JUBILADOS ANTES DE LA LEYJ 24/1997 DE 15 DE JULIO

JUBILADOS ANTES DE LA LEYJ 24/1997 DE 15 DE JULIO
ENCUADRAMIENTO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
La Disposición Transitoria Primera .9 de la Orden de 18 de Enero de 1.967, señalaba , “ Los actuales cotizantes al Mutualismo Laboral que el día 1 de enero de 1967 tengan cumplidos los cincuenta años de edad podrán causar el derecho a la pensión de vejez a partir de los sesenta años. En tal caso el porcentaje de la pensión que en el nuevo Régimen le correspondería, de acuerdo con los años de cotización, experimentará la disminución resultante de aplicarle la siguiente escala de coeficientes reductores:
A los sesenta años 0,60
A los sesenta y un años 0,68
A los sesenta y dos años 0,76
A los sesenta y tres años 0,84
A los sesenta y cuatro años 0,92 “
Como bien señalas, aquí no se habla de jubilados forzosos, “ …podrán causar el derecho …”, no contemplándose ni una obligatoriedad de jubilación, ni la posibilidad de que uno pueda ser compelido al cese en el trabajo por cumplimiento de determinada edad.
Posteriormente el número 9 de la disposición transitoria primera citada, en la nueva redacción proveniente del artículo único de la Orden de 17 de septiembre de 1976, con vigencia desde el 1 de enero 1977, señala que “ Los trabajadores que hubieran tenido la condición de mutualistas en cualquier Mutualidad Laboral de Trabajadores por cuenta ajena en 1 de enero de 1967, o en cualquier otra fecha con anterioridad, podrán causar derecho a la pensión de jubilación a partir de los sesenta años. En tal caso el porcentaje de la pensión que en el nuevo Régimen le correspondería, de acuerdo con los años de cotización, experimentará la disminución resultante de aplicarle la siguiente escala de coeficientes reductores “, volviendo a repetir la misma tabla que ante hemos señalado.
La única diferencia que observamos es que así como en el año 1.967, se hablaba en tiempo presente, “ los actuales cotizantes”, y se exigía tener cumplidos los cincuenta años de edad, ahora la norma que mantiene el derecho a jubilarse anticipadamente, habla en presente,” los trabajadores “, haciendo referencia a un tiempo en pasado de los mismos “ que hubieran tenido la condición de mutualistas “ en fecha 1 de Enero de 1.967; pero sigue sin hacer referencia a ninguna obligatoriedad.
Avanzando en el tiempo, la Ley 8/1980, de 10 de marzo, supone el nacimiento del Estatuto de los Trabajadores que contempla una Disposición Adicional, entonces Quinta, muy controvertida desde un primer momento, cuyo texto era el siguiente:
«La capacidad para trabajar, así como la extinción de los contratos de trabajo, tendrán el límite máximo de edad que fije el Gobierno en función de las disponibilidades de la Seguridad Social y del mercado de trabajo. De cualquier modo, la edad máxima será la de sesenta y nueve años, sin perjuicio de puedan completarse los períodos de carencia para la jubilación.
En la negociación colectiva podrán pactarse libremente edades de jubilación, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de Seguridad Social a estos efectos».
Tres notas se han de destacar de la citada Disposición Adicional:
a) Fijación de una edad máxima para trabajar de 69 años, pero sin perjuicio de que puedan completarse los períodos de carencia para jubilación. Ha de entenderse que referido a los períodos mínimos que darán lugar también a una pensión menor.
b) Posibilidad de pactarse libremente edades de jubilación a través del convenio colectivo
c) Muy importante, la salvaguarda de que lo que se pacte no vaya en perjuicio de lo dispuesto en materia de Seguridad Social.
La inmediata aplicación de la disposición adicional, puso en marcha el proceso que daría lugar a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de julio de 1981, que resolvió la cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Magistratura de Trabajo número 9 de las de Madrid, y cuyo fallo determinó que: «es inconstitucional la disposición adiciona quinta del Estatuto de los Trabajadores, interpretada como norma que establece la incapacidad para trabajar a los sesenta y nueve años y de forma directa e incondicionada la extinción de la relación laboral a esa edad»
La refundición operada en el Estatuto de los Trabajadores por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, cambió la numeración de la referida disposición adicional, pasando a ser la adicional décima, y redimensionó su contenido con el siguiente texto:
«Límite máximo de edad para trabajar.
Dentro de los límites y condiciones fijados por este precepto, la jubilación forzosa podrá ser utilizada como instrumento para realizar una política de empleo. La capacidad para trabajar, así como la extinción de los contratos de trabajo, tendrá el límite máximo de edad que fije el Gobierno en función de las disponibilidades de la Seguridad Social y del mercado de trabajo, sin perjuicio de que puedan completarse los períodos de carencia para la jubilación.
En la negociación colectiva podrán pactarse libremente edades de jubilación sin perjuicio de lo dispuesto en materia de Seguridad Social a estos efectos.»
En definitiva se mantenía la posibilidad de utilizar la negociación colectiva para pactar edades de jubilación a la par que se mantenía la salvaguardia de no interferir en perjuicio de lo dispuesto en materia de Seguridad Social. Pero claro, ambos deseos, de una parte pueden entrar en conflicto entre si y de otra, ambos conjuntamente pueden interferir en un derecho no disponible para el trabajador, cuál es su facultad de jubilarse, pues nótese que se habla de jubilación forzosa .
La sentencia 58/1985, del Tribunal Constitucional pretende poner luz al respecto, con una afirmación tajante y contundente: «Es indudable que el precepto legal no pretende únicamente atribuir a la negociación colectiva la facultad de facilitar la jubilación voluntaria a través de una regulación promocional que no era preciso autorizar, pues nunca había sido negada y era frecuentemente ejercitada, sino superar el precedente obstáculo legal convirtiendo en disponible por la negociación colectiva un derecho que con anterioridad no lo era» (FJ 1, párrafo 3 in fine).
De ello deriva que la facultad no es inherente u originaria, sino por habilitación expresa y sometida a ella.
El Tribunal afirma nuevamente con rotundidad: «Nuestro cometido se circunscribe a determinar la validez constitucional del párrafo segundo de la disposición adicional quinta del Estatuto de los Trabajadores, entendida como norma que posibilita a la negociación colectiva a fijar una edad de jubilación obligatoria». (FJ 5, párrafo primero in fine).
El Tribunal Constitucional, como hemos visto, también advierte del tránsito de lo indisponible a lo disponible, pero, además, enmarca claramente los términos en que se configura la disponibilidad al afirmar: «… siendo la Ley, en este caso (disp. ad.), la que determina el ámbito de actuación de la negociación colectiva…».
En el marco señalado aparece la ahora Disposición Adicional Décima del Estatuto de los Trabajadores, que tiene su origen en el nuevo Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores de Marzo de 1.995, que fija el límite máximo de edad para trabajar, señalando que:
“ Dentro de los límites y condiciones fijados en este precepto, la jubilación forzosa podrá ser utilizada como instrumento para realizar una política de empleo.
La capacidad para trabajar, así como la extinción de los contratos de trabajo, tendrá el límite máximo de edad que fije el Gobierno en función de las disponibilidades de la Seguridad Social y del mercado de trabajo, sin perjuicio de que puedan completarse los períodos de carencia para la jubilación.
En la negociación colectiva podrán pactarse libremente edades de jubilación sin perjuicio de lo dispuesto en materia de Seguridad Social a estos efectos.”
Una cuestión a aclarar, tras las facultades vistas en la Disposición Adicional décima a partir de 1.995, en el caso de que la jubilación forzosa produjera algún impacto en la esfera de la Seguridad Social pública y obligatoria, es la de cómo conciliar esto con lo de que no haya perjuicio de lo dispuesto en materia de seguridad Social
Hay que recordar, como doctrina consolidada, que la seguridad social pública, mínima y obligatoria queda excluida de los convenios colectivos, como materia constituida por un ordenamiento público completo y cerrado en sí mismo .
Hay que explicar lo que puede parecer obvio. No es lo mismo, el derecho a la jubilación a partir de una determinada edad, que la jubilación forzosa al cumplir una determinada edad y claro está, el pactar libremente la edad de de jubilación a través de la negociación colectiva, supone una jubilación obligada para el trabajador singular afectado por el acuerdo colectivo. De otra parte la obligatoriedad provoca, que la Seguridad Social asuma el coste de la pensión y de su revalorización a partir de una fecha cierta.
Es indubitado, que el pacto sobre jubilaciones forzosas no sólo impacta sobre una ordenación jurídica no disponible (LGSS, art. 39), sino que produce efectos a terceros, cuestión también vedada al ir implícita en la prohibición de la LGSS, artículo 39.2.
“Artículo 39. Mejoras voluntarias.
1. La modalidad contributiva de la acción protectora que el sistema de la Seguridad Social otorga a las personas comprendidas en el apartado 1 del artículo 7 de la presente Ley, podrá ser mejorada voluntariamente en la forma y condiciones que se establezcan en las normas reguladoras del Régimen General y de los Regímenes Especiales.
2. Sin otra excepción que el establecimiento de mejoras voluntarias, conforme a lo previsto en el número anterior, la Seguridad Social no podrá ser objeto de contratación “
También el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la materia, entre otras en la Sentencia 187/1994, de 26 de julio. Así, en el párrafo tercero del Fundamento Jurídico Tercero se afirma con rotundidad: «… el convenio colectivo, encaminado a regular las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores, tanto por su naturaleza como por su función, carecía de aptitud para alterar el alcance y el contenido de relaciones ajenas a la de trabajo como lo sería la de Seguridad Social-… creando obligaciones de naturaleza pública, por ende, y condicionando el obrar y la responsabilidad de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, tercero respecto de las partes negociadoras del pacto en el marco de nuestro ordenamiento actual y pasado, no podía hallar amparo más que en la propia Ley …»
Se podría argumentar que existen otras formas de impactar indirectamente el Sistema ( fuera de los supuestos legalmente previstos por la propia normativa de seguridad social, jubilación anticipada a los 64 años y jubilación parcial) desde la negociación colectiva, pero en estos casos, estamos ante dos posibilidades legalmente previstas, y, sobre todo, tienen como receptor del beneficio (cualquiera que sea éste, incluso la valoración sobre una posible pérdida del empleo) al trabajador singular, el cual accede a la jubilación desde una opción razonablemente ponderada.
Ninguno de estos elementos es compartido por la jubilación forzosa , en la redacción de 1.995 de la Disposición Adicional Décima del Estatuto de los Trabajadores.
Conviene detenerse ahora, también, en el significado que tiene el condicionante impuesto en la disposición adicional citada, cuando establece: «… sin perjuicio de lo dispuesto en materia de Seguridad Social a estos efectos “
Es en el término «jubilación», donde está la garantía sobre el tránsito pensionado de activo a pasivo. La jubilación constituye (en este contexto) el cese en la actividad con derecho a pensión. Si no hay pensión, no hay jubilación y estaríamos ante una extinción por edad. En efecto, si a la cláusula jubilatoria se le sustrae la facultad jubilatoria quedaría convertida en una extinción por cumplimiento de una determinada edad, causa vedada en el ordenamiento por opuesta a la Constitución Española artículo 14 y al Estatuto de los Trabajadores artículo 17. De ello derivaría la calificación de nulidad.
Precisamente por ello, en el párrafo segundo de la disposición adicional, se añade “. ..sin perjuicio de que puedan completarse los períodos de carencia para la jubilación».
Y quizá por ello también, aunque ya nos vamos fuera del ámbito temporal en que se produjo tu cese en el trabajo, en la redacción dada a la Disposición Adicional Décima por el artículo único de la Ley 14/2005, de 1 de julio, no se habla de jubilación forzosa sino de extinción del contrato de trabajo y tampoco se habla de pactar libremente edades, sino de extinción de contrato a la edad ordinaria de jubilación,( 65 años en ese momento), “ En los convenios colectivos podrán establecerse cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad ordinaria de jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social,……..” vinculando además la medida a objetivos coherentes con la política de empleo expresados en el convenio colectivo…….., y siempre que el trabajador afectado por la extinción del contrato de trabajo tenga cubierto el período mínimo de cotización o uno mayor si así se hubiera pactado en el convenio colectivo que le permita tener derecho a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva.
Lo dicho en el párrafo anterior y aunque sigo hablando de un período que ya no te resulta de aplicación; después de que por la Disposición Derogatoria Única del Real Decreto Ley 5/2001, quedará derogada expresamente:
“ a) La disposición adicional décima de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto-legislativo 1/1995, de 24 de marzo “, con lo cual a partir de marzo de 2001, las cláusulas de los convenios colectivos reguladores de fórmulas de jubilación forzosa habían perdido su vigencia.
Claro que ahora amigo Ernesto, puedes decir, ¡ pero yo no salí de la empresa por la aplicación de ninguna cláusula de Convenio Colectivo, sino por un E.R.E.¡. Pero qué otra cosa que un convenio entre empresario y representantes de los trabajadores es un E.R.E., pactado de mutuo acuerdo.
La Sala Cuarta del Tribunal Supremo (Sentencia de 9 de julio de 2012 (rec. N° 147/2012 ) señala que un ERE que deriva de un acuerdo suscrito por la empresa y los representantes sindicales de los trabajadores no es otra cosa que un convenio avalado por la Autoridad Laboral competente.

CONCLUSIONES
1ª) El cese en el trabajo, en 1.996, se produce como consecuencia de un Expediente de Regulación de Empleo, en el que la edad es determinante para fijar quienes han de ser los afectados.
2ª) En función de la conclusión 1ª, podemos plantearnos si el despido como consecuencia del expediente pudo ser o no ajustado a derecho.
Hemos visto como, inicialmente la Disposición Adicional Quinta del Estatuto de los Trabajadores, recoge una edad máxima para trabajar de 69 años y como la Sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de Julio de 1.981, la declara inconstitucional por establecer de forma directa e incondicional la extinción de la relación laboral a esa edad.
Después, por la refundición operada del E.T. en Marzo de 1.995, ya como Disposición Adicional Décima, se autoriza la jubilación forzosa como instrumento de política de empleo, pero, sin perjuicio de que puedan completarse los períodos de carencia para la jubilación y sin perjuicio de lo dispuesto en materia de Seguridad Social a estos efectos.
Esta es la norma vigente a esos efectos, cuando se produce la extinción de tu contrato de trabajo y si bien en ese momento con 55 años de edad, contabas con período de carencia suficiente para la jubilación, no pudiste acceder a la misma hasta no alcanzar los 60 de edad, que por tu condición de mutualista te permitía acceder con los correspondientes coeficientes reductores.
Es evidente que dicha decisión extintiva si iba en perjuicio de lo dispuesto en materia de Seguridad Social, en primer lugar para ti puesto que no te permitía en ese momento acceder a la pensión de jubilación y posteriormente al poder acceder lo hacías sufriendo la merma de los coeficientes reductores.
Cabe preguntarse si en ese momento la autorización de ese E.R.E., recordemos que no es otra cosa que un Convenio Colectivo, era ajustado o no a derecho. Me atrevo a decir que quizá, pero solo quizá, no lo era. Máxime si, a mayor abundamiento, vemos que posteriormente en Marzo de 2.001, las cláusulas de los convenios colectivos reguladoras de fórmulas de jubilación forzosa perdieron su vigencia, para luego en Julio del mismo año, recuperarse pero siempre condicionadas a poder acceder a la jubilación, en 2011 condicionadas a que el trabajador afectado pudiera alcanzar una jubilación del 80% de la base reguladora, en 2012 a poder acceder a la jubilación a la edad ordinaria, para acabar, por ahora, en el actual Real Decreto Ley 2/2015, teniendo la siguiente dicción literal “ Se entenderán nulas y sin efecto las cláusulas de los convenios colectivos que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad ordinaria de jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social, cualquiera que sea la extensión y alcance de dichas cláusulas “
Vuelvo a que quizá no era ajustado a derecho el expediente de regulación de empleo, pero desafortunadamente ello no sirve ahora de nada, pues eso se hubiera dilucidado con una impugnación del expediente en vía administrativa o contencioso-administrativa, o tú particularmente con una demanda en el juzgado de lo social, en principio, o, en su caso, Tribunal Superior de Justicia o Tribunal Supremo, como particular afectado por el expediente aprobado.
Ello, obviamente, no es ahora posible por la prescripción operada

3ª) Pero así como la solicitud de nulidad de la extinción del contrato, nunca puede operar por la prescripción de la acción, si lo que reclamamos es una nueva fijación del importe de la pensión, por no haberse calculado correctamente en su día, aquí no nos encontramos con el obstáculo de la prescripción para intentarlo. El Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de Junio en su artículo 146, como actualmente el Real Decreto Ley 2/2015 en el artículo 212, declaran la imprescriptibilidad de la pensión de jubilación, si bien los efectos de la misma se retrotraen a los 3 meses anteriores al momento de la solicitud, que en este caso sería el momento de la reclamación de modificación de la base reguladora.
4ª) La disposición adicional decima del Estatuto de los Trabajadores, en ese momento vigente, utilizaba el término de jubilación forzosa, cuando dicho término no estaba contemplado en el ámbito de la Legislación sobre Seguridad Social, ni siquiera ésta contemplaba un distinto tratamiento, según el cese en el trabajo que daba lugar a la solicitud de jubilación hubiera sido voluntario u obligado.
La Seguridad Social siempre distingue entre el cese en el trabajo por causa ajena a la libre voluntad del trabajador y la solicitud de la pensión..
Es más, nunca podía hablarse de jubilación, ni voluntaria ni forzosa, cuando el obligado cese en el trabajo no generó ningún derecho a la jubilación, derecho que solo se produce años más tarde. Si no hay pensión no hay jubilación.
No es hasta la Ley 24/1997, de 15 de Julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de la Seguridad Social, cuando se da un distinto tratamiento entre la voluntariedad y la obligatoriedad del cese a través del Artículo 7 de la citada Ley que dispone en lo que aquí afecta:
“ Uno. Se modifica la regla 2.ª del apartado 1, de la disposición transitoria tercera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que queda redactada en los siguientes términos:
«2.ª Quienes tuvieran la condición de mutualista el 1 de enero de 1967 podrán causar el derecho a la pensión de jubilación a partir de los sesenta años. En tal caso, la cuantía de la pensión se reducirá en un 8 por 100 por cada año o fracción de año que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad que se fija en el apartado 1.a) del artículo 161.
En los supuestos de trabajadores que, cumpliendo los requisitos señalados en el párrafo anterior y acreditando cuarenta o más años de cotización, soliciten la jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo en virtud de causa no imputable a la libre voluntad del trabajador, el porcentaje de reducción de la cuantía de la pensión a que se refiere el párrafo anterior, será de un 7 por 100. A estos efectos, se entenderá por libre voluntad del trabajador, la inequívoca manifestación de voluntad de quien, pudiendo continuar su relación laboral y no existiendo razón objetiva que la impida, decide poner fin a la misma.
Se faculta al Gobierno para el desarrollo reglamentario de los supuestos previstos en los párrafos anteriores de la presente regla 2.a, quien podrá en razón del carácter voluntario o forzoso del acceso a la jubilación adecuar las condiciones señaladas para los mismos.»
Por tanto, bien podemos decir que estabais en un limbo jurídico, y como tú bien dices se os aplicó a unos jubilados abocados a dicha situación contra vuestra voluntad, la legislación aplicable a quienes accedían voluntariamente a la jubilación, produciéndose un agravio comparativo que conculca el artículo 14 de la Constitución, al haberse tratado como iguales a unos ciudadanos que se encontraban en una situación claramente diferenciada, desigualdad que precisamente tiene su origen, en este caso, en la edad que provocó el cese en el trabajo.
No cabe duda que en lo dicho en el párrafo anterior se encuentra el único asidero al que podéis agarraros para solicitar que se os elimine el coeficiente reductor, como petición principal o subsidiariamente que se os de el mismo tratamiento dado con posterioridad a quienes estando en las mismas condiciones de periodo cotizado se les aplicó la escala de coeficientes reductores a partir del 6%.
5ª) Ahora bien, el argumento del último párrafo de la conclusión anterior, intentará ser desvirtuado por la Seguridad Social, señalando que si bien es cierto que se aplicó una legislación que no estaba prevista para vuestro caso, también es cierto que el acto de solicitar la jubilación, otra cosa es el cese en el trabajo, es un acto personal y voluntario y al no haberse legislado, en ese momento, nada específico para vuestra diferenciada situación se os dio el único tratamiento posible.
Podrá argumentar también que posteriormente recibisteis, los jubilados con anterioridad a la vigencia de la Ley 24/1.997, unos complementos para compensar el agravio comparativo que habíais recibido.
Sin duda os podrá decir que si bien disponíais de años sobrados de cotización, por encima de 15, y cumplíais con el requisito de ser, al menos dos, los cotizados en los 15 últimos años, carecíais del requisito fundamental de haber cumplido los 65 años de edad.
6ª) Es evidente que veo muy difícil que pudiera progresar la reclamación que comentas, pero en todo caso es a través de lo expuesto en la conclusión 4ª) con apoyo en las argumentaciones realizadas en la parte de encuadramiento, donde, caso de hacerse, entiendo yo que se debería basar la reclamación previa y posterior demanda.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *