El Defensor del Pueblo pide a la Justicia que se castigue el despilfarro público

La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha anunciado hoy en el pleno del Congreso de los Diputados que ha solicitado al Ministerio de Justicia que estudie “con toda seriedad y rigor” la inclusión del “despilfarro público” como delito en el Código Penal. A esta cuestión se ha referido Cava de Llano al terminar su intervención sobre la memoria de esta institución de 2010 ante los diputados presentes en la Cámara, un tema que, según ha dicho, “escandaliza profundamente, y con razón, a los ciudadanos”.

“Un tema que es un clamor en la calle y les advierto de que no voy a mirar a nadie, absolutamente a nadie porque el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra”, ha continuado la Defensora. Se trata, ha insistido, del “dinero de todos obtenido por las administraciones públicas de los impuestos que gravan la renta o el consumo de millones de personas. Deudas y deudas que habrán de pagar las futuras generaciones”. “Facturas que se cuentan por centenares, generadas alegremente como si el dinero que con tanto esfuerzo cuesta ganar a los trabajadores o a los empresarios o a los autónomos fuera infinito; gasto inconmensurable, que generalmente no busca el lucro personal de quien lo decide pero sí su lucro político”.

Por ello, la Defensora se ha preguntado si las leyes actuales son adecuadas para expresar en términos jurídicos el “reproche social” que merecen estas conductas, que son, en su opinión, “una de las causas determinantes de la gravísima crisis económica que padecemos”. Es necesario, a su juicio, una reflexión sobre este asunto ya que el despilfarro público no tiene en nuestro ordenamiento jurídico “una respuesta proporcional”.

Así, el Tribunal de Cuentas, en su memoria anual de 2010 dice que la responsabilidad “es contable y no sancionadora”, mientras que el Código Penal exige el ánimo de lucro en los delitos de malversación, algo que, a su juicio, “no concurre en las conductas de la clase política y no se adecúa en absoluto a lo que normalmente se entiende como el despilfarro”.

La Defensora ha hecho hincapié en que se trata de mirar hacia adelante, no hacia atrás porque “las leyes penales no tienen carácter retroactivo”. Unas palabras que han escuchado con atención los diputados, entre ellos Montserrat Surroca, de CiU, quien, tras criticar la situación de interinidad de la institución, se ha mostrado “asombrada” y ha opinado que se debería tener “más prudencia al hacer una afirmación con tanta rotundidad y con una categoría tan genérica y aportar datos”. El resto de diputados se ha referido a las conclusiones de la Memoria, que ya se presentó en abril al Congreso, entre ellas a las “dilaciones en los procedimientos judiciales” y las reducciones presupuestarias, que, según Cava de Llano, “complican aun más” la posibilidad de acometer las reformas que necesita el sistema judicial.

Para Emilio Olabarría, del PNV, la “mala” actuación de la Administración de Justicia no tiene solución por más leyes que se puedan aprobar, mientras España tenga la ratio más baja de juez por habitante de la Unión Europea. La Defensora, que se ha mostrado preocupada por la aplicación de la Ley de Dependencia, que, a su juicio, está muy lejos de ser satisfactoria”, ha puesto el énfasis desde el inicio en la crisis y en sus consecuencias porque esta “situación de dificultad” nos ha llevado a una reducción del gasto público. Pero no hay que olvidar, y así lo ha reivindicado, que es necesario hacer “cada vez más fuerte el compromiso de la sociedad y sus representantes con el espíritu de los derechos fundamentales”, que reconoce el título primero de la Constitución.

En este sentido, Miguel Ángel Heredia, del PSOE, ha vaticinado que la próxima memoria del Defensor incluirá un mayor número de quejas por los “recortes” en educación y sanidad de las administraciones gobernadas por el PP.

Antes, el diputado popular Ricardo Tarno ha subrayado que la situación económica ha disparado quejas referidas a prácticas de la administración y de entidades financieras, y ha dicho que éstas “distan de ser adecuadas”. Por su parte, Joan Tardá (ERC) ha considerado que la Defensora del Pueblo actúa como brazo ejecutor de la “catalanofobia”

UCE denuncia que las comisiones bancarias aumentan un 11,06% en un mes

UCE denuncia que las comisiones bancarias aumentan un 11,06% en un mesEl valor medio de las comisiones por mantenimiento de una cuenta corriente se ha incrementado un 18,62% desde junio de 2010.

La Unión de Consumidores de España cree que no hay razones que justifiquen estos incrementos en el valor de dichas comisiones.
En la actualidad no existe ningún mecanismo para limitar el máximo que pueden alcanzar estas tarifas bancarias.

La Unión de Consumidores de España denuncia que el valor medio de las comisiones cobradas en concepto de mantenimiento por cuenta corriente ha experimentado un aumento del 11,06% entre mayo y junio de 2011. Al mismo tiempo, la tasa de variación respecto a junio de 2010 ha sido de un 18,62%. Tras el análisis realizado por UCE de los valores mínimos y máximos de las tarifas establecidas por las entidades bancarias, registradas por el Banco de España, se observa que el valor máximo que pueden alcanzar las comisiones por mantenimiento de una cuenta corriente ha sufrido, entre mayo y junio de 2011, un aumento en la tasa de variación relativa del 78,6%.

La Unión de Consumidores de España considera que este incremento está totalmente injustificado. “Estamos hablando de un servicio básico, el mantenimiento de una cuenta corriente, necesario para la gestión de todos los movimientos bancarios, por lo que el ataque al conjunto de los usuarios es indiscriminado, sin tener en cuenta su condición económica o sociolaboral. Además, si analizamos las comisiones de apertura, estudio, cancelación, servicios de pago, etc, vemos que siguen la misma tendencia alcista, mientras que el mínimo que se puede aplicar no ha experimentado ninguna variación”, explicó José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de España.

Por otra parte, UCE denuncia que no hay ningún mecanismo que limite el importe que deben alcanzar dichas comisiones. En estos momentos, las tarifas de las comisiones bancarias son libres y el Banco de España no puede denegar ni el cobro de comisiones ni limitar su cuantía. Antes de hacerlas efectivas, las entidades sólo están obligadas a remitir un folleto al Banco de España en el que queden reflejados los importes de las tarifas correspondientes a las comisiones por mantenimiento de una cuenta corriente. Además, esta obligación no se extiende a las comisiones por servicios de pago, como las transferencias, adeudos de recibos, tarjetas de crédito o débito, etc. En estos casos, sólo se exige que el banco le comunique de manera personalizada al cliente, anticipándole las modificaciones en las comisiones que se le van a aplicar.
Para la Unión de Consumidores de España este incremento en las comisiones está totalmente injustificado y no puede compararse con la variación experimentada en cualquiera de los índices que miden la evolución de los precios de otros servicios. De hecho, el IPC sufrió una variación del 3,2% de junio 2010 a junio 2011, un porcentaje que queda muy lejos la experimentada por la comisión de mantenimiento para el mismo período.

Tampoco un supuesto interés por mejorar la calidad en la atención al cliente o en la prestación de servicios sirven para explicar dicho aumento. Hay que recordar que el sistema financiero español cerró 1.577 sucursales en 2009 y 1.191 en 2010. Por estos motivos UCE se pregunta en ¿qué se basa un incremento tan desproporcionado?

La Unión de Consumidores de España recomienda negociar con la entidad bancaria el cobro de estas comisiones para defender el saldo de nuestra cuenta. Otra opción que tiene el usuario es buscar una entidad que le ofrezca mejores condiciones económicas en función de la situación personal y de sus necesidades.

UN PARTIDO DE PREJUBILADOS SUPONDRIA 12 MILLONES DE VOTOS

José Luis Lopetegui Fuerte Vicepresidente de FEVASS. Lleva veinte años dedicado a reivindicar los derechos de quienes «cobran unas jubilaciones ridículas».

«Si los casi nueve millones de prejubilados y pensionistas formásemos un partido político, sacaríamos 12 millones de votos y formaríamos gobierno». Lo dice el tolosarra José Luis Lopetegui, recién elegido vicepresidente de la Federación Vasca de Asociaciones de Prejubilados y Pensionistas y casi veinte años dedicado a reivindicar los derechos económicos de quienes cobran «unas prejubilaciones y pensiones ridículas».

– Tenía usted un amplio currículo antes de dedicarse a buscar soluciones a sus compañeros prejubilados y a sus viudas…

– Vengo de la reconversión industrial del año 93. He cotizado durante 43 años trabajando en una empresa de Tolosa. Luego nos fuimos agrupando, buscando la forma para defender nuestros derechos que habían sido vulnerados. Uno solo no logra nada. Fuimos presentando el proyecto por territorios y comarcas y hoy tenemos delegaciones en toda Gipuzkoa y Euskal Herria.

– Prejubilados: suena distinto a lo que se oye tradicionalmente.

– Prejubilados no existía. Incluso había una laguna legal, porque o eras trabajador o eras desempleado. Cuando accedes a una pensión eres jubilado o pensionista. Por eso nos unimos de cara a nuestras reivindicaciones.

– ¿Cuál es la principal? Económica, supongo…

– La eliminación de los coeficientes reductores. Con el argumento de que nosotros no hemos pedido dejar de trabajar, sino que ha habido un expediente de regulación de empleo, acordado por la empresa y el Gobierno, quien nos aplica una ley prevista para los trabajadores que voluntariamente acceden a una pensión bajo determinadas condiciones. Es decir, nos pagan una jubilación a partir de los 60 años con un recorte anual del 8% hasta los 65 años. Con lo cual perdemos el 40% de la base reguladora de la pensión cuando llegamos a la edad de jubilarnos. En Gipuzkoa las indemnizaciones han sido escasas o nulas. Y más aquí en Tolosa, en la industria papelera. Hay casos sangrantes, como empresas declaradas en quiebra y sus prejubilados sin poder cobrar del fondo de garantía salarial porque han firmado sin saberlo un papel que le presentaron en que se lo cedían a esa empresa. En FEVAAS hemos trabajado por la reducción de ese coeficiente reductor. Hemos hablado con todos los ministros de Trabajo del PP, porque estaban entonces en el Gobierno, y del PSOE. Estos nos apoyaban entonces y luego en el poder ni nos recibieron. Todos los ministros han reconocido que se ha cometido una injusticia con los 450.000 trabajadores, de ellos, unos 30.000 en Gipuzkoa. En el año 2002 pasaron a mejorarnos al 6%, pero desde ese año. A los demás, igual. Nos dejaron a los del 93 sin solucionarlo. Luego nos dijeron que la pensión aumentaría al 70%, lo que supone 63 euros en la mínima, pero en una alta, no llegaría ni al 2%. Crean más confusión en vez de igualar los ingresos. El Congreso de Diputados aprobó con 310 votos, sin ninguno en contra, una enmienda transaccional para corregir nuestra situación. No hay nada de nada. El año pasado el Pacto de Toledo terminó por echar por tierra nuestras propuestas.

– ¿Qué perspectiva tienen ahora?

– La vía política no sirve porque sólo hay promesas incumplidas. Llegarán las elecciones generales y entonces vendrán con propuestas, pero ya no confiamos en los políticos y utilizaremos la otra vía: la del Tribunal Constitucional.

– En resumen…

– Las demandas están vía Tribunal Constitucional, a través de un gabinete barcelonés. Otras, en Bilbao y Vitoria. Esperamos cobrar el 100% para quien ha cotizado durante más de 35 años y tenga 65 años. A partir de los 72,5 años hemos pagado para cobrar el 100%.

– ¿De cuánto dinero estamos hablando?

– Son pensiones bajas. No sé las cantidades. Estamos hablando de hasta dos millones de pesetas anuales por pensionista. El Gobierno se ahorra muchos millones desde que nos tiene así. Lo reconoció la diputada socialista Isabel López Ichamosa. Así mantienen el fondo de reserva.

– ¿Qué más pelea le queda por delante para defender los derechos de los prejubilados y pensionistas?

– La de la representatividad. Queremos representarnos a nosotros mismos. Pero siempre aparecen delante los sindicatos. Derecho reconocido por el Constitucional que lo califica como «usurpación de derecho» por sentencia.

– ¿Y las pensiones de viudedad?

– Es otra de las demandas. Están cobrando el 52% después de luchar para que se les subiesen el 46% que tenían. Queremos que se llegue al 70% de la base regulable. Otro objetivo es luchar contra la reciente congelación de pensiones. Si estamos mal, con pensiones recortadas, no aplican el IPC real. Si un año se pierde el 6% de poder adquisitivo en cinco años perderemos un 30%. Si se lo restamos al 60% que cobras, en pocos años cobraremos solo la tercera parte de una pensión.

– ¿Por qué entonces los jubilados no se convierten en un grupo de presión al Gobierno?

– Porque nos han dividido. Hay quien tiene miedo de firmar apoyos por si le reducen su pensión. Otros consiguieron buenas indemnizaciones pactadas y no se preocupan de su pensión mensual. Somos casi 9 millones de prejubilados y pensionistas. Si nos convirtiésemos en un partido político sacaríamos 12 millones de votos, con los sumados por las familias de cada uno. Estaríamos en el gobierno. Lo que no es viable es el actual sistema de reparto de pensiones. Hay que tener otro, por ejemplo mixto, como otras naciones. Es cuestión de hacerlo viable y garantizar su futuro. Es posible, sin recortarlas.

– Y,¿si alguien se quiere asociar?

– Que se ponga en contacto con las delegaciones en Donostia, Irun, Tolosa, Zumarraga-Urretxu-Legazpi, Oñate, Eibar… O que llame a la sede de la federación en Donostialdea: 943 45 30 30.

Políticos al borde del ridículo en las campañas electorales

La campaña del 22-M ha terminado y, tras quince días, quedan para las hemerotecas los shows electorales a los que nos han sometido los candidatos antes de enfrentarse al veredicto final de las urnas. En algunos casos han llegado a pisar la delicada frontera entre el humor y el ridículo: unos pecan ingenio, otros de agresividad y, en general, todos parecen estar dispuestos a llegar donde haga falta por arañar unos votos. “A veces -comenta el asesor de uno de los políticos más mediáticos de España- hay que frenarles, sobre todo si son muy espontáneos, pero vamos, no dudéis que, en muchas ocasiones, hasta ellos se ríen de sí mismos. Además -añade- les encanta descubrir sus fallos o sus momentos más ridículos viendo o escuchando los programas de humor en los que les imitan. Voy más allá, a veces les hacen más caso a ellos, que a nosotros, los asesores”.

¿Simpáticos o ridículos?, ¿pura fachada o realidad?, ¿se dirigen al pueblo a las televisiones? Es evidente que durante la campaña a todos les cambia el rostro. Jamás se ve tanta dentadura y tanta sonrisa. Continuamente se producen imágenes de lo más inusuales. Pregúntense, sino, ¿cuántas veces han visto a lo largo de la legislatura a Pérez Rubalcaba, Mariano Rajoy, José Blanco o Ruiz Gallardón besando y abrazando a mujeres y niños?

Tomás Gómez, el aspirante socialista a conquistar la Puerta del Sol, fue el primero en estrenarse en la campaña con un hombre disfrazado de pulpo Paul. Le daban a elegir entre Gómez y Aguirre -adivinen a quién se cogía el cefalópodo- . Días más tarde, colgó en la Gran Vía, como si la sede del PSM fuese un cine más, el cartel de una película de ficción titulada ‘Adiós condesa’. Y, aunque él lo dijo en serio, una de sus propuestas generó chistes en las tertulias y viñetas de humor en los diarios nacionales: Gómez prometió que ninguno de sus Consejeros llevará a sus hijos a la sanidad o a los colegios privados.

Esperanza Aguirre, la candidata a la presidencia madrileña del PP, arrancaba la contienda electoral apareciendo en los carteles vestida de blanco y con evidentes síntomas de photoshop. Uno de los días causó furor por las calles de Galapagar con su perro, Pecas, aunque para golpe de efecto, el que provocó el chotis con el que fue recibida por sus compañeros del PP en la pradera de San Isidro: “Por la calle de Alcalá, Esperanza viene y va, pico y pala ‘apoyaos’ en la cadera. De Alcobendas a Aranjuez, de Buitrago a Leganés, todos quieren que se presente otra vez. Y el vecino que la ve, va y le dice: ‘así ha de ser’, trabajando con esmero presidenta, pues nadie le va a ganar, en equipo a trabajar, todos juntos por nuestra comunidad” (pónganle música de Los Nardos, el pasacalles de la zarzuela Las Leandras del maestro Francisco Alonso).

María Dolores de Cospedal, la candidata a la presidencia de Castilla-La Mancha, lanzó su particular ley antitabaco con un cartel en el que se leía “el tabaco advierte que el Gobierno es perjudicial para la salud”. Su homólogo, José María Barreda, la comparó con Sarah Palin, “agresiva -dijo- y con poco fondo”. José Luis Rodríguez Zapatero tildó de “bellacos” a todos cuantos dicen que el PSOE ha hecho recortes sociales. La guinda de la agresividad verbal la puso uno de los candidatos socialistas en Jaén, Manuel López, con su “el PP es para matarlo a hostias”, sin olvidar la peineta que le dedicó Federico Trillo a quienes se metían con Francisco Camps a la salida de un acto en Torrevieja. Las anécdotas, como bien puede comprobarse, han sido innumerables, pero la pregunta ahora es si son o no rentables para el político en la caja registradora de los votos.

“Menos pulpos y más sensatez”

Para José Luis Fernández Seara, profesor titular del Departamento de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico de la Universidad de Salamanca, “el circo de la política es muy amplio y hay para todo, momentos serios, momentos para el humor, pero es evidente que se ha bajado excesivamente el listón”. Según Fernández Seara, la dosis de estrés que sufren los candidatos en campaña es brutal, en cuestión de dos semanas están sometidos a una tensión continua en mítines, entrevistas, visitas, viajes en avión, coche, autocares… “y eso -explica el profesor- les hace mucho más susceptibles a la hora de cometer errores, improvisan más, corren más riesgos. Ahora bien, yo soy profesor y para intentar que los alumnos vengan a las clases a aprender lo que no voy a hacer es contratar a un pulpo o vestirme de payaso. Menos pulpos y más seriedad y sensatez”.

El experto en comunicación e imagen, Álvaro Santos, está convencido de que la rentabilidad con este tipo de acciones no es tanta como la que piensan los políticos. “El tiro -añade Santos- puede salirles por la culata. A veces da la sensación de que tratan al votante como si fuese una persona que no se da cuenta de las cosas. Ahí tenemos el ejemplo de Zapatero y sus bellacos. Cuando todos sabemos que en los últimos meses se han congelado pensiones y se ha bajado el sueldo a los funcionarios, ¿cómo es posible que haga este tipo de afirmaciones?, ¿seré un bellaco por hacer esta observación?”.

Otro ejemplo, del que la gente se ha dado perfectamente cuenta, ha sido el de los carteles electorales. Las arrugas han desaparecido cuando todos vemos a diario a los políticos con sus virtudes y sus defectos, “personalmente – apunta Santos – no me ha gustado ninguna de las imágenes de este año. La seriedad de Esperanza Aguirre con los ojos tan perfilados en negro y una imagen tan blanca, o la de Tomás Gómez, mirando al cielo como a verlas venir. La ciudadanía se siente alejada de la clase política y lo que hay que hacer es apostar por imágenes cercanas, con menos photoshop”.

Aguirre y Gómez, los reyes en Faceboock y Twitter

Manuel A. Alonso Coto, profesor de Marketing Digital en el Instituto de Empresa y autor del libro Marketing político 2.0, cree que la mayoría de los políticos se han quedado obsoletos. Alonso relata cómo “hace unos días estuve en Asturias escuchando un mitin del PSOE en el que invocaban a Franco y a los muertos. Decían que viene no una derecha, sino dos, con Álvarez Cascos. ¿Cómo se puede seguir mandando el mismo mensaje tantos años después? En un auditorio de jóvenes, como era el caso, está completamente trasnochado. Queremos soluciones a los problemas”.

Menos del 15% de la clase política española se ha modernizado y domina las redes sociales. Ahora mismo, los dos políticos que ocupan los primeros puestos del top de tuiteros en la red son Esperanza Aguirre y Tomás Gómez, la primera con más de 60.000 seguidores y el segundo con más de 12.000. Alonso Coto dice que: “Lo bueno de Twitter es que es tan rápido que no da tiempo ni de mentir. Les hace ser más ellos, ganan en cercanía, consiguen improvisar y ser naturales. Por aquí empieza a haber una salida a ese encorsetamiento de las campañas. Hay un alcalde en Jun, Granada, que tiene una población de 4.000 habitantes y ha conseguido 17.000 seguidores y si se entra en su blog es curioso comprobar que lo que ofrece son soluciones. No es cortoplacista. Los políticos cometen el gran error de preocuparse más por el envoltorio que por el contenido, y en eso se equivocan, los ciudadanos quieren solucionar sus problemas”.

Los expertos cada vez están más convencidos de que las campañas son poco rentables económica y políticamente. La web abre un nuevo horizonte en las elecciones del futuro y, de momento, los twitter-debates, twitter-entrevistas o twitter-mítines, no han hecho más que empezar. Algunos ya están invirtiendo mucho tiempo en las redes sociales. Existe una web en la que puede consultarse el top de los políticos más tuiteros, www.los30tuiteros.com , pero mientras se modernizan, el que se ha agotado ya es el tiempo. El 22-M ha llegado y, tras tantas anécdotas, una vez más el pueblo será el que ría el último.

De utopías y realidades

Los partidos se sacuden a los ‘indignados’ con buenas palabras y se vuelcan en sus feudos para cerrar la campaña electoral.

La campaña que amenazó durante algunos días con apellidarse Bildu enfila hacia su recta final entre aromas de ‘indignación’ y mucho realismo, político claro.

Líderes y candidatos, tras los titubeos iniciales fruto del desconcierto ante lo inesperado, parecen haber recibido ya de sus asesores la ficha de instrucciones para sortear el Movimiento 15-M sin morir en el intento. A saber: buenas palabras -mejores cuanto más a la izquierda-, ninguna promesa tangible -de los más lanzados, el lehendakari, quien afirmó en Twitter que «tal vez ha llegado la hora de abrir un nuevo debate sobre la Ley Electoral en España»- y abundantes recordatorios de que en democracia la disconformidad y la conformidad tienen su mejor cauce de expresión en las urnas.

Y luego paz y después gloria, y a aprovechar las escasas horas que restan para captar indecisos o desilusionados. Todo con los dedos convenientemente cruzados en la confianza de que ‘Democracia Real Ya’ sea algo pasajero o, en su defecto, moldeable a un bajo coste.

La mediática protesta -de momento más tibia en Euskadi que en otras zonas de España, porque aquí no se ha alcanzado el grado de descreimiento en la política y los políticos de otras comunidades-, termine como termine, no habrá sido inocua. El debate que ha suscitado ahí queda. Y en lo inmediato -y que nadie quiera ver tras esta afirmación veladas sugerencias de manos ocultas tras el movimiento de ‘indignados’, en las que no creo- la protesta ha hurtado a Rajoy tres días de titulares sobre la magnitud de la victoria del PP y ha evitado al PSOE otros tantos del alcance de la previsible debacle socialista.

Los acampados ya han empezado a concretar algunas de sus reclamaciones, aún provisionales. Cuestionan desde las pensiones máximas de las que disfrutan los políticos a la necesidad de mantener el Senado, el bipartidismo o las listas cerradas y bloqueadas, que tanto poder otorgan a esos pocos profesionales de la política que controlan los aparatos de los partidos, y que tanto han limitado el debate.

De momento no hay respuestas. Y es que todo buen negociador, y los partidos los tienen, sabe que cuanto más se aguante sin cesiones más queda para ofrecer, y más barato puede resultar el arreglo. Si el azucarillo no se disuelve solo.

Feudos y claves

Sorteado así el trámite de la indignación a la espera de acontecimientos, queda la campaña pura y dura. Hoy llegan los últimos mítines. El del PNV, en su feudo vizcaíno, para exhibir músculo en toda Euskadi. Los del PSE y el PP en Vitoria, en Álava, donde se juegan buena parte de su ser o no ser el 22M. Bildu, en San Sebastián. Todo previsible.

Tampoco se observan grandes cambios en los guiones. Si acaso algunos ajustes en las últimas horas a la luz de ciertas encuestas que aunque no pueden ver la luz porque lo prohíbe la legislación vigente, existir existen, y contar se cuentan, a políticos y periodistas.

Tal vez por ello, Iñigo Urkullu parece poner menos énfasis en las últimas horas en alertar contra la presunta intención de PSE y PP de extender su pacto allá donde puedan, lo que ambos se han hartado de desmentir. Prefiere remarcar que «es el momento de partidos con experiencia» en la gestión, como el PNV, y no de formaciones «que carecen de proyecto, que sólo viven de eslóganes y cuyo currículo está en blanco, como Bildu».

El lehendakari López, tras una primera semana de corte netamente institucional, ha entrado mucho más de lleno en harina electoral. Pese a a los pésimos pronósticos que avanzan las encuestas al PSOE. O tal vez por ello, para evitar o aminorar en su defecto el parte de daños del PSE.

Si el PP ha concentrado buena parte de sus esfuerzos en Álava -incluidos Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría-, lo mismo está haciendo el líder de los socialistas vascos. Un territorio en el que, sorpresivamente, el debate no ha girado en absoluto en torno a los presuntos casos de corrupción y espionaje en el que se han visto implicados importantes dirigentes del PNV alavés y que habían marcado la política vasca el último año. Los únicos dardos los ha lanzado el PSE, y de manera bien tibia.

¿Será porque populares y socialistas juzgan el asunto amortizado? ¿Para evitar comparaciones con Camps o con los numerosos imputados que engrosan las listas del PSOE y el PP en toda España? ¿Por la acusación de última hora de un excargo de Transportes contra el candidato foral popular alavés? Los jeltzales lo habrán agradecido.

Los pensionistas advierten de que “castigarán a los políticos con su voto”

Prejubilados y pensionista vascos, agrupados en la Federación Vasca de Asociaciones de Prejubilados y Pensionistas (FEVAAS), han denunciado hoy en Bilbao las “injusticias económicas” a las que les somete la Administración y han advertido de que “castigarán a los políticos con su voto”.

FEVAAS ha realizado hoy concentraciones en las tres capitales vascas ante las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en las que han participado prejubilados, pensionistas, viudas y otras organizaciones de mayores.

En el acto celebrado en Bilbao, el coordinador de la FEVAAS en Vizcaya, Goyo Yáñez, ha declarado que los partidos políticos antes de las elecciones “intentan captar” su voto, pero que pasados los comicios “se olvidan” de ellos. Así mismo, ha recalcado que “los políticos no hacen nada aunque llevemos 17 años peleando por esto”.

FEVAAS exige tener representatividad a nivel estatal para “defender sus derechos sociales y económicos”, ya que suponen “el 20 por ciento de la población”.

“No nos representa nadie porque los sindicatos, aunque digan que asumen esa responsabilidad, no nos defienden”, ha afirmado Yáñez.
Este colectivo reivindica la pensión completa sin penalizaciones a los 65 años si se han cotizado 35 años a la Seguridad Social y denuncia que desde 1997 los sucesivos recortes han hecho que sus pensiones actuales sean el 70 % de las que, según FEVAAS, deberían corresponderles si se hubieran mantenido.

Por ello, 10.000 afectados en Euskadi han presentado demandas judiciales antes los Tribunales para reclamar el cobro del cien por ciento de la pensión.

La federación reclama también que las viudas cobren el 70% de la base imponible de sus cónyuges, frente al 52 % que reciben actualmente, y se opone a la congelación de las pensiones impuestas por el Gobierno central en 2011.

Goyo Yáñez ha declarado que “si nadie remedia estos recortes brutales, los vamos a tener de por vida”.

En la protesta, los manifestantes han desplegado una pancarta en la que se podía leer “No a la congelación. A los 65: pensión sin penalización. Viudedad 70% ya. Representatividad”.

Los centenares de pensionistas han coreado lemas como “Gobierno, queremos soluciones”; “nuestro voto, al congelador”; “es fácil prometer,hay que cumplir”; “congresistas, menos injusticias” y “seriedad por la viudedad”.

Como parte de esta segunda protesta, la FEVAAS ha entregado esta mañana un escrito de protesta al director provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social. El 25 de enero lo hicieron por primera vez en la subdirección del Gobierno Central en la Plaza Moyua.

La federación tiene convocada una tercera concentración en la villa el próximo 5 de mayo ante las Juntas Generales para presentar una proposición de norma para la reducción de los impuestos a los pensionistas.

Yáñez ha asegurado que, aunque no consigan nada tras la concentración del 5 de mayo, “seguiremos luchando en la calle, no nos vamos a quedar quietos” y ha señalado que “castigaran a los políticos con su voto”.

Jubilados vascos exigen la pensión completa con 65 años y 35 cotizados

Los prejubilados y pensionistas vascos, agrupados en la federación FEVAAS, acompañados por las asociaciones de viudas y otras organizaciones de mayores se han movilizado este jueves en las tres capitales vascas para exigir la pensión completa a los 65 años, con 35 años cotizados. Este colectivo, que continuará sus manifestaciones y concentraciones hasta mayo, reclama lo que consideran “ingresos justos, sin discriminaciones, tras muchos años de vida laboral”.

En cada una de estas movilizaciones, que se ha desarrollado por espacio de una hora, los concentrados han exhibido pancartas y carteles “informativos de las injusticias económicas que, de manera reiterada y permanente, comete el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y otras instituciones con los prejubilados, viudas y demás colectivos de mayores”.

En Bilbao, la concentración se ha desarrollado, a partir de las once de la mañana, en la Plaza del Sagrado Corazón de Jesús, ante las oficinas del INSS y la Seguridad Social, mientras que en Vitoria se ha celebrado en la Plaza de la Virgen Blanca y en San Sebastián ante las oficinas del INSS y la Seguridad Social. Los directivos de la federación FEVAAS han insistido en que las reivindicaciones de los colectivos de prejubilados, pensionistas y viudas son “muy antiguas y persistentes ante el tratamiento discriminatorio de que son objeto por parte de la Administración”.

Por este motivo, han explicado, “miles de prejubilados vascos han presentado demandas judiciales colectivas e individuales en contra del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por considerar inconstitucional la aplicación de coeficientes reductores de sus pensiones, tras haberse retirado de manera anticipada y obligada, con penalizaciones de entre el 6 y el 8% por cada año que les faltaba para cumplir los 65”.

Según ha indicado, en el conjunto de España “son más de 450.000 afectados y en Euskadi 40.000, de los cuales 10.000 han presentado demandas judiciales ante los Tribunales para pedir la pensión ‘completa’ al cumplir los 65 años, siempre que hayan cotizado más de 35”. En ese sentido, han advertido que “el objetivo perseguido es llegar al Tribunal Constitucional con la denuncia de esta discriminación”.

Reivindicaciones

Este colectivo reivindica el cobro de la pensión completa, sin penalizaciones, a los 65 años si se han cotizado 35 años, así como poseer representatividad en diferentes órganos de decisión. Asimismo, reclaman que las viudas puedan cobrar el 70% de la base imponible de sus maridos desde este momento y rechazan “de manera firme la congelación de las pensiones impuesta por el Gobierno”.

El superávit de la Seguridad Social cae un 72% en 2010 y cierra el año en el 0,2% del PIB

El superávit de la Seguridad Social cayó un 71,97% en 2010 y cerró el año en 2.382,97 millones de euros, lo que supone el 0,2% del PIB, tal y como estaba previsto en el plan de reducción del déficit, según ha anunciado el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado.

Esta cifra es consecuencia de unos ingresos de 122.484,55 millones de euros, lo que supone un descenso del 0,97%, mientras que las obligaciones reconocidas (los pagos) se situaron en 120.101,58 millones de euros, un 4,55% más.

Los datos son aún provisionales y apuntan a una gran moderación del superávit como consecuencia de un aumento de los gastos y de los menores ingresos provocados por la crisis económica en la que se encuentra inmerso el país.

La reforma que planea el Gobierno recortará las pensiones hasta un 26%

La reforma de las pensiones está en marcha, y a medida que avanzan las negociaciones con los sindicatos comienzan a cuantificarse las consecuencias de los cambios que planea el Gobierno. Los estudios que manejan hoy CCOO y UGT estiman que el recorte de las pensiones podría alcanzar hasta el 26% si salen adelante las dos reformas de mayor calado que propone el Ejecutivo. En concreto, el retraso en la edad de jubilación de 65 a 67 años y el aumento del periodo de cálculo de los 15 años actuales a toda la vida laboral.

El cálculo está basado en un estudio publicado por los profesores Díaz-Giménez y Díaz-Saavedra citado por el sindicalista José María Zufiaur en la revista La Factoría, donde puede leerse que aumentar la base reguladora hasta los 20 años (la que sirve para calcular la cuantía de las pensiones) reduciría la prestación media un 6%. Si en su lugar se opta por tener en cuenta toda la vida laboral, el recorte sería de otro 10%, y si se retrasa dos años la edad legal de jubilación se estaría hablando de un ajuste equivalente a otro 10% adicional. En total, un 26% que es lo que se recortarían las pensiones si se aprueba la reforma en su formulación más ambiciosa. Es decir, sin elementos correctores que suavicen sus efectos, y, lógicamente, al final del periodo transitorio. Cuando esté plenamente operativa.

El estudio de los dos académicos se titula ‘The Government’ proposal for the spanish pension system: a quantitative analisys, y los autores están preparando una actualización en castellano. El profesor Díaz-Saavedra aclaró ayer a El Confidencial que el texto citado tiene un doble enfoque. Por un lado, calcula lo que se ahorraría la Seguridad Social (el coste para los pensionistas) pero también estima un recorte sustancial en las cotizaciones sociales o los tipos impositivos (si se financia con impuestos), ya que el sistema público de pensiones tendría una menor necesidad de recursos en coherencia con el recorte de los gastos.

El artículo de Zufiaur -un veterano sindicalista con amplia capacidad de influencia sobre la dirección de UGT- coincide con otro que acaba de publicar en la Fundación Sindical de Estudios el responsable de Seguridad Social de CCOO, Carlos Bravo, y que es el que sirve de texto de referencia a Ignacio Fernández Toxo para negociar con el Gobierno.

El informe de CCOO descalifica de arriba abajo la reforma que propone Moncloa. Y esto da a entender -no se trata sólo de un mero movimiento táctico- que no parece probable que las negociaciones con las centrales sindicales puedan llegar a buen puerto. Tanto en el estudio de Zufiaur como en el de CCOO se critica que el Gobierno ponga el énfasis en el gasto, pero no en los futuros ingresos de la Seguridad Social, lo que pasaría por mejorar la calidad del empleo y por ende aumentar las bases de cotización para hacer frente a un aumento del gasto en pensiones.

Zufiar recuerda que hay estudios que estiman que retrasar la edad real de jubilación de los 63 años y 10 meses actuales a los 65 que marca la ley, tendría incluso mayores efectos sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones que prologar la jubilación a los 67 de forma obligatoria.

Salarios, empleo y Seguridad Social

El informe de Carlos Bravo, por su parte, recuerda que según el Gabinete técnico de CCOO, mientras que las bases medias de cotización del régimen general han crecido un 0,8% en términos reales (descontada la inflación) entre 1989 y 2008, durante ese mismo periodo la cuantía media de las pensiones ha crecido sustancialmente por encima. En concreto, un 1,6% entre 1995 y 2008, lo que hace inviable el modelo si no se actúa sobre el factor clave en un sistema de reparto: el empleo.

La variable salarial es todavía más relevante entre algunos colectivos. Como sostienen el estudio de CCOO, “llama la atención que aproximadamente algo más del 30% de los nuevos jubilados acceden a la pensión desde situación de desempleo, y, más concretamente, el 10% lo hace directamente desde el subsidio de mayores de 52 años”. Es decir, si no mejora el empleo (no sólo en términos cuantitativos sino también cualitativos), las pensiones en el futuro serán cada vez más bajas. O dicho en palabras de Zufiar, “un trabajador pobre será, inevitablemente, un pensionista pobre”. Y ello pese que las carreras de cotización de muchos trabajadores en paro con más de 52 años han sido extraordinariamente elevadas.

Otra manifestación evidente de este problema, sostiene el dirigente de CCOO, es comparar las bases de cotización medias de los distintos regímenes. El contraste más evidente se obtiene observando la diferencia entre las bases de cotización medias a la Seguridad Social de los empleadores, en gran número integrados en el régimen especial de trabajadores autónomos, y los trabajadores por cuenta ajena del régimen general de la Seguridad Social. Los primeros cotizan en media en torno a los 950 € mensuales, frente a los 1.650 € mensuales de los trabajadores por cuenta ajena.

Por el momento, y como se ha dicho, nada indica que vaya a haber acuerdos. Ayer, de hecho, se produjo la cuarte reunión entre los miembros del Ejecutivo y los secretarios generales de UGT y CCOO sin que por el momento se haya alcanzado aproximación alguna en los asuntos más calientes de la negociación. Los contactos seguirán en los próximos días.

El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, afirmó que las posiciones de los sindicatos y las del Gobierno “están alejadas”, ya que el Ejecutivo “persiste” en el retraso de la edad de jubilación a los 67 años. Ferrer explicó que en los cuatro días de reuniones que las organizaciones sindicales han mantenido con el Gobierno “hemos estado explorando las posibilidades y los márgenes para el consenso”, pero dejó claro que “no ha habido avances”.

Los once puntos ‘clave’ de la reforma de las pensiones

La Comisión del Pacto de Toledo concluyó ayer la primera parte de sus trabajos. Sin duda, la más delicada en medio de un gran revuelo sobre la capacidad del Gobierno de asegurase una mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante su propuesta ‘estrella’. El retraso en la edad de jubilación de 65 a 67 años.

En total son 23 recomendaciones que nacen sin el respaldo del PP, ERC-IU-ICV y BNG, que presentarán votos particulares especialmente en materia de edad de retiro. Ahora, el texto, deberá ser votado el próximo miércoles en Comisión y el próximo 25 de enero en Pleno. Es decir, tres días antes de que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de ley.

Estas son las propuestas principales:

1.- Separación de fuentes:

El documento insta al Gobierno a asumir esta tarea “con carácter prioritario debiendo presentar al Congreso de los Diputados un calendario que incluya las proyecciones económicas adecuadas para hacer creíble su inaplazable ejecución”. En la actualidad, la Seguridad Social paga prestaciones de carácter no contributivo que deberían financiarse con impuestos. Pero el Gobierno hace caso omiso a este compromiso suscrito en anteriores pactos. De hecho, en los últimos años ha aportado 300 millones de euros a este fin, pero en los presupuestos de 2011 incluso se rebaja esa cantidad a 100 millones, lo que significa que el sistema público de protección social paga decisiones discrecionales del Gobierno (por ejemplo la subida de las pensiones mínimas). La primera recomendación del Pacto de Toledo deja bien claro que “las políticas activas de empleo que introduzcan bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social deberán efectuarse exclusivamente con cargo a la fiscalidad general. También se financiarán, con cargo a la fiscalidad general, cualesquiera actuaciones en materia de anticipación de la edad ordinaria de jubilación o de ayuda a sectores productivos determinados”.

2.- Poder adquisitivo de las pensiones

La Comisión del Pacto de Toledo considera que “la sostenibilidad del sistema exige que sólo se financien con cargo a los recursos de la Seguridad Social los gastos correspondientes al estricto mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, y que toda subida por encima del IPC (o del índice que, en su caso, pudiere adoptarse) sea sufragada con cargo a otros recursos financieros”. La comisión parte de que el vigente sistema de revalorización ha dado lugar, en anteriores ejercicios, a desviaciones entre el IPC previsto y el IPC real, con la consiguiente desvirtuación de su finalidad de conservación del poder adquisitivo. Y por eso propone que “a partir de ahora deberá proponerse para cada desviación que haya ocasionado subidas en las pensiones por encima del IPC real, un tratamiento específico: ya sea como mejora que, total o parcialmente, se consolida y absorbe permanentemente por el sistema, ya sea como mejora cuyo exceso no se consolida”.

Igualmente, se considera conveniente estudiar (para su posterior análisis y valoración por la Comisión) la posibilidad de utilizar otros índices de revalorización basados, entre otros, el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social.

3.- Integración de los regímenes especiales

La Comisión considera necesario culminar el proceso de simplificación de los actuales “en orden a la existencia de dos grandes regímenes en los que queden encuadrados, por un lado, los trabajadores por cuenta ajena y, por otro lado, los trabajadores por cuenta propia. Dentro de este contexto sería oportuno alcanzar una protección social equiparable entre estos dos regímenes. Y en este sentido se considera necesario continuar avanzando en la plena equiparación de los derechos de los trabajadores autónomos con los derechos de los trabajadores del Régimen General; en especial, en materia de incentivos para promover la continuidad de su actividad profesional, en materia de jubilación anticipada y en materia de trabajo a tiempo parcial.

Asimismo, la Comisión considera necesario promover, “de manera gradual”, las medidas necesarias para aproximar las bases de cotización de los trabajadores autónomos a los ingresos percibidos por los mismos. Y en particular propone terminar la integración definitiva de los siguientes regímenes especiales: agrario por cuenta ajena, de los trabajadores del mar y de los trabajadores al servicio del hogar familiar. En esta línea, la Comisión considera pertinente seguir avanzando en el proceso de convergencia y armonización entre el Régimen General y el Régimen de Clases Pasivas, “que deberá hacerse de manera gradual y sin afectar a expectativas de derechos, ni a derechos legítimamente adquiridos”.

4.- Bases y periodos de cotización

La Comisión considera necesario ajustar con mayor precisión la relación entre el salario real y las bases de cotización, así como, en paralelo, mejorar las prestaciones que se recibirán. En este sentido, plantea la necesidad de elevar el tope máximo de cotización y la pensión máxima que se regulan en la Ley para garantizar la adecuada correlación en la evolución de salarios, cotizaciones y prestaciones. La cuarta recomendación no precisa a la hora de ampliar el periodo de cálculo de las pensiones (ahora los últimos 15 años trabajados), pero asegura que “debe realizarse sobre los periodos de cotización real”. Y en concreto propone que “por Ley se podrán reconocer o favorecer determinadas situaciones y supuestos en el procedimiento de cálculo de la pensión, al efecto de añadir o minorar periodos o bases de cálculo”.

5.- Información al ciudadano

En este punto se plantea la necesidad de “aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece internet para desarrollar acciones formativas encaminadas a difundir las características del sistema de pensiones”. Y en coherencia con este principio se propone publicar las obligaciones y derechos de los cotizantes “y, en especial, la cuantía de las pensiones que les corresponden atendiendo a las cotizaciones realizadas”.

6.- Gestión del sistema

En este punto, la Comisión defiende una más estrecha y adecuada coordinación entre el sistema de prestaciones de la Seguridad Social y los sistemas asistenciales autonómicos, sin perjuicio de la vigente distribución de competencias”.

7.- Lucha contra el fraude

La Comisión considera que “deben potenciarse los mecanismos de colaboración y las posibilidades de control por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social y las Mutuas, en relación con los diferentes procesos de incapacidad, con especial atención a los procesos de baja de duración inferior a 15 días, que suponen una carga económica notable al ser sufragados con cargo a la empresa”. La Comisión sostiene que debe seguirse actuando para evitar usos inadecuados de afiliación a regímenes que no responden a las características propias del trabajo efectivamente realizado.

8.- Periodo de cálculo

La Comisión del pacto de Toledo entiende que resulta conveniente avanzar en una mayor adecuación entre la pensión y el esfuerzo de cotización realizado por cada trabajador, medida en la que están avanzando la mayoría de los países de nuestro entorno. Aunque no dice cómo hacerlo ni qué ritmo hay que aplicar. En cualquier caso, defiende que las modificaciones del periodo de cálculo para la cuantificación de la pensión de jubilación que se han venido realizando en España se han demostrado adecuadas, por lo que ha de proseguirse en la misma línea, correspondiendo al Gobierno, “mediante el pertinente diálogo social y con criterios técnicos claros, realizar una propuesta al respecto. La Comisión sostiene que cualquier cambio en esta materia deberá aplicarse con la necesaria gradualidad, “sin perjuicio del derecho de todo pensionista a optar por acogerse a dicho cambio de manera plena e inmediata, si lo considera conveniente”.

9.- Edad de jubilación

Se trata del asunto más peliagudo de la reforma de las pensiones. Y en este sentido, la comisión considera la prolongación de la vida laboral de los ciudadanos “como un objetivo necesario y deseable; por ello, dado que el objetivo que se persigue es el de aumentar la edad real en la que los trabajadores abandonan el mercado de trabajo y tener en cuenta la evolución de la expectativa de vida después de los 65 años, el conjunto de medidas a adoptar puede ser amplio, buscando la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones”. Por ello, considera oportuna “la modificación del régimen jurídico de la jubilación para conceder mayor relevancia a la carrera de cotización del trabajador, en orden a delimitar la cuantía de su pensión, favoreciendo así la aproximación de la edad real a la edad legal de acceso a ella”. El documento no habla de años, lo que deja en manos del Gobierno el asunto, ya que no ha habido consenso parlamentario.

Sobre la jubilación anticipada, opina que “debería reservarse a aquellos trabajadores que cuenten con largas carreras de cotización y, voluntariamente, opten por acogerse a ella. No obstante, mediante norma con rango de Ley, podrán establecerse mecanismos de jubilación anticipada en favor de colectivos que realicen actividades concretas -atendiendo a su especial penosidad, peligrosidad o insalubridad, y que acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad- así como en razón de su grado de discapacidad, cuando de forma generalizada y apreciable suponga una reducción de su esperanza de vida.

10.- Prestaciones de viudedad y orfandad

La Comisión propone la reformulación integral de las prestaciones por muerte y supervivencia –en especial viudedad y orfandad- en línea con lo ya demandado por el Pacto de Toledo en 2003, y que no ha sido llevado a término en su totalidad. Dicha reforma deberá atender, en todo caso, a mejorar las actuales pensiones de viudedad (en particular las de las personas mayores de 65 años en riesgo de pobreza) y orfandad. El Pacto de Toledo defiende el mantenimiento del carácter contributivo de estas prestaciones, y entiende que “la adopción de medidas que introduzcan criterios basados en condiciones específicas para el acceso a ellas (edad, renta, hijos, compatibilidades,…) no puede modificar dicha naturaleza básica”.

Con el objetivo de proseguir con la mejora de la protección, la Comisión considera que el percibo de la pensión de orfandad debería extenderse hasta que la persona huérfana cumpla 25 años o, como máxima extensión, hasta que concluya el año en que alcance esa edad, cuando estuviere cursando estudios.

11.- Pensiones mínimas

La Comisión defiende el principio de cuantías mínimas para las diferentes modalidades de pensión del sistema de seguridad social. Pero aclara que “las mejoras que se establezcan para hacer efectivo el principio de suficiencia económica de las prestaciones deberán financiarse básicamente con cargo a la imposición general, como expresión de la solidaridad social”. Es decir, que no hay que subirse a la tribuna de Rodiezmo proclamando que se suben las pensiones mínimas, pero con el dinero de la Seguridad Social.

El Pacto de Toledo aplaza al próximo miércoles el debate sobre la edad de jubilación y el periodo de

“Hay espacio para el acuerdo y yo creo que habrá acuerdo, pero sigo manteniendo la propuesta del documento del Gobierno hasta que lleguemos al punto de la edad de jubilación”, ha asegurado la portavoz socialista, Isabel López i Chamosa, en declaraciones a los periodistas tras la reunión de este jueves. “Muy mala negociadora sería yo si antes de llegar al punto he retirado su propuesta”, ha añadido.

Precisamente, desde el PP y CiU se ha pedido al Gobierno y al PSOE que plantee una alternativa que no afecte a la edad legal de jubilación, abogando por la “flexibilidad y voluntariedad” sobre la edad de retiro.

“Este es un punto en el que podría haber un amplio acuerdo”, ha asegurado el representante de CiU, Carles Campuzano, quien ha expresado su “intuición”de que en este punto es donde el PSOE puede ofrecer un marco para el pacto.

Escollo

Por parte del PP, Tomás Burgos ha asegurado que en las negociaciones para la renovación del acuerdo, que ya han abarcado nueve de las quince recomendaciones del acuerdo, se están registrando avances en materias como las mutuas, el fraude o la mejora de la gestión de la Seguridad Social.

No obstante, estos acuerdos ponen en evidencia que el retraso “obligatorio” de la jubilación es el “principal escollo” para el acuerdo, por lo que el Ejecutivo debe retirarlo. “El Gobierno debe entender el mensaje que le da el Congreso y retirar su propuesta”, ha remarcado, asegurando que la pretensión del PP es que el informe final “concrete” que el alargamiento de la vida laboral debe producirse de manera voluntaria e incentivada.

La reforma de la SS

Asimismo, ha asegurado que ve “inaceptable” la “presión” a la que se somete los trabajos parlamentarios después de que el Gobierno anunciara que prevé aprobar el proyecto de ley para la reforma de las pensiones el próximo 28 de enero, si bien el PP se compromete “por responsabilidad” a acelerar los trabajos para que puedan estar concluidos antes de que acabe el año.

Por otro lado, ha revelado que el Gobierno ha trasladado a los diputados que los cambios en la gestión de la Seguridad Social, que hace una semana el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, situó como uno de los pilares de la reforma, “”no es tan urgente ni tan inmediata” como se ha especulado en los últimos días.

El pesimismo del PNV

Más pesimista se ha mostrado el representante del PNV, Emilio Olabarria, quien ha destacado las “dudas” que gravitan sobre la utilidad de los trabajos de la Comisión cuando el Gobierno parece actuar exclusivamente en función de las órdenes de Bruselas.

Por ahora los grupos mantiene la previsión de cerrar sus trabajos antes de que acabe el año, “con dos o tres sesiones más de trabajo intensas”, en palabras de López i Chamosa, como las que les ha ocupado hoy y que ha durado cerca de cinco horas. No obstante, la diputada socialista ha advertida que no se puede descartar que haya que habilitar la última semana del año para poder cerrar los trabajos.

Zapatero ningunea a Valeriano Gómez al suprimir la ayuda de 426 euros sin consultarle

Sólo lleva poco más de un mes en el cargo, pero ya ha tenido que tragarse dos enormes sapos. Y ambos a cuenta del subsidio de 426 euros para los parados de larga duración.

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, firme defensor de mantener esta ayuda destinada a los colectivos más desprotegidos, fue desautorizado en toda regla el pasado miércoles por José Luis Rodríguez Zapatero cuando éste anunció en el Congreso la supresión inmediata de esa prestación económica sin haberlo consultado siquiera con Gómez, según han asegurado a El Confidencial fuentes cercanas al titular de Trabajo.

El pasado 27 de octubre, una semana después de ocupar su despacho oficial, Gómez se llevó su primer tirón de orejas. En su debut ante los periodistas como flamante ministro de Trabajo, el sucesor de Celestino Corbacho anunció que el Gobierno prorrogaría por tercera vez la ayuda de 426 euros mensuales para los desempleados sin ningún tipo de cobertura, cuyos beneficiarios cifró en unas 300.000 personas, y aseguró que no veía “oportuno” suprimir esa prestación.

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, le obligó a rectificar unas horas después, forzando a Trabajo a emitir un comunicado oficial en el que se aclaraba que la prórroga pregonada por Gómez “no implica” que el subsidio “se mantenga indefinidamente”. Al día siguiente, Salgado remachó que la ayuda sólo se mantendría “si existe disponibilidad presupuestaria”.

Esta vez ha sido aún peor. El pasado martes, la víspera de que Zapatero anunciase el nuevo paquete de medidas anticrisis, Gómez comparecía ante la Comisión de Trabajo del Congreso sin saber que el presidente del Gobierno ya había tomado la decisión, que haría pública al día siguiente, de suprimir a partir de febrero de 2011 la paga de 426 euros destinada a quienes ya han agotado el resto de prestaciones.

Durante su comparecencia en el Congreso, de casi cinco horas, Gómez no se refirió en ningún momento a la eliminación de ese subsidio. Su única alusión al mismo -tal vez escarmentado por el tirón de orejas de Salgado- fue que su departamento estaba estudiando cómo “redefinirlo”, sugiriendo que en el futuro sólo lo cobrarían los desempleados que participen en cursos de formación.

Gómez, al margen

El nuevo paquete de medidas económicas que hoy aprobará el Consejo de Ministros, incluido el tijeretazo a los 426 euros, se cocinó entre Zapatero, Salgado y sus respectivos equipos de asesores, dejando al margen al ministro de Trabajo, según las fuentes consultadas. “Valeriano Gómez está muy cabreado porque ni han contado con él ni comparte esa decisión”, añaden las mismas fuentes.

Este nuevo recorte también ha sido recibido con profundo desagrado en un amplio sector del PSOE, muy crítico con las continuas cesiones de Zapatero a los mercados a costa de sacrificar algunas de las principales señas de identidad del programa socialista. La eliminación de este subsidio, recuerdan esas fuentes, se une a la congelación de las pensiones, el recorte salarial a los funcionarios, la reforma laboral, la prolongación de la edad de jubilación o el divorcio con los sindicatos.

“Zapatero ha dejado a Gómez sin margen de maniobra para negociar con los sindicatos, y no sólo por cargarse la prórroga de la ayuda a los parados”, sostienen las fuentes consultadas. El ministro de Trabajo, según esas fuentes, es consciente de que la regulación de las agencias privadas de colocación, incluida en el nuevo plan anticrisis, también pondrá en pie de guerra a UGT y CCOO.

Por si fuera poco, Gómez era partidario, además, de enfriar el debate sobre la reforma de las pensiones, pero el presidente del Gobierno quiere acortar los plazos. Fuentes de La Moncloa han asegurado a El Confidencial que la reforma debe estar lista, como muy tarde, el próximo mes de febrero, y que se hará “con consenso o sin consenso”.

Las viudas vascas exigen tener presencia en el Pacto de Toledo

La Federación de Asociaciones de Mujeres Viudas del País Vasco (FEVI) denunció ayer su «invisibilidad» en los procesos de toma de decisiones y exigió su presencia en el Pacto de Toledo. Su presidenta, Maite Bilbao, lamentó durante una jornada de la federación celebrada en Durango a la que asistieron más de 300 mujeres, que cuando los partidos políticos debaten una reforma en el sistema y se habla de incrementar la edad de jubilación o de los años de cotizaciones, «nadie habla de las pensiones de viudedad». Bilbao vaticinó que la reforma de estas pensiones, la mayoría vitalicias e independientes de la renta del beneficiario, «va encaminada a la prestación social y a eliminar las de carácter vitalicio».

La abogada Rosa María Gil López señaló que «se está estudiando» eliminar las pensiones vitalicias en el caso de no tener hijos o haber estado casada durante un periodo «breve» de tiempo, y se vuelve a hablar de los complementos a mínimos que en estos momentos no llegan a los 7.000 euros anuales. Un futuro «preocupante» que «feminizará» aún más la pobreza, según constató la directora del Instituto Vasco de la Mujer, María Silvestre, presente en el acto.

El colectivo reclamó el reconocimiento de su trabajo en el hogar como parte de la cotización familiar y bienes gananciales y reivindicaron la «dignidad» de las pensiones. En este sentido, recordaron que las viudas perciben en general prestaciones muy bajas y que muchas de ellas subsisten sólo con esos ingresos. Según un estudio elaborado por la FEVI en Álava y Guipúzcoa, las viudas de estos territorios cobran entre 350 y 700 euros al mes de media, unas cifras que se mantienen «por debajo del umbral de la pobreza».

También criticaron la promesa institucional de la subida paulatina de la pensión de viudedad del 52% de la base reguladora actual al 70%. Según Bilbao, la subida de seis puntos -hasta alcanzar el 58%- prometida para el próximo año se ha diluido con la congelación de las pensiones.

“Llevamos haciendo sacrificios toda la vida… y encima, ahora, nos congela la pensión”

Son hijos de la guerra, hijos de la reconversión industrial vasca, que se han visto abocados a una situación económica dramática “e incluso vergonzosa”, matiza Iñaki Vicente, el presidente de la Federación Vasca de Asociaciones de Prejubilados y Pensionistas, sin quitar un solo gramo de crudeza a su panorama de cada día plagado de estrecheces de todo tipo. “Y todo por la vulneración de nuestros derechos y la constante pérdida de poder adquisitivo”, precisa. Condenados de por vida, “los que fuimos expulsados de nuestras empresas y, de forma involuntaria, nos vimos sin trabajo, tenemos las pensiones congeladas desde hace años. Estamos penalizados porque nos aplican los coeficientes reductores, a algunos un 8%, a otros un 7%… y nos quitan cada mes un porcentaje grandísimo” de la pensión de jubilación que les correspondería. Lo dice Iñaki Vicente, de 74 años, que se jubiló a los 60 años de edad y ha visto reducido su sueldo el 40% de la base reguladora. Alrededor de cien mil pesetas, en números redondos. “Si multiplicas por 14 pagas, suma 1.400.000 pesetas, (8.414 euros), el dinero con el que me penaliza cada año la Seguridad Social”.

Por eso, no saben si reír o llorar cuando el ministro de Trabajo les pide sacrificios para salir de la crisis. “Llevamos toda una vida de sacrificios y ahora, encima, nos congelan la pensión”, afirma junto a Goyo Yáñez, otro de los damnificados por la situación citada. “Porque congelación es la que tenemos nosotros desde 1993. Los miles de trabajadores que empezamos a trabajar a los 14 años, que levantamos el país, y que 40 años después, nos vimos sin trabajo”. Concretamente, unas 150.000 personas en la Comunidad Autónoma Vasca, cerca del 30% del conjunto de pensionistas, ven lastrados sus ingresos de jubilación por culpa de dichos coeficientes reductores.

“Claro que es una situación dramática. Imagina mi caso. Te mandan a casa con cincuenta y pocos años de edad, y te reducen el sueldo que ganas de la noche a la mañana en un 30%, con dos hijos estudiando en la Universidad. ¿Cómo se te queda el cuerpo?, ¿eso es o no dramático? Es muy fácil opinar sin padecerlo”, asevera Goyo Yáñez. “Yo les dije a los políticos de las Juntas Generales: Vosotros para saber lo que es el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) os lo aplicáis un año, y así lleváis a casa dos peras, dos manzanas… Es fácil decir: salario mínimo, cuando ganáis veinte veces más”.

“Yo, cuando trabajaba, todos los meses me podía permitir ir a cenar una noche a un restaurante con mi familia. Después, cuando vino todo esto, claro que íbamos a cenar, pero sólo cuando había una celebración y el menú del día. Lo que nos pasa es muy gravoso”, explica Goyo Yáñez.
Iñaki Vicente corrobora este rascarse el bolsillo a diario. “Imagínate, ganar un 40% menos de por vida. Tengo que conformarme con tirar de congelados y morcillas de Burgos. Y, sobre todo, resulta muy duro apartarte de gente de la cuadrilla en el bar porque no puedes alternar al mismo nivel que ellos”, resalta de forma gráfica.

“Ese recorte económico tan drástico y tan de repente ha conllevado incluso suicidios. Algún hijo de algún cargo directivo que veía cómo lo pasaba la familia, cómo no se podía mantener el ritmo de vida al que estaba acostumbrado, se ha tirado por la ventana. Porque se va acumulando un trauma que deriva en lo que deriva”. Ahora es Goyo el que habla.
Goyo Yañez tiene dos hijos, un ingeniero y una física. “Yo me marché de la empresa con mis hijos estudiando en la Universidad. No sabes cómo me tenía que apretar el cinturón. Me daba dos o tres vueltas”, afirma Yáñez que nació y murió, profesionalmente hablando claro, en la antigua General Eléctrica (GEE).

Aprendiendo toda una vida a arreglarse con muy poco, llega la congelación de las pensiones para acabar de rematar su precariedad. “Para una persona, con una pensión medio-baja, la congelación le puede suponer entre 200 y 300 euros al año. Para nosotros representa 9.000 euros”. “La congelación es inaceptable e injusta. Estamos en una mesa de personas mayores a nivel nacional para defender este tema porque al sistema de pensiones no se le puede atribuir el déficit público”, coinciden al unísono.
Futuro incierto

“¿Ahorrar? ¿Con qué? Yo no tengo ni un real”

Sin haber podido generar ahorros, afrontan una vejez con pocos recursos y menos esperanzas. “El otro día, en un foro de debate nos decía el catedrático de la UPV, Felipe Serrano que teníamos ahorros. No, no tenemos ahorros. Yo, la mitad de lo que ganaba, lo he invertido en la formación de mis hijos”, afirma Iñaki Vicente, padre de un médico, un licenciado en Ciencias Económicas, una profesora y una periodista.
“Un trabajador que ha sido honrado, que ha vivido de su sueldo dignamente, el salario se lo ha gastado en la educación de sus hijos. Yo no tengo un real”. “Que no nos propongan luego cosas como la Hipoteca Inversa de los pisos. Eso es inadmisible. Algunos comerciales de bancos han venido aquí, a la asociación, para vendernos que con la casa tenemos un ahorro acumulado que nos permite extraer un plus y vivir dignamente. Pero eso lo rechazamos de plano. Queremos los pisos para dárselos a nuestros hijos. Es la única herencia que les podemos dejar”.

La historia de estas injusticias empezó en el año 1993 cuando muchas grandes empresas industriales vascas estaban en crisis y aplicaron las llamadas jubilaciones anticipadas. “Nos empezaron a expulsar del puesto de trabajo con cincuenta y tantos años y con más de 40 años de cotización a la Seguridad Social para la inmensa mayoría”. Y encima discriminando. “Con dinero público hubo empresas que dieron complementos para llegar al 100%, cosa justa y necesaria. Ahí, desde luego, no nos metemos. Pero otros talleres auxiliares y empresas no dispusieron de esas ventajas”, afirma Vicente, también jubilado forzoso de General Eléctrica.

Discriminación

“A los que más hemos trabajado, nos castigan así”

“Dejamos de trabajar por causas de fuerza mayor, por eso pedimos que se eliminen los coeficientes reductores, que no somos leprosos para tenernos aislados”, subraya Yáñez, consciente de que los gobiernos están atados de pies y manos. “Todos están de acuerdo, lo admiten, votan a favor y en realidad no hacen nada”. FEVAAS asegura que la penalización debe ser suprimida porque el coste de su eliminación “no superaría los 3.000 millones anuales, cantidad perfectamente asumible por la Tesorería de la Seguridad Social, que tiene un superávit de más de 60.000 millones de euros”.

En ese sentido, Iñaki Vicente recuerda que “todo el Congreso, 310 diputados, aprobaron una proposición no de Ley presentada por el representante del PNV Emilio Olabarria, favorable a la eliminación de los coeficientes reductores al llegar a los 65 años de edad”. Pero todo se quedó ahí.

“Para solucionar problemas como el nuestro surgieron los contratos de sustitución. Pero ¡qué curioso!, los hijos de la guerra, los que más hemos trabajado, los que no teníamos tiempo ni de dar un beso a la novia, nos penalizan con ésto… y toda esta generación de contratos de sustitución, gracias a nuestra presencia, han solucionado el problema. Yo no critico eso. Me parece justo y necesario. Pero reconociendo la situación de todos los anteriores”, denuncia Iñaki Vicente.

Entre sus demandas también se encuentra la representación en aquellos foros que negocien sus asuntos. “Que no sean los sindicatos los que nos representan porque ellos están para las personas activas”. Asimismo reclaman elevar la pensión de viudedad del 52% al 70% de la base reguladora del sueldo o pensión del marido. En un intento desesperado por hacerse oír, también tienen interpuesta una demanda judicial denunciando a la Seguridad Social y “hemos metido también la demanda en Bruselas”.

A perro flaco todo son pulgas y en un cúmulo de despropósitos, el 11 de mayo, en el Pacto de Toledo, consiguieron que se admitieran sus propuestas. “Pero luego, el día 20, va y sale en el BOE el decretazo, con la congelación de pensiones. Otra congelación más que añadir a la que ya sufrimos”.

“Nuestra asociación lo que pide es una justicia social. Porque hemos cotizado más que nadie y encima nos castigan así. Y además discriminadamente. Porque otras personas han conseguido mejoras gracias a sus comités y a sus negociaciones. Por eso, en este momento, nuestro camino es el pacto de Toledo, porque todo el mundo reconoce esta vulneración de derechos pero nadie la corrige”.

Ante la buena voluntad de todos pero la inacción de la mayoría, han decidido movilizarse todos los meses hasta el 22 de mayo, fecha de las próximas elecciones municipales. “Hemos ido por todos los despachos de los partidos, de los políticos, todos nos han dado muy buenas palabras pero nadie hace nada. Los políticos se olvidan de nosotros al día siguiente. Por eso vamos a movilizarnos en las tres capitales el mismo día y a la misma hora, pero movilizaciones cortitas ¡eh! que ya estamos mayores”, puntualiza Goyo Yáñez.

“Vamos a movernos porque yo creo que los escritos van a la basura, que ni los leen”. Asimismo solicitan a las haciendas forales, una fiscalidad especial para que los ingresos de personas con coeficientes reductores no figuren como rendimientos del trabajo sino en casillas específicas. Y que los ayuntamientos les tengan también en cuenta de cara a los impuestos y tasas más directos.

Como dice Iñaki Vicente, la honradez tiene un precio. Y ellos han pagado con uno muy alto.

Denuncian el “recorte de derechos” con el visto bueno de políticos y sindicatos

El PP ha presentado ante el Tribunal Supremo un recurso contra el veto impuesto por el Gobierno de Zapatero a la tramitación parlamentaria de su proposición de ley en la que pedía derogar la congelación de las pensiones en 2011 contemplada en el decreto ley de medidas de ajuste aprobado en mayo e incluida también en el proyecto de ley de Presupuestos Generales para el próximo año.

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que recurren el veto ante el Supremo porque aquella iniciativa del Grupo Popular no encajaba con uno de los elementos que exige la Constitución para censurarla, y que es que afecte a los gastos presupuestarios.

“Como (la proposición de ley) no afecta a gastos ni a ingresos presupuestarios, se ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo, porque es un acto del Gobierno que incumple la Carta Magna y la ley”, señaló Sáenz de Santamaría, quien no descartó otras acciones legales paralelas, como un recurso ante el Tribunal Constitucional.

En su recurso, el PP pide al Supremo que ordene al Gobierno que “mande el expediente” sobre el veto. A partir de ahí, continuó la portavoz, “se irán cumpliendo los pasos” y se verá si hay que solicitar la adopción de medidas cautelares. Junto a la iniciativa del Partido Popular, el Gobierno de Zapatero impidió la tramitación de otras dos, presentadas por CiU y de ERC-IU-ICV, si bien estos grupos parlamentarios todavía no han llevado esta decisión a los tribunales.

Situación “dramática” Por otro lado, Iñaki Vicente, presidente de la Federación Vasca de Asociaciones de Prejubilados y Pensionistas, aseguró ayer en Bilbao que estos colectivos viven en la actualidad una situación “dramática” e incluso “vergonzosa” por la “vulneración de sus derechos” y la “constante pérdida de poder adquisitivo”.

Vicente hizo esta reflexión en la inauguración de las VIII Jornadas de Trabajo impulsadas por esta organización, que contaron con la presencia del alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna.

Jubilados y pensionistas, según Vicente, han visto “recortados” sus derechos en los últimos años “con el visto bueno” de “políticos y sindicatos”, por lo que reclamó que se regule la representatividad de este colectivo para que pueda participar en “todos los foros en los que se tomen decisiones que tengan que ver con su futuro”. “Somos un total de 8,5 millones de pensionistas y viudas, y resulta que no tenemos representatividad, ya que otros, como los sindicatos, que son quienes representan a los activos, están tomando decisiones por nosotros”, criticó.