 millones, de los que la mitad va a prestaciones contributivas y el resto a subsidios y a financiar la renta activa de inserción (los 420 euros que se suministra a los que han agotado la prestación ordinaria, a cambio de formación). La prestación media contributiva apenas llega a 858 euros al mes.

El aumento de beneficiarios, un 2,6% en octubre, hasta los 2,8 millones, muestra la nueva fase destrucción del empleo en que se encuentra España, que no afecta por igual a la población activa. Así, la mayor parte de los nuevos perceptores son hombres. Por edades, los jóvenes siguen siendo los más débiles. Con todo, la peor parte se lo llevan los 1,7 millones de parados que no tienen cobertura. De hecho, la tasa de cobertura, según la mide Trabajo, cayó en octubre al 67,7% ocho puntos menos que el 75,3% de un año antes. El drama continúa.

Lo llaman democracia y es una dictadura

🙁 Los medios de comunicación afirman que el anuncio de que el gobierno griego podría convocar un referéndum para decidir si Grecia aprueba el segundo plan de “ayuda” ha hecho caer las bolsas y que constituye una amenaza para la estabilidad de la economía europea. Lo primero que sorprende es que se le tenga miedo a que el pueblo decida si quiere o no una “ayuda” cuando se encuentra en una situación tan difícil.

¿No será que los medios saben perfectamente que en realidad no se trata de ayudar sino de dar una vuelta más a la soga que los poderes financieros han puesto en el cuello del pueblo para salvar, un poco más y de nuevo, a los bancos acreedores de Grecia a costa del sacrificio de la población? ¿Acaso iba a tener problemas el pueblo griego para recibir ayudas si de verdad lo fueran? ¿Y por que temen que se produzca esta expresión de democracia si sabemos perfectamente que las economías van mejor cuanta más democracia haya? ¿No dicen que lo que buscan es mejorarlas?

La verdad es que esta reacción de los medios muestra una vez más el miedo atroz a la voluntad popular que tienen los llamados mercados, los grandes financieros, los bancos, las grandes corporaciones y la clase política corrupta que ha renunciado a su poder representativo para ayudarles a mantener sus privilegios. Tienen miedo a la decisión del pueblo porque son incompatibles con la democracia incluso por muy débil y tamizada que ésta sea. No quieren dejar que el pueblo se pronuncie porque tienen la seguridad de que lo que hacen es lo contrario de lo que quiere la gente.

En España, por ejemplo, las encuestas muestran que la inmensa mayoría de la sociedad no quiere que se siga dando dinero público a los bancos y, sin embargo, los líderes políticos -lo ha dicho recientemente Rajoy- afirman continuamente que eso es imprescindible. Su vergonzosa servidumbre a los poderes financieros les lleva a presentar como ineludible lo que solo es necesario para los bancos y las grandes empresas que destruyen empleo, a otras medianas y pequeñas empresas y riqueza productiva. El rechazo continuado a que la ciudadanía exprese claramente sus preferencias y la imposibilidad de que ésta decida lo que se hace o no con la economía significan nada más y nada menos que vivimos en una dictadura. Así de simple y así de sencillo.

¿Dónde está la democracia si no podemos hacer que los asuntos económicos, que al fin y al cabo son los que nos proporcionan bienestar y satisfacción personal, se resuelvan según la voluntad de la mayoría? ¿Cómo se puede decir que hay democracia si los gobiernos no gobiernan para el pueblo sino que son gobernados por las finanzas contra el pueblo, como estamos viendo día a día?

La continua imposición de políticas por parte de “los mercados”, el hecho evidente de que los gobiernos representativos se pliegan a sus preferencias y dictados, la continua aceptación de la voluntad de los financieros y banqueros gracias al poder político, económico y mediático que han acumulado al margen de las instituciones democráticas muestra inequívocamente que vivimos bajo una auténtica dictadura. Hay que decirlo claramente.

Una democracia que se desvanece cuando se trata de gobernar el dinero y la economía no es una democracia de verdad. Lo llaman democracia pero es una dictadura. Y no tenemos por qué aceptar pasivamente todo esto que está pasando. Cuando un pueblo está sometido a un poder dictatorial tiene todo el derecho a rebelarse y a tratar de destruirlo. Es más, yo creo que lo indigno es no intentar acabar con él.

Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC

RTVE ‘subvenciona’ la prejubilación de sus empleados y les paga vacaciones extra

Trabajar en RTVE en plena crisis económica tiene sus ventajas. Y no son pocas. Según consta en las cuentas remitidas al Registro Mercantil, la Corporación tiene reservados importes millonarios para satisfacer las prestaciones y premios que debe abonar a los empleados. Entre ellos, una paga extraordinaria por cada diez años de permanencia en la empresa o dos meses de vacaciones remuneradas a quienes cumplan 20 años de antigüedad en la compañía. También contempla un premio especial que favorece la jubilación anticipada a partir de los 62 años. En ese caso, compensa con 902 euros mensuales al trabajador hasta que alcance los 65.

“La Ordenanza laboral de Trabajo vigente en la Corporación RTVE establece (…) que abonará a cada trabajador fijo en activo una paga extraordinaria de igual cuantía a la de junio o diciembre último actualizado, por cada diez años completos de servicios ininterrumpidos, que será efectiva en el mes siguiente a la fecha en la que cumplan 10, 20, 30 y 40 años en la empresa”, reza la Memoria de las cuentas anuales. Un concepto por el que la televisión pública tiene provisionados 9,49 millones a 31 de diciembre de 2010. En torno a medio millón de euros presenta un vencimiento a corto plazo.

Pero la casa ha tenido que meter más dinero en la caja fuerte para cumplir compromisos laborales. “El convenio colectivo (…) establece la concesión de dos meses de vacaciones remuneradas a los trabajadores que cumplan 20 años de antigüedad”, expone el documento. Es más, se añade que “en el ejercicio 2001 se acordó con los representantes del personal la aplicación de este derecho, si el trabajador así lo deseaba, a lo largo de toda la vida laboral del mismo”. La sociedad ha provisionado fondos de 17,91 millones, de los que prevé desembolsar a corto plazo 14,1 millones de euros. En total, estas dos prestaciones obligan a guardar casi 27,5 millones de euros.

La Memoria también da cuenta de un premio especial por jubilación anticipada, que favorece la misma cuando el Gobierno ya ha retrasado la edad de retiro para garantizar el futuro del sistema de pensiones y ha abogado repetidamente por eliminar la cultura de la prejubilación. “El Convenio Colectivo reconoce a sus empleados el derecho a acogerse a un procedimiento de jubilación anticipada a partir de los 62 años y hasta los 64 años. A cambio, éstos percibirían un importe de 902 euros por cada mes pendiente entre la fecha en que se acogieran a dicho derecho y la fecha de jubilación, según la legislación vigente”, recoge el informe.

Eso sí, RTVE no ha provisionado cantidad alguna por ese concepto, ya que advierte que “las reducciones establecidas por la Seguridad Social en las pensiones por jubilación anticipada son muy significativas en relación con el importe estipulado como premio especial por jubilación anticipada”. La televisión y radio públicas ya acometieron en 2006 un megaexpediente de regulación de empleo, dentro del plan de saneamiento de la casa liderado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El ERE planteaba la salida de más de 4.000 profesionales y la prejubilación de trabajadores con apenas 52 años y el 92% de su sueldo.

Derechos deportivos millonarios

Los compromisos laborales no son los únicos que tiene pendientes la Corporación. No en vano, en los próximos años tendrá que abonar importantes cantidades por la retransmisión de eventos deportivos, cuyo importe detallan las cuentas presentadas al Registro. Por ejemplo, las Olimpiadas de Londres supondrán a la televisión pública un gasto de 27,18 millones de de euros. También tiene pactados pagos de 10,21 millones de euros por derechos de la selección española de fútbol. Retransmitir los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 implicará un desembolso de 5,12 millones y las finales de la Copa del Rey y la Supercopa de fútbol otros 4,03 millones.

El artículo 9 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, deja claro que la sociedad “debe limitar al 10% de su presupuesto anual total de aprovisionamientos, compras y servicios exteriores la adquisición de derechos de emisión de los eventos deportivos oficiales oficiales catalogados por el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales como de interés general y de gran interés para la sociedad que se fijarán en el contrato-programa, con exclusión de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos”. El presupuesto de RTVE, que ya no cuenta con la publicidad como fuente de ingresos, asciende a 1.200 millones de euros. También advierte que la Corporación “no podrá (…) sobrecotizar frente a competidores por derechos sobre contenidos de gran valor comercial”.

Más elevados en cuantía son los compromisos de compra de derechos de películas y programas, que alcanzan los 271,88 y 214,32 millones en 2011 y 2012, respectivamente. A partir de de 2013 y hasta 2016 bajan exponencialmente para situarse en una media de 50 millones. “Los Administradores de la Corporacion RTVE estiman que el cumplimiento de estos compromisos no dará lugar a pérdidas”, se expone en la Memoria. La eliminación de la publicidad ha cambiado radicalmente las reglas del juego. RTVE admite que las existencias de de derechos y programas han de considerarse ahora “como activos no generadores de flujos de efectivo, dado que se poseen con una finalidad distinta de generar un rendimiento comercial y están destinados (…) a la prestación del servicio público de radio y televisión”.

Indignados y abstencionistas: los parados pasan del 20-N y de las recetas mágicas de PP y PSOE

El cuento de las elecciones no va con ellos. Y para muchos, los políticos viven en una realidad paralela completamente ajena a las penurias de su día a día. Los cinco millones de parados registrados en las colas del antiguo INEM no encuentran razones para el optimismo más allá del 20-N. Y menos, en los programas políticos de los dos grandes partidos llamados a solucionar de forma urgente la sangría incesante del paro, que ha sumido a familias enteras en una crisis absoluta. Según la última estimación, los hogares con todos sus miembros sin trabajo suman ya 1.425.200, un 4,22% más que en el trimestre anterior.

“Todo es pura palabrería, no creo que hagan nada por el parado”, explica Juan Carlos, que lleva seis meses desempleado y que procede del sector de la construcción, el más azotado por los vaivenes de esa crisis que arrancó allá por el 2008. Las oficinas del Servicio Estatal de Empleo no dan tregua ni siquiera en los días de puente y en una jornada como la del pasado lunes era difícil encontrar respuestas positivas y optimistas por parte de un verdadero batallón de indignados y desencantados ajenos al juego electoral del próximo 20 de noviembre. “Tampoco creo que el PP pueda plantear cosas nuevas porque se tendrá que acogerse a la situación que encuentre, a las circunstancias de la crisis”, añade.

Son, por todo ello, uno de los sectores que tradicionalmente acude menos a las urnas. En esta ocasión, con más motivo. Según el análisis electoral elaborado por Gad para El Confidencial, más de un millón de parados no tiene derecho a votar en las próximas elecciones por ser extranjeros. El resto podría convertirse en una formación política con posibilidades incluso de formar Gobierno si votasen todos en bloque. Aunque sus preocupaciones van por otro lado. “¿Optimismo? Cero”, asegura Lola, que está en el paro por tercera vez después de haber encadenado de forma intermitente dos contratos de cinco y tres meses de duración.

“Yo creo que, gane quien gane, la situación va a seguir más o menos igual, porque si alguno hubiera tenido la solución, ya la habría puesto en marcha y no habría esperado hasta llegar a los cinco millones de parados”, explica para razonar por qué no acudirá a votar: “No creo que cambie nada después de las elecciones, sobre todo, porque esto no solo afecta a España”.

“La situación actual es fruto de la política de Aznar”, se afana en razonar Alberto Blas, que lleva cinco años en paro y que, a su edad, ve complicado reengancharse al mercado laboral. Fue despedido como jefe de ventas de una empresa de la construcción cuando cumplió los 50. Desde entonces, su cita con las oficinas del Servicio Estatal de Empleo se han convertido en una costumbre.

“Tenía cuatro inversiones que ya me las he comido y, o muevo ficha, o paso a depender de la misericordia de mi familia”, asegura. “Esta burbuja inmobiliaria que surgió con el PP ha pillado a los sectores más inflados, que eran la automoción, la construcción, la vivienda e incluso, si me apuras, hasta el turismo. ¿Quién tiene la culpa? La inutilidad de todos los políticos, en general, porque son unos aprovechados de la ocasión y no han sido nada solidarios, no se han ayudado en nada, ni ha habido pactos contra el paro y contra la crisis”.

En su caso, Alberto será parte de esa minoría dentro de los parados que sí acudirán a las urnas, aunque sea, como dice, por pura resignación y porque “mi conciencia política no me permite hacer otra cosa”. “Las ideas para solucionar esto las tienen que poner los políticos, que para eso son profesionales. Yo lo único que puedo hacer es resaltar el sufrimiento que estamos pasando. ¿Al final quién pierde? Pues el de siempre, el currito, que va a tener un despido facilísimo”, añade.

En huelga de hambre

El caso más extremo de protesta e indignación se encuentra, sin embargo, en el corazón mismo de Madrid, en la Puerta del Sol, escenario de las protestas del 15-M y lugar elegido por dos de esos millones de parados para llamar la atención de los políticos y de los ciudadanos. Juan Sánchez, de 39 años, y su compañero Luis Fernández, de 46, presidente de la Asociación Nacional de Desempleados, llevan en huelga de hambre desde el pasado 15 de octubre y si sus planes se cumplen, así seguirán hasta el próximo 20 de noviembre.

Para Juan, casado y con dos hijos, ésta es la forma de luchar mientras todavía tiene recursos para hacerlo. “Aún me queda un año de paro y mi mujer es funcionaria, así que, egoístamente, podría no estar aquí, pero yo no quiero para mí ni para mis hijos tener que esperar a verme con el agua al cuello para actuar”, explica. “Hay que luchar mientras que aún se tienen armas para la batalla”.

En estas dos primeras semanas, muchos ciudadanos anónimos se han interesado por su situación, pero ningún político, añaden, de primera o de segunda fila. “No se ha acercado ninguno”, explica Juan, que sí pudo exponerle su situación al expresidente de Castilla La Mancha, José María Barreda, a quien se cruzó un día por Puerta del Sol. “Los culpables son todos los políticos, porque por acción o por omisión, aquí nadie está haciendo nada”, añade Luis. “Yo voy a tratar por todas las formas de solicitarles una entrevista a todos los candidatos para que me digan, personalmente, qué piensan hacer en relación a este tema y aprovechar la coyuntura para poner encima de la mesa ideas que nosotros sí tenemos. Creemos, por ejemplo, que se debería crear una amnistía a los autónomos que nos hemos caído en estos últimos tres años para que nuestras deudas, que son muchas, se queden ahí, en stand by, y nos permitan empezar de cero. Todavía tenemos iniciativas e ideas para volver a emprender, pero, claro, si no podemos quitarnos el lastre que tenemos ahora mismo, va a ser imposible que lo hagamos”.

Ellos, como buena parte de sus compañeros desempleados, tampoco se decantarán por ninguna papeleta el próximo 20-N. “A estas alturas de partido, aunque me presente el texto más bonito, mientras que no me garanticen que si lo que dicen no lo cumplen en un año, dimiten, no me creeré nada”, explica Luis. “Como sé perfectamente que eso no va a ocurrir, mi voto va a ser la abstención”.

Las condiciones de trabajo en España retroceden a los niveles de hace una decada

Desde el estallido de la crisis, el elevado desempleo y la creciente precariedad han socavado profundamente el mercado de trabajo. De hecho, el «deterioro ha sido muy rápido», según un estudio elaborado por la Universidad de Barcelona para Manpower, que pone de relieve que en algunos de los ámbitos analizados «España perdió en un año la mejoría de la calidad laboral registrada de 2001 a 2008». En concreto, el mercado de trabajo retrocedió a niveles inferiores a los del año 2001 en cuanto a «flexibilidad y seguridad laboral» y «acceso al mercado de trabajo».

La creciente destrucción de empleo se ha reflejado en un desplome del 33,61%, entre 2008 y 2009, de la variable de acceso a los puestos de trabajo, que se situó en 80,9 puntos, por debajo de las cifras de hace una década.

El apartado de flexibilidad (que tiene en cuenta aspectos como las diferencias salariales entre trabajadores indefinidos y temporales, el aumento del número de empleados a tiempo parcial y la tasa de cobertura por desempleo) ha descendido un 18,22% durante estos dos años hasta los 93,27 puntos, inferiores a los 100 registrados en 2001.

La Rioja y Baleares, las mejores

El informe especifica que las comunidades autónomas que reúnen mejores condiciones de trabajo son La Rioja (con una índice de calidad laboral de 129,84), Baleares (129,38), Aragón (125,53), Cataluña (124,35) y Madrid (124,10). Por el contrario, son Andalucía (109,24), Galicia (111,31) y Canarias (115,57) las que reciben una puntuación menor.

Por sectores, se observa un mayor índice de calidad del trabajo en los servicios financieros a empresas y la industria energética, química y metalúrgica. En el extremo opuesto se encuentran los sectores de agricultura, ganadería y pesca, junto con el de comercio y hostelería.

Vivir con 246 euros al mes

Jordi y Alicia esperan sentados en la terraza de un bar en Badalona (Barcelona). A la llegada de la periodista, aclaran: “El café que ves aquí y el tabaco lo podemos pagar porque la familia nos ha dejado diez euros”. La pareja vive así —de la solidaridad de su entorno— desde que en junio un cúmulo de circunstancias se alió en su contra: perdieron una ayuda familiar que recibían, les subieron el alquiler y están a la espera de la renta mínima de inserción (RMI), que no les acaba de llegar.

El empeoramiento de la situación económica de muchas familias, pero también de las finanzas de la Generalitat, obligó al nuevo Gobierno catalán de CiU a hacer una revisión de los beneficiarios de la RMI, con el objetivo de reducir su número. En junio se había llegado a cerca de 34.000 expedientes aprobados, copando la partida prevista para este año.

La falta de liquidez ha hecho que nuevos beneficiarios a los que se le ha aprobado la ayuda aún no la hayan cobrado o, como el caso de esta pareja de Badalona, tampoco han recibido el incremento de la RMI, a pesar de tener el visto bueno de la Generalitat.

Alicia Álvarez (35 años) cobra 246 euros de esta ayuda social desde hace 11 años. Nacida en el barrio humilde de San Roque, no logró escapar de la espiral de la miseria y de trabajos puntuales y precarios hasta que fue madre hace una década y se dedica a cuidar sus tres hijos (y espera un cuarto). Jordi Illesca, de 40 años, se dedicó casi la mitad de su vida a trabajar en la construcción hasta que en 2007 se quedó en el paro. Estuvo dos años cobrando la prestación por desempleo y, cuando se le agotó, la ayuda familiar de 426 euros concedida por el Estado, que dejó de recibir en junio.

Fue entonces cuando solicitaron a la Generalitat que les ampliara la RMI de Alicia para poder subsistir. “La tenemos aprobada, pero todavía no nos han pagado los 640 euros que ahora nos corresponden”, se queja Jordi. Desde hace tres meses, toda la familia subsiste como puede con los 246 euros de la renta mínima.

Las deudas se les han disparado y ya deben tres meses de alquiler del piso, dos recibos del agua (han recibido la amenaza del corte del suministro), 200 euros de los libros del colegio, además de más de 300 euros a familiares. En los últimos meses, Jordi confiesa que ha intensificado su búsqueda de trabajo y se ha sacado el carné de carretillero. Pero no encuentra empleo: “Creo que es por la edad, ya no quieren a nadie con 40 años”, se lamenta. Confiesa sentirse “impotente” por la situación y reclama que se le pague la ayuda “a la que tenemos derecho”. Entiende la reforma hecha por la Generalitat para controlar el fraude, pero se lamenta. “Estamos pagando los que no tenemos culpa”.

Ejecutivos sin control en las cajas

Reino Unido es uno de los países más golpeados por la crisis de la banca y donde la población ha demostrado más enfado. Uno de los puntos álgidos de esta irritación tuvo lugar cuando se hizo público que Sir Fred Goodwin, uno de los más malos de esta película, ex consejero delegado de Royal Bank of Scotland, iba a cobrar 17 millones de libras (20 millones de euros) tras dejar el banco arruinado. El furor de la prensa y los ataques personales llegaron al límite de que unos desconocidos apedrearan la casa del exbanquero en Edimburgo. Ante el escándalo, Goodwin aceptó devolver una pequeña parte de su pensión.

Los escándalos van desde cuantiosas prejubilaciones a pensiones vitalicias

En España no han llegado las aguas tan arriba, pero también hay algunos goodwin. En estas semanas se han conocido escandalosas indemnizaciones y fondos de pensiones cobrados al marcharse los ejecutivos de cajas al borde de la quiebra. El ramillete de los horrores va desde pensiones vitalicias de 370.000 euros anuales (la ex directora general de la CAM), fondos de pensiones de más de 16,5 millones (el ex director general de Caixa Galicia) hasta prejubilaciones con seguros de cobro vitalicio de 10,8 millones (el ex director general de Novacaixagalicia). Y esto solo es lo que han destapado algunos cambios en la gestión. La gran incógnita es cuánto cobran en otras cajas que no han salido a la luz.

¿Por qué nadie ha impedido estos desmanes? La respuesta es compleja y se remonta a los años de la burbuja inmobiliaria. Se unieron varios factores: la codicia de algunos gestores, la falsa sensación de beneficios en constante crecimiento, la baja cualificación profesional de los miembros de los consejos de administración, la falta de control legal por la desidia del poder político y la ausencia de supervisión desde el Banco de España.

Algunos directivos, los que gozan de prestigio en el sector y no se han visto salpicados ni por problemas de solvencia ni por remuneraciones extraordinarias, destacan que no es una casualidad que las entidades peor gestionadas fueran las que mejor pagaban a sus directivos. “Lo lógico hubiera sido que en el momento en que el Estado puso un euro en una caja, la ley obligara a que se hicieran públicas las remuneraciones completas (pensiones, blindajes y créditos) de todos los ejecutivos”, comenta un consejero de una entidad ayudada por el Estado. No hay que olvidar que las primeras inyecciones de capital público fueron en junio de 2009. Ignacio Garralda, presidente de Mutua Madrileña y primer directivo del sector asegurador que ha desvelado su salario, insiste en esta idea: “La sola obligación de hacer público la remuneración ya es una limitación y un freno para los abusos”. Lo cierto es que ni siquiera la salida a Bolsa de Bankia y Banca Cívica ha empujado a que sus primeros directivos hagan pública su retribución individualizada. Isido Fainé, presidente de CaixaBank, sí lo ha hecho: hasta junio ha ganado 1,34 millones.

La idea más asumida por la sociedad es que las cajas están bajo el control de los políticos, los sindicatos, los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Pero un grupo de ejecutivos supo dar a cada uno lo que quería (con el dinero de la caja, por supuesto) para no estar bajo la tutela real de nadie. El propio Juan Ramón Quintás, expresidente de la CECA, la patronal de las cajas, alertó de esta dictadura de los ejecutivos, pero no se hizo nada. Estos gestores se manejaron en un complejo mundo de intereses cruzados con desparpajo y falta de ética. Y cuando temieron que se acercaba el final, la ambición fue mayor. “En las cajas de las que se habla estos días, los mayores sueldos e indemnizaciones se los pusieron cuando percibieron que su futuro era incierto, a partir de 2006 o 2007. Entonces se asignaron salarios de 650.000 o 700.000 euros sin escrúpulos, cuando la media del sector está en 500.000 euros para entidades de su tamaño”, dice un cazatalentos que pide el anonimato.

Por ejemplo, los consejeros de CCM se duplicaron la remuneración en tres años, desde 2004 a 2007, y cobraron 2,17 millones. Miguel Castillejo, presidente durante tres décadas de la quebrada Cajasur, infló la póliza en un millón hasta los 4,3 millones, cuatro meses antes de jubilarse en 2005.

¿Por qué no dieron cuentas a nadie? La legislación permisiva y la baja cualificación de los consejeros permitieron que los altos directivos estuvieran sin control. Incluso de las comisiones de retribuciones. “La situación no es muy diferente a la de los bancos, pero aquí es más escandalosa por las ayudas. La obligación legal es desglosar el salario solo en la Comisión de Retribuciones. En muchas cajas, el comité de dirección presenta una propuesta de remuneración, comparada con estudios encargados por ellos, y siempre se aprueba. Después pasan las cantidades agregadas al consejo y se aceptan. Se hace lo que dice el Rey Sol”, ironiza José María Martínez, secretario general de CC OO de banca, sindicato mayoritario en el sector.

La siguiente cuestión es si Comisiones ha hecho autocrítica y qué hicieron sus representantes cuando estaba en esos consejos. “No tenemos presencia en ninguna de las tres cajas intervenidas, CCM, CAM y Cajasur, en algunas de ellas porque nos echaron”, aclara. “En otras pedimos los desgloses, como en Galicia. Nos dijeron que eran ‘cuestiones privadas’ y votamos en contra. De todas formas, asumimos la parte de responsabilidad que nos toque”, responde Martínez. José Manuel Villa, máximo responsable de UGT de banca, no llega tan lejos en la autocrítica y denuncia la última posición de la patronal con el convenio: congelación salarial en dos años por las malas perspectivas de ingresos. “Para pagar indemnizaciones no les preocupan los ingresos”, dice con sarcasmo.

Las cajas se regulan por la Lorca, la Ley Financiera de 2002, y los Códigos de Buen Gobierno. Tras el estallido de la crisis, el G-20, en 2009, instó a Bruselas a que modificara la legislación para controlar el sueldo de los banqueros. El Gobierno incluyó las modificaciones en la Ley de Economía Sostenible, presentada al Congreso ese mismo año. Sin embargo, la ley no se aprobó hasta marzo pasado, casi dos años después. Hasta junio no se autorizó al Banco de España a redactar la circular de vigilancia de las retribuciones, que se aplicará en 2013. Algunos recuerdan que la Constitución se ha modificado en 15 días, pero para controlar a los banqueros han hecho falta más de dos años. Curioso.

¿Y el Banco de España? Su argumento es que la ley le obliga a vigilar los salarios solo si ponen en riesgo la solvencia de la entidad. Sin embargo, algunos recuerdan que el supervisor impidió que Fernando Casado cobrara 600.000 euros por presidir CatalunyaCaixa y que rebajó en un 20% los bonus del equipo de Rodrigo Rato en Bankia. “El gobernador sabía las cajas que estaban mal desde hacía años y podía haber revisado los sueldos de los gestores”, dice un exdirectivo del Banco de España. “Lo más triste es la falta de responsabilidad civil y penal de gestores y políticos que han mangoneado en las cajas a su gusto. No todo se acaba con su cese. Hay que buscar responsabilidades”, reclamó en Cinco Días Abel Veiga, profesor de Derecho Mercantil de Icade.

El Estado pagará unos 8 millones al ex director general de Novacaixa tras inyectar 2.500

La alta dirección de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) no es la única que se ha ido a su casa con los bolsillos llenos tras dejar quebrada a su entidad financiera. José Luis Pego, el ex director general de Novacaixagalicia a la que el Estado ha tenido que inyectar cerca de 2.500 millones de euros, percibirá entre siete y ocho millones en concepto de prejubilación anticipada.

Así lo aseguran fuentes cercanas a caja gallega, fruto de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova. La cifra no oficial –la caja se niega a dar ningún detalle- es el resultado de multiplicar los cerca de 600.000 euros de sueldo que tenía el número uno del banco con sede en La Coruña. Fuentes próximas al grupo indican que Pego podría incluso tener una remuneración mensual mayor, ya que otros cargos inferiores que también han dejado el banco cobraban entre 400.000 y 500.000 euros anuales.

A Pego le corresponden cerca de siete millones en concepto de prejubilación, ya que, como cualquier otro empleado de la institución, cobrará el 98% de su salario de acuerdo a las condiciones del plan de bajas incentivadas acordado para los 1.159 trabajadores despedidos. Pero, además, Pego, que se ha acogido a dicho plan pese a no tener la edad -54 años- mínima exigida (55), tenía un contrato de alta dirección blindado hasta 2013.

Se desconoce si José María Castellano, nuevo presidente de Novacaixagalicia, ha aprobado la indemnización adicional o si Pego ha renunciado a ella. Eso es lo que ha hecho en parte el número dos del banco, Javier García de Paredes, que se ha marchado a los 51 años –cuatro por debajo de lo establecido en el acuerdo sindical- tras comprobar que Castellano lo apartaba de la gestión en contra de lo pactado.

En última instancia, Pego percibirá su aportación al plan de pensiones, que en el caso de los que directivos que procedían de Caixanova (la caja de Vigo) era mucho mayor que los de Caixa Galicia (La Coruña). Novacaixagalicia se ha negado a dar ninguna información sobre el contrato de Pego, que curiosamente fue autorizado por el Banco de España cuando ambas cajas se fusionaron entre finales de 2009 y abril de 2010.

Sin embargo, no ahorró adjetivos para agradecerle sus servicios prestados cuando hizo pública su marcha el pasado 12 de septiembre. Pese a ser el máximo responsable de un banco al que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) le ha tenido que inyectar 2.500 millones de euros para evitar su quiebra –el Estado se ha quedado con el 93% del capital-, la nota de prensa oficial destacó su “brillante trayectoria profesional” de 27 años en el grupo.

Los únicos datos oficiales son los que se enviaron a la CNMV con motivo de la difusión del informe de gobierno corporativo. En ese documento se decía que la cúpula directiva ganó 4,56 millones en 2010, con una media de 380.000 euros por ejecutivo. Obviamente, el salario del primero de ellos –Pego- era mayor. Además, percibieron 2,77 millones en concepto de pensiones o primas de seguros.

El Exdirector general de Caixa Galicia se llevó 11,2 millones en pensiones

El escándalo de las retribuciones de Novacaixagalicia, destapada en exclusiva por El Confidencial, no termina en las indemnizaciones que se ha llevado el recientemente denostado equipo directivo. Según fuentes próximas a la entidad, José Luis Méndez, el que fuera director general de Caixa Galicia hasta la fusión con Caixanova, percibió el pasado año 11,2 millones de euros en concepto de plan de pensiones y compensación tras alcanzar los 65 años de edad.

Méndez fue el sacrificado en la integración de las dos instituciones de La Coruña y de Vigo. En una pelea encarnizada con Julio Fernández Gayoso por liderar la creación del gran banco gallego, el director general de Caixa Galicia se vio obligado a ceder su cargo después de 29 años al frente de la mayor entidad financiera de la comunidad autónoma.

No obstante, Méndez, que hasta el último momento intentó quedarse con un puesto en el consejo de administración, siguió ligado al grupo al ser nombrado presidente ejecutivo de la Fundación Caixa Galicia-Claudio San Martín. Una vía para mantener su estatus de miembro de la alta dirección –despacho, secretaria y coche oficial-, pese a no tener influencia en la gestión de la nueva caja ni recibir compensación monetaria.

Su salida quedó en un segundo plano por las continuas informaciones sobre la fusión de las dos instituciones gallegas, operación que se cerró en los primeros días de diciembre. Ahora, al destaparse lo que han percibido (cerca de 20 millones) los cuatro miembros del comité de dirección –José Luis Pego, Javier García de Paredes, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán- que se han prejubilado, el finiquito de Méndez cobra actualidad.

Fuentes próximas al que fuera director general de Caixa Galicia explican que anunció su marcha al consejo de administración a través de una carta enviada en junio de 2010. En esa misiva exponía que se jubilaría en septiembre al cumplir los 65 años y que renunciaba voluntariamente a ejecutar una claúsula de blindaje por la que tenía derecho a cobrar 11 millones de euros. Ese pago extra se justificaba por abandonar la entidad cinco años antes de la edad máxima, los 70 años. En compensación, la caja le abonó 2,7 millones.

Otras fuentes exponen que esa decisión “voluntaria” estuvo influida por la sugerencia del Banco de España, que le hizo ver a Novacaixagalia que no era conveniente ese tipo de compensaciones por una institucón que meses después iba a recibir -en diciembe de 2010- un préstamo de 1.162 millones por parte del Estado.

En cualquier caso, Méndez no se fue solo con esos 2,7 millones. Recibió las aportaciones del plan de pensiones que había acumulado a lo largo de sus años de servicio en Caixa Galicia. La cifra, según fuentes oficiales, fue de 5,6 millones, más otros 2,9 por el seguro. En total, 8,5 millones, que sumados a los 2,7 anteriores, suman 11,2 millones. Otras fuentes indican que el finiquito bruto ascendió a casi 18 millones, pero fuentes cercanas a la familia lo niegan. También desmienten que tenga un salario vitalicio al ser empleado de una entidad financiera desde antes de 1982, como le sucedió a José María Amusátegui.

En este sentido, matizan que lo que percibió el exdirector general no tiene nada que ver con las indemnizaciones que se han llevado los cuatro directivos de entre 51 y 54 años de Novacaixagalicia. Su argumento es que el desembolso a Méndez se había dotado año tras año, como al resto de ejecutivos, antes de que entrase el Estado en el capital, mientras que los 20 millones actuales se hacen contra las arcas públicas.

Un 155% más

Sea como fuere, la cuantía es más que significativa al tratarse de una caja de mediano tamaño que, además, estaba en una grave situación derivada de la gestión del propio Méndez. Su encefalograma era tan crítico que el Estado, a los nueve meses de la fusión, se ha tenido que quedar con el 93% del capital al inyectarle 2.500 millones de euros. Antes, a finales del pasado año, ya le prestó 1.162 millones a través del FROB.

Lo curioso es que durante los cinco últimos años de gestión de Méndez el consejo incrementó un 155% el dinero destinado a engordar las pensiones de la alta dirección. En concreto, pasó de 582.000 euros en 2004 a 1,46 en 2009, último año publicado. En 2008 se llegó a los 1,52 millones.

La saga Méndez tenía un gran protagonismo en Caixa Galicia. El padre tenía dos hijos en el grupo. José Luis Méndez Pascual, era consejero delegado de la corporación financiera. El otro Yago Méndez, responsable de empresas en La Coruña. Ambos dejaron la caja en la primavera de este año. Y lo hicieron renunciando a gran parte de su indemnización. En concreto, Yago asegura que no percibió ni un euro porque su baja fue voluntaria. Ahora colabora con Enrique Bañuelos. Por su parte, José Luis, con el que la caja llegó a ganar más de 500 millones -incluida la participación histórica en Fenosa- con la corporación industrial, percibió 45 días por año trabajado

Cómo hundir bien hundido a un país

Por lo visto, debemos hacernos a una idea: todos los lunes tienen altísimas probabilidades de convertirse en «lunes negro». Si repasamos las fechas en que las Bolsas se han dado los grandes batacazos, han sido en esa fecha. Pero tampoco hay que desesperar: las malas noticias avanzan al buen ritmo que necesitan los desastres, y ya hay otros días de la semana que no quieren dejar la exclusiva del malaje a los lunes, y también los viernes empiezan a prometer desgracias. Y además, con tono y tendencia tan implacable como generalizada. Cualquier declaración es un hacha, y cualquier situación arrastra a todos los sectores. Da igual que la banca de otros países sea la que sufre los riesgos de Grecia: lo acaba pagando quien invirtió en una constructora, en una empresa tecnológica o en un grupo de comunicación. Los demonios de la crisis arrasan todo.

Al mismo tiempo, los famosos y denostados mercados han descubierto la mejor forma de arruinar un país, en medio de la pasividad de sus vecinos y socios: con los tipos de interés que aplican a la deuda soberana. El mecanismo es endiabladamente sencillo: se elige una nación que haya gastado mucho o tenga cuentas dudosas, ni siquiera es preciso que tenga una deuda tan abultada como Italia; se lanza una información que diga que ese país tiene dificultades para pagar; se insta a una agencia de rating tipo Standard & Poors o cualquier otra a que rebaje la calificación del país, cosa que suelen hacer motu propio, y ya está: la prima de riesgo se pone por las nubes, y los intereses a pagar por la deuda pueden superar el 10 % anual.

Grecia lo ha superado hace tiempo, Portugal se aproxima peligrosamente, Italia puede alcanzarlo, y España ya está cerca del 6 %. Lo que sigue a continuación lo imaginan muy bien quienes han firmado una hipoteca. Como tengan que pagar el dinero prestado con intereses como los de Grecia, o encuentran una mina de oro, o les suben descaradamente el sueldo, o los desahucian. Lo más probable suele ser el desahucio.

¿Y qué hacen los vecinos y socios poderosos que asisten al desastre? Primero, procurar que no les pase a ellos. Y segundo, pedir a ese país que baje sus gastos, que suelen ser los sociales. Solo le echan una mano si quita pensiones a los jubilados, machaca a los funcionarios, rebaja la sanidad o desampara a viudas. El escenario que queda después es el siguiente: los necesitados de ese país, más necesitados todavía, y los potentados que compraron deuda, forrados, porque no hay actividad económica que proporcione más beneficios. Y así, de esta forma tan sencilla, se esquilma una nación. Es el robo mejor organizado que conozco. Y se practica con la más exquisita impunidad.

Fernando Ónega – La Voz de Galicia.

¿Quién ha votado a los mercados?

“Ante nuestra vista el futuro se organiza en función de nuestra ausencia más o menos conscientemente programada.” V. Forrester

Mercados, inversores, especuladores …, eufemismos con los que nos referimos, fundamentalmente, a una minoría, a una élite conformada por grandes propietarios, gestores y administradores de capital que en las últimas décadas, con la complicidad de múltiples gobiernos e instituciones económicas internacionales -OCDE, OMC, FMI, BM-, han intentado subordinar los intereses de los pueblos y de los ciudadanos comunes y corrientes a sus propios intereses.

Se trata de una actitud y de unas pretensiones inadmisibles. Nada más y nada menos que dar fuerza de ley, convertir en normas legales de obligado cumplimiento internacional y nacional a cuantas disposiciones favorables a los intereses del capital dicten los mercados, los inversores, los especuladores.

¿Exagero en esta cuestión?

Es posible, pero no casual, que muchas personas no hayan oído hablar jamás del Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI), pero es un ejemplo señero de lo que los mercados, es decir, las élites capitalistas, son capaces de maquinar.

En los años noventa del siglo pasado, con el pretexto del crecimiento económico y la creación de empleo, siempre la misma cantinela, algunos gobiernos occidentales intentaron establecer un acuerdo internacional que daba todos los derechos a los inversores -básicamente empresas transnacionales -, e imponía todos los deberes a los Estados. Como recuerda el “Primer diccionario altermundista” de Attac: “De haberse adoptado, habría otorgado todos los poderes y todos los derechos a las empresas transnacionales, inclusive el de demandar a un gobierno en el caso de considerar que una de sus medidas podía atentar contra las ganancias presentes o futuras de la empresa”.

En fin, si ese monstruoso proyecto neoliberal, que se negociaba en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) fracasó, fue porque a pesar del secretismo con el que se llevaron adelante las negociaciones entre los países ricos que impulsaban la iniciativa, esta pretensión inadmisible trascendió y una movilización de organizaciones no gubernamentales, sindicatos y asociaciones profesionales, que contaba con la simpatía de una opinión pública sensibilizada, obligó a uno de los gobiernos que respaldaba la firma del AMI, el gobierno francés, a dar marcha atrás, paralizándose de ese modo un acuerdo infame que hubiera oficializado la dictadura de los inversores sobre el conjunto de los Estados y de los pueblos del mundo.

Naturalmente fue una derrota en toda regla de los mercados y por ello el acontecimiento fue borrado de inmediato de las portadas y de los análisis de los medios de desinformación neoliberales, la inmensa mayoría, entonces y ahora. Sin embargo, que nadie piense que los mercados renuncian nunca a garantizarse la mejor suerte para sus inversiones y sus ganancias. ¿O qué es, si no, la reforma constitucional que primero en Alemania en 2009, ahora en España y después en otros países de la Eurozona, prioriza el pago de la deuda pública de los Estados a los inversores sino otro triste ejemplo de que los mercados imponen sus intereses particulares sobre los intereses generales de los ciudadanos y de los pueblos?

¿Quién ha votado a los mercados?

Tenemos por delante una tarea inaplazable: hay que desoprimir a la ciudadanía y a los pueblos del imperio intolerable de los mercados y de sus cómplices.

Francisco Morote Costa – ATTAC Canarias.

Salvan a los bancos para hundir a los pueblos

Cuando la banca provocó un desastre global los bancos centrales y las autoridades de todo el mundo se volcaron en su ayuda y no hubo problemas para proporcionarles casi gratuitamente billones de dólares para salvarlos. Además de las inyecciones de liquidez oficiales, se ha sabido que la Reserva Federal proporcionó en secreto 16 billones de dólares a grandes bancos de todo el mundo.

Cuando la crisis provocada por los bancos hizo un roto en las finanzas de los estados, las autoridades europeas y el Banco central Europeo los obligaron a financiarse en los mercados al interés que imponían los especuladores y la banca. En lugar de dedicar el dinero que recibían del Banco Central Europeo al 1% para financiar a empresas y consumidores, prestaron a los gobiernos a tipos mucho más altos, echando sobre las espaldas de sus pueblos una losa que terminó siendo insufrible. Solo España tiene previsto pagar, como poco, 27.000 millones de euros en 2011, si es que la factura no sube en los meses próximos.

Así hundieron a países como Irlanda, Portugal o Grecia y ahora, cuando esa deuda estatal se hace tan pesada que es posible que algunos bancos no puedan cobrarla porque ya están en peligro Italia o España, los banqueros reclaman de nuevo ayuda. Y allí están otra vez sus todopoderosos salvadores: el Banco Central Europeo, la Reserva Federal de EE UU, el Banco de Inglaterra, el Banco de Suiza y el Banco de Japón acaban de anunciar que volverán a dar a la banca europea todo el dinero que necesite. Para que siga extorsionando a los gobiernos y arruinando a los pueblos

Una muestra más de la infame y criminal discriminación de los poderosos que mueven los hilos del mundo a su antojo para favorecer siempre a los mismos.

Lo seguirán haciendo mientras las gentes de todo el planeta no salgan de una vez a las calles para poner fin a estas injusticias increíbles.

Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC.

El Defensor del Pueblo pide a la Justicia que se castigue el despilfarro público

La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha anunciado hoy en el pleno del Congreso de los Diputados que ha solicitado al Ministerio de Justicia que estudie “con toda seriedad y rigor” la inclusión del “despilfarro público” como delito en el Código Penal. A esta cuestión se ha referido Cava de Llano al terminar su intervención sobre la memoria de esta institución de 2010 ante los diputados presentes en la Cámara, un tema que, según ha dicho, “escandaliza profundamente, y con razón, a los ciudadanos”.

“Un tema que es un clamor en la calle y les advierto de que no voy a mirar a nadie, absolutamente a nadie porque el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra”, ha continuado la Defensora. Se trata, ha insistido, del “dinero de todos obtenido por las administraciones públicas de los impuestos que gravan la renta o el consumo de millones de personas. Deudas y deudas que habrán de pagar las futuras generaciones”. “Facturas que se cuentan por centenares, generadas alegremente como si el dinero que con tanto esfuerzo cuesta ganar a los trabajadores o a los empresarios o a los autónomos fuera infinito; gasto inconmensurable, que generalmente no busca el lucro personal de quien lo decide pero sí su lucro político”.

Por ello, la Defensora se ha preguntado si las leyes actuales son adecuadas para expresar en términos jurídicos el “reproche social” que merecen estas conductas, que son, en su opinión, “una de las causas determinantes de la gravísima crisis económica que padecemos”. Es necesario, a su juicio, una reflexión sobre este asunto ya que el despilfarro público no tiene en nuestro ordenamiento jurídico “una respuesta proporcional”.

Así, el Tribunal de Cuentas, en su memoria anual de 2010 dice que la responsabilidad “es contable y no sancionadora”, mientras que el Código Penal exige el ánimo de lucro en los delitos de malversación, algo que, a su juicio, “no concurre en las conductas de la clase política y no se adecúa en absoluto a lo que normalmente se entiende como el despilfarro”.

La Defensora ha hecho hincapié en que se trata de mirar hacia adelante, no hacia atrás porque “las leyes penales no tienen carácter retroactivo”. Unas palabras que han escuchado con atención los diputados, entre ellos Montserrat Surroca, de CiU, quien, tras criticar la situación de interinidad de la institución, se ha mostrado “asombrada” y ha opinado que se debería tener “más prudencia al hacer una afirmación con tanta rotundidad y con una categoría tan genérica y aportar datos”. El resto de diputados se ha referido a las conclusiones de la Memoria, que ya se presentó en abril al Congreso, entre ellas a las “dilaciones en los procedimientos judiciales” y las reducciones presupuestarias, que, según Cava de Llano, “complican aun más” la posibilidad de acometer las reformas que necesita el sistema judicial.

Para Emilio Olabarría, del PNV, la “mala” actuación de la Administración de Justicia no tiene solución por más leyes que se puedan aprobar, mientras España tenga la ratio más baja de juez por habitante de la Unión Europea. La Defensora, que se ha mostrado preocupada por la aplicación de la Ley de Dependencia, que, a su juicio, está muy lejos de ser satisfactoria”, ha puesto el énfasis desde el inicio en la crisis y en sus consecuencias porque esta “situación de dificultad” nos ha llevado a una reducción del gasto público. Pero no hay que olvidar, y así lo ha reivindicado, que es necesario hacer “cada vez más fuerte el compromiso de la sociedad y sus representantes con el espíritu de los derechos fundamentales”, que reconoce el título primero de la Constitución.

En este sentido, Miguel Ángel Heredia, del PSOE, ha vaticinado que la próxima memoria del Defensor incluirá un mayor número de quejas por los “recortes” en educación y sanidad de las administraciones gobernadas por el PP.

Antes, el diputado popular Ricardo Tarno ha subrayado que la situación económica ha disparado quejas referidas a prácticas de la administración y de entidades financieras, y ha dicho que éstas “distan de ser adecuadas”. Por su parte, Joan Tardá (ERC) ha considerado que la Defensora del Pueblo actúa como brazo ejecutor de la “catalanofobia”