GARANTIZAR LAS PENSIONES PÚBLICAS

Bilbao 20-12-2017

REFLEXIÓN-DENUNCIA SUSCRITA POR LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES:
ANAAP ( NAVARRA ), FEVAAS ( GIPUZKOA ), GEPE ( GIPUZKOA ) , PENSIONISTAS CC.00 DE EUSKADI, PENSIONISTAS U.G.T.( ARABA),PENSIONISTAS U.S.O. (ARABA), POR UNA VIDA DIGNA-BIZITZA DUINAREN ALDE ( ARABA ) ”

GARANTIZAR LAS PENSIONES PÚBLICAS

El sistema de la Seguridad Social es el instrumento principal de garantía de rentas con el que cuenta nuestro Estado de Bienestar y es, por tanto, uno de pilares más sólidos de la Protección Social. Su mantenimiento, alcance universal y su suficiencia deben constituir los principios rectores de la política social y económica.
Además, nuestro Sistema Público de Pensiones, basado en los principios de contributividad, equidad y solidaridad que le caracterizan como de reparto, constituye el programa de rentas públicas con mayor potencia distributiva.
Las pensiones públicas, y en especial la pensión de jubilación, revisten una importancia medular para la cohesión social.

El sistema público de pensiones se enfrenta a dos retos fundamentales, de unlado, en el corto plazo, la suficiencia de las prestaciones y cómo garantizar su revalorización, de modo que los pensionistas mantengan el poder adquisitivo de sus pensiones y, de otro, en el medio y largo plazo, cómo garantizar la sostenibilidad del sistema, su viabilidad financiera.

Está claro que tener unas pensiones públicas que garanticen unas coberturas dignas y suficientes, es una opción política que se concreta en el grado de solidaridad que quiere asumir un País. En definitiva, se trata de acordar la cantidad de riqueza del país que se estima justo, necesario y suficiente destinar al pago de pensiones dignas y suficientes.
Dicho de otra manera, las pensiones públicas y la protección social son, y deben seguir siendo, una cuestión de Estado, de voluntad política y no una cuestión de mercado.

A) El derecho a las pensiones es un derecho constitucional
Nuestro sistema público de pensiones no es una concesión gratuita de nadie. Muy al contrario, es una parte esencial del Estado de Bienestar y un derecho de ciudadanía regulado en los Artículos 41 y 50 de la Constitución. El artículo 41 establece que “los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”.
El artículo 50 dice: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”.

B) El doble reto de la sostenibilidad y la suficiencia
Empecemos por decir que el sistema de pensiones es sostenible. La sostenibilidad de un sistema de pensiones público no es sólo un problema técnico o económico es, sobre todo, un problema político. Desde esta perspectiva, podemos afirmar que las pensiones actuales y futuras si son sostenibles.
Con el crecimiento que ha experimentando la economía, hemos superado el nivel de riqueza que teníamos antes del inicio de la crisis y, sin embargo, con mayor riqueza, los salarios son más bajos, la remuneración media real es un 6,6% inferior a la de hace ocho años y la de los salarios más bajo llegan al 10%; hay trabajadores pobres; más precariedad; las pensiones son más bajas y han perdido en el mismo período un 2,15% de poder adquisitivo; las coberturas de desempleo se han reducido en cantidad y calidad; han crecido las pobreza y también la tasa de riesgo de pobreza y la reducción de las prestaciones por dependencia es muy evidente.
Estamos por tanto, ante una clara polarización social, con mayor exclusión social y gran desigualdad. Pero, como se puede constatar, el problema no es la falta de riqueza sino su injusta distribución. Ha crecido la riqueza pero también su acumulación.
Aunque resulta complicado ponerse de acuerdo en el concepto de suficiencia que establece la Constitución para nuestras pensiones, por ser un concepto impreciso y subjetivo, cualquier reforma de las pensiones debe estar sujeta a los límites que establece la Constitución, desde la idea de que el concepto de sostenibilidad nunca debe de situarse por delante del concepto de suficiencia. Los poderes públicos están obligados a asegurar la financiación que demanda el sistema, buscando las fuentes de ingresos que se precisan para cumplir el mandato constitucional de garantizar pensiones suficientes, debiendo convenir que debe entenderse por pensiones suficientes.

Nuestro sistema de pensiones tiene dos retos diferentes, de distinta naturaleza, que requieren una respuesta diferente:

Un reto serio pero coyuntural. Es derivado de la crisis que ha destruido mucho empleo y ha rebajado la relación entre activos / pasivos a 2,25 en Septiembre de 2017. El número de pensionistas está por encima de los 8,66 millones. El número de pensiones supera los 9,5 millones. Los afiliados activos a la Seguridad Social son 18,4 millones a la misma fecha, siendo el resto de cotizantes trabajadores desempleados (en torno a 1.066.000 personas).

La crisis ha tenido efectos muy negativos para los ingresos del sistema: por la devaluación salarial, por el aumento de la precariedad en el empleo (más temporalidad y más trabajo a tiempo parcial) o por las bonificaciones en las cotizaciones a la seguridad social y la tarifa plana.

Un segundo reto más estructural. Viene derivado del gran contingente de personas que pasarán a ser pensionistas en el futuro. Es una situación conocida y previsible por la entrada en el sistema de las generaciones más numerosas de nuestra historia, los nacidos en la época de Baby Boom de los años 60. Llegaremos a más 15,2 millones a mediados de siglo. Las entradas de pensionistas comenzarán a remitir a partir de la última parte de la década del 2050, por el descenso de las tasas de natalidad que se han producido en los últimos años, dando un alivio al sistema.

Mantener nuestro actual modelo de jubilación coincidiendo con el momento de mayor exigencia demográfica, supone elevar nuestro gasto en pensiones a un 14 – 15% del PIB, ahora gastamos el 10,4%. Un reto importante pero perfectamente asumible.

Además, seguirá aumentando la esperanza de vida por lo que, en un futuro próximo, habrá que pagar las pensiones durante más tiempo. Por otra parte, hay que tener presente que las nuevas pensiones tendrán un importe superior a las antiguas.

Por tanto, en el futuro nos tenemos que enfrentar a los siguientes retos:

Pagar mayor número de pensiones.
Pagar pensiones durante más tiempo.
Pagar pensiones de mayores cuantías.
Todo ello va a requerir de una serena valoración de la evolución de las pensiones para acordar las medidas que se precisan para garantizar la sostenibilidad del sistema y para que, además, siga siendo el eje fundamental de nuestro estado de bienestar. La adaptabilidad de nuestro sistema de pensiones es la mejor garantía de su viabilidad.

C) Hay alternativas ante los verdaderos retos de las pensiones frente a las políticas de recortes
Hay que abordar la situación del sistema público de pensiones, proponiendo medidas que garanticen las pensiones actuales y futuras, pero el Gobierno, lejos de hacerlo, no acierta ni en el diagnóstico de la situación ni en las soluciones que plantea.
Hay medidas alternativas a las políticas de austeridad que, como el cambio de la fórmula de revalorización de las pensiones o el factor de sostenibilidad, viene aplicando el Gobierno y que consideramos deben ser derogadas. Son medidas que garantizan la sostenibilidad de las pensiones públicas, sin necesidad de recurrir al recorte de las mismas ni al consumo anticipado del Fondo de Reserva, que se creó para hacer frente a los problemas estructurales del sistema.

D) Es imprescindible la mejora de ingresos garantizando una financiación adicional estable, sostenible y suficiente
España está 3 puntos por debajo de la media europea y más de 4 puntos de los países de nuestro entorno en gasto en pensiones en relación con el PIB.
Las medidas que se adopten no se pueden centrar únicamente en la reducción del gasto, sin tener en cuenta que la reducción del déficit se produce también con el incremento de los ingresos.
Las medidas de mejora de ingresosen el medio y largo plazo contribuyen a incorporar una fuente sostenida de ingresos adicionales a las cotizaciones sociales que optimizarán la financiación del sistema, de modo que se garantice su sostenibilidad y, además, el mantenimiento del pacto intergeneracional que está en su base.

El sistema de pensiones atraviesa un momento crítico ya que están tratando de convertirlo en un sistema de cobertura asistencial para poder potenciar los sistemas privados de pensiones. La Comisión Europea reconoce que el efecto de las Reformas de 2013, supondrá que la tasa de reemplazo de las pensiones (equivalencia entre pensión/último salario) puede perder cerca de 30 puntos porcentuales entre 2013 y 2060 (pasando del 79% actual al 48,6%). Si demoramos la derogación las medidas contenidas en las reformas unilaterales, la probabilidad de tender a esa situación es elevada.

Con cotizaciones sociales como las de hoy de hoy no se van a poder pagar las pensiones como las actuales. Por tanto, , parte de las pensiones contributivas se van a tener que financiar con impuestos, lo que obligará poner en marcha políticas fiscales justas y progresivas que garanticen el principio de suficiencia para pagar las pensiones. Por eso, la política fiscal es otro elemento central de la acción política, para asegurar la viabilidad de las pensiones.

Sin duda, la fuente de financiación que mejor puede garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones pasa por la creación de más empleo y que, además, sea de calidad, poniendo en marcha políticas que garanticen la recuperación del empleo perdido durante la crisis, Entre tanto, hay que adoptar otras medidas, entre ellas:
1.-Destope de las Bases Máximas de Cotización. Su aplicación podría realizarse de forma progresiva en un plazo de 2 ó 3 años. Supondría unos ingresos de unos 7.500 millones de € /año.
2.-Incremento del SMI de forma paulatina hasta el 60% del salario medio, 981,60,- €/mes, lo que supondría una Base de cotización mínima de 1.145,20 euros/mes, con la correspondiente repercusión en la mejora de los ingresos del sistema.
3.- Equiparación de las bases medias de cotización del Régimen General de la Seguridad Social y del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Con esta medida los ingresos por cotizaciones del sistema se incrementarán en unos 7.000 millones de euros anuales.
4.- Lucha decidida y eficiente contra la economía sumergida.El mero hecho de establecer políticas de inspección que hiciesen aflorar un tercio de la economía sumergida que se calcula en nuestro país, supondría aflorar economía productiva por un importe cercano al 6,5% del PIB que, en términos de recaudación a la Seguridad Social, supondría un incremento de las cotizaciones sociales del entorno a 6.300 millones de euros anuales.

5.-Son muy necesarias actuaciones contra la proliferación de falsos autónomos, 210.000 según la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos con un coste para la Seguridad Social de 562 millones de €/año, así como contra el fraude y la evasión fiscal.

E) Otras medidas que es necesario abordar
1.- El Estado ha de asumirlos gastos de administración de la Seguridad Social, como ocurre con el resto de las Administraciones Públicas. Esta medida supondría un ahorro de 3.825 millones, entre los salarios del personal (2.357 millones de euros) y los gastos corrientes (1.466 millones de euros).
2.-Para evitar una merma de los ingresos, un gasto de 3.342 millones de euros está previsto en los presupuestos del año 2017,las políticas activas de empleo no deben financiarse mediante reducción de cuotas sociales o a través de las tarifas planas en el caso del autoempleo, sino mediante subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Deberían de reintegrarse las cuantías dejadas de percibir desde el año 2013 al año 2016 y que superan los 6.100 millones de euros.
3.- Reclamamos que las necesidades de financiación que resulten precisas para garantizar las pensiones, se cubran con aportaciones directas del Estado y no en concepto de préstamo. Todas las pensiones deben seguir teniendo naturaleza contributiva y permanecer dentro del Sistema de la Seguridad Social.
4.- Restituir la fórmula de utilización del Fondo de Reserva prevista en la Ley 28/2003, para evitar su consumo anticipado.

5.-Devolver las cotizaciones a los perceptores de subsidios para mayores de 52 años (ahora 55) por el 125% del SMI (Ahora 100% del SMI).

6.-Restituir las cotizaciones a las personas cuidadoras familiares de personas dependientes.

7.-Incrementar los tipos de cotización de los contratos temporales de corta duración.

F) Derogar el Factor de sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las pensiones
Sobre el factor de sostenibilidad
De forma unilateral con la aprobación de la Ley 23/2013, se introdujo un nuevo factor de sostenibilidad que recortará la pensión inicial en función de la evolución de la esperanza de vida: a mayor esperanza de vida mayor recorte de la pensión inicial. Si la esperanza de vida evoluciona de acuerdo con las previsiones actuales (pasar de 85,8 años en 2012 a 89,8 años en 2060), la pensión inicial pasará de ser 100 en 2018 a ser 82 en 2060.
Características del Factor de sostenibilidad:

• Se aplicará a partir del año 2019 para los nuevos pensionistas.

• Es un índice que formará parte, como un elemento adicional y automático, de la fórmula actual utilizada para el cálculo de la pensión.

• Son preocupantes los efectos de la automaticidad de la aplicación de este factor, basado exclusivamente en la evolución de la esperanza de vida, especialmente teniendo en cuenta que se trata de determinar un elemento, la cuantía inicial de la pensión, asunto de especial trascendencia.

• Es necesario tener en cuenta otras variables que tienen una incidencia positiva
sobre los ingresos como el empleo, la actividad económica o la participación laboral como ocurre en otros países de nuestro entorno.

El factor de sostenibilidad aprobado por el Gobierno a propuesta de los “expertos”, no sólo era innecesario, sino que, visto la ausencia de argumentos que justifiquen la medida, demuestra que la intención final, como ya hemos señalado, no es salvaguardar el sistema público de pensiones, sino el de aprovechar, como tantas veces, la coyuntura de la crisis para aplicar recortes y modificar el modelo social.

Por otra parte, su objetivo es el de fomentar los sistemas privados de pensiones al que sólo tiene acceso las rentas más altas, quedándose fuera los que tienen rentas bajas que son los que conforman el núcleo más vulnerable de los asalariados y asalariadas.Sería necesario eliminar las ayudas fiscales a la contratación de Sistemas Privados de Pensiones Individuales.
El resultado es más que evidente, una sociedad más rica, como será la nuestra dentro de veinte o treinta años, va a pagar a sus jubilados pensiones más bajas, excluyéndoles del reparto de la riqueza generada y, por tanto, rompiendo los principios de equidad y cohesión social.
Sobre el Índice de Revalorización de las Pensiones
• Es lamentable que una medida, tan relevante como es la de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, con grandes efectos para las actuales y futuras generaciones de pensionistas, se hayan adoptado de forma unilateral y sin acuerdo previo en el Pacto de Toledo ni con los agentes sociales.

• La asociaciones de pensionistas y otros colectivos en defensa de los derechos de las personas más vulnerables de la sociedad, consideramos que la Recomendación Segunda del Pacto de Toledo “La Comisión, como ha venido haciendo en el pasado, defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, su garantía por ley y su preservación mediante la adopción de medidas encaminadas a asegurar el equilibrio financiero del sistema de pensiones en el futuro”, no se consigue con la formulación del Índice de Revalorización que se propone.

• Con este índice, que busca ser un mecanismo automático que permita la adecuación de las cuentas públicas de la Seguridad Social, se produce una pérdida del poder adquisitivo de las pensiones en contextos de crisis como el actual, que no llegaría a recuperarse. Recientemente el AIREF, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), ha confirmado que las pensiones, en los próximos años, tendrán tan solo un incremento del 0,25%, que contrastará con una inflación al alza. La propia AIREF calcula que esta situación supondrá una pérdida de poder adquisitivo del 7% en los próximos 5 años de aplicación de la fórmula impuesta de forma unilateral por al Gobierno el año 2013. Durante el período de esperanza de vida medio de un pensionista, en torno a 20 años, puede acumularse una pérdida de poder adquisitivo de la pensión en torno al 25%.

• La mayor parte de los determinantes de la fórmula de revalorización, se basan en estimaciones y previsiones de múltiples variables en el largo plazo, que además de estar sujetas a un alto grado de incertidumbre, muestran margen de error.

Si se permite la consolidación de una pérdida de poder adquisitivo como la que ya reconocen las instituciones oficiales, será imposible de recuperar para esta generación de pensionistas. Por ellos solicitamos la derogación de este sistema y garantizar el poder adquisitivo de las pensiones en relación con el IPC real de cada año.

G) Ninguna pensión por debajo del umbral de la pobreza

En torno al 50% de las pensiones contributivas se sitúan por debajo de los 650,-€ mensuales y el 25,6%de las pensiones (12,3% en Euskadi), tienen complemento por mínimo al no alcanzar la cuantía mínima del sistema. En más de 4 millones de hogares en España la principal fuente de ingresos es una pensión.

Solicitamos que la pensión mínima sea igual al Salario Mínimo Interprofesional que, de acuerdo con la recomendación de la Carta Social Europea, en esta legislatura debería situarseen el 60% del salario medio, es decir, 1.164,60 € mensuales en Euskadi en cifras del año 2017.

H) Algunas conclusiones
Con las reformas unilaterales realizadas por el Gobierno a partir del año 2013, las nuevas pensiones son cada vez más bajas. Por tanto, si el sistema de pensiones se queda sin adoptar medidas que modifiquen su situación actual, ha provocado y seguirá provocando, la existencia de más pensionistas pobres.

El crecimiento económico no resuelve por sí solo los problemas de cohesión social y desigualdad si no se establecen políticas públicas redistributivas de la riqueza. La economía está creciendo, de hecho ya tenemos más riqueza que en los momentos anteriores a la crisis, pero se han incrementado las desigualdades y la pobreza.

El Gobierno, con la Reforma de la Negociación Colectiva, la Reforma Laboral y las medidas unilaterales en materia de pensiones, ha desactivado los instrumentos más efectivos de distribución de la riqueza que son el empleo digno y con derechos, la protección social donde no llega el empleo y la negociación colectiva para trabajadores y trabajadoras en activo.

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