PARA LA SOSTENIBILIPADAD DE LAS PENSIONES

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PARA LA SOSTENIBILIPADAD DE LAS PENSIONES
GETAFE, MARZO / ABRIL 2018
Nos manifestamos los pensionistas por una cuestión de justicia y de necesidad, para exigir a
los poderes públicos el derecho constitucional que tienen los mayores de unas pensiones
dignas y su correspondiente actualización periódica, para mantener la suficiencia económica
que necesita la llamada tercera edad.
Lo dicen varios artículos de la Constitución Española vigente, entre ellos:
Título I. De los derechos y deberes fundamentales
Artículo 41
Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para
todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales
suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo.
La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.
Artículo 50
Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y
periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante
la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares,
promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que
atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.
También dice la
Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido
Sección 2. Artículo 109. Recursos generales.
1. Los recursos para la financiación de la Seguridad Social estarán constituidos por:
a) Las aportaciones progresivas del Estado, que se consignarán con carácter
permanente en sus Presupuestos Generales, y las que se acuerden para atenciones
especiales o resulten precisas por exigencia de la coyuntura.
b) Las cuotas de las personas obligadas.
Pero como sabemos, en 2013, y anteriormente, en 2011, los gobiernos de turno, con la
gravísima crisis financiera global, exportada desde Estados Unidos, en España no
supieron cómo paliar las graves consecuencias con la explosión de la bolsa inmobiliaria,
y para cuadrar las cuentas del déficit y de la deuda privada y pública solo se les ocurrió
recortar los gastos sociales, los instrumentos de la justicia, la sanidad, la dependencia, la
ayuda solidaria para la cooperación con el exterior, las pensiones en general, los
subsidios a desempleados y sectores de población excluida, recortes en la investigación
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hasta dejarla prácticamente inoperante, etc. y la reducción de casi un 5% de media de
los salarios en general de la clase trabajadora.
En cambio, con el dinero que la gente necesita para tener una vida digna, han
financiado la corrupción y la mala gestión de los bancos e instituciones financieras y
han mantenido:
· Los gastos de Defensa. Se deben 20.000 millones y la ministra actual se ha
comprometido con la OTAN (Estados Unidos) a subir el presupuesto a más de
30.000 millones en los próximos diez años, a partir del 2018.
· Rescate a autopistas de peaje,
· Subidas importantes de sueldo de los consejeros de las grandes corporaciones,
diputados, senadores, alcaldes, cargos de confianza, pagos a cargos y puestos
aunque no funcionen, aportaciones a partidos políticos, y a sus campañas
electorales, etc.
· Manteniendo instituciones y organizaciones públicas paralelas con funciones
duplicadas.
· Exenciones de impuestos a fundaciones, equipos de fútbol, iglesias y
organizaciones de dudosa utilidad pública
· Compensaciones a empresas “amigas” como el caso Castor,
· Edificios monumentales sin terminar y en estado de ruina, como la Ciudad de la
Justicia en Madrid
· Subvenciones a la sanidad y educación privada y concertada
· Aeropuertos sin aviones y estaciones de tren sin pasajeros
· Amnistía fiscal al dinero en paraísos fiscales sin preguntar por la legalidad de su
procedencia.
· ETC.
Por todo esto, aunque en este momento crucial nos estamos centrando en la
recuperación de las pensiones, toda la ciudadanía se ve afectada y, en consecuencia,
todos: jóvenes y mayores, mujeres y hombres, activos y jubilados deberían apoyar estas
reivindicaciones. Todos tenemos que unirnos, y elevar a los poderes públicos nuestro
grito de protesta por nuestros derechos, por la justicia y la dignidad.
Hoy, después de 10 años de medidas económicas del gobierno de turno, el PIB ha
crecido un 3% – según dicen- pero la brecha salarial entre hombres y mujeres, y entre
altos directivos y empleados ha crecido considerablemente durante este periodo. En
conclusión: Los ricos se han hecho más ricos y la clase media y pobre se han
empobrecido más.
Pero nosotros, no solo reivindicamos nuestros derechos, también aportamos soluciones
para que las pensiones sean sostenibles al presente y a futuro:
A corto plazo:
1. Nuevo impuesto a la transacciones financieras, especialmente, a la salida del
dinero de España.
2. Subida del impuesto a las SICAPS y subida efectiva del impuesto de sociedades.
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3. Subida de la cotización a la Seguridad Social de la parte empresarial de las
grandes empresas (no solo a los bancos) con un plus extra en función de la
proporción entre beneficios y número de empleados. Premiando en este plus
con una reducción en la proporción del número de empleados fijos por el total
de los empleados.
4. Subir el salario mínimo interprofesional,
5. Si después de las medidas anteriores aún falta dinero para el pago actualizado de
las pensiones, poner la diferencia que falte con los Presupuestos Generales
A medio y largo plazo:
1. Subir el salario de los trabajadores
2. Reducir el número de horas trabajadas por trabajador para repartir el trabajo y
así subir el número de empleos.
3. Derogar la reforma laboral de 2011, especialmente la subida de la edad de
jubilación, y dejarla, en términos generales, a los 65 años, para dar entrada a la
vida laboral de los jóvenes y reducir así la exagerada tasa de desempleo de los
jóvenes.
4. Reducir el nº de políticos y asesores, especialmente, en el Senado, en las
diputaciones y en las asambleas autonómicas, y reducirles las cuantías por
cargos de coordinación o representación. Por ejemplo, por coordinar las
reuniones del Pacto de Toledo, y aunque no haga nada, la Sra. Villalobos recibe
más de 1.500 € mensuales (adicional a su sueldo como diputada).
5. Derogar la reforma laboral de 2013, entre otra razones, para dar capacidad de
negociación y peso entre patronales y sindicatos y darle valor de ley a los
convenios colectivos sectoriales y territoriales, cuando recojan mejoras sobre los
convenios o pactos entre empresa y trabajadores, y para derogar el sistema que
legaliza el sistema de sostenibilidad basado en reducir de forma continua la
capacidad adquisitiva de las pensiones, decidido por el gobierno del PP, en la
referida reforma.
6. Aumentar el nº de inspectores de trabajo y de sanidad, que vigilen por el
cumplimiento de las leyes laborales, de seguridad y de higiene.
7. Aumentar el nº de inspectores fiscales que investiguen a presuntos
defraudadores por su diferencia entre el nivel de gasto y el de renta.
8. Hacer una profunda, proporcionada y justa reforma fiscal, para que paguen
proporcionalmente más los que tienen más patrimonio y más renta.
Por todo ello, los pensionistas y jubilados de España, convocamos a la población en
general, y le solicitamos y confiamos en su adhesión en la presión y exigencia a los
poderes públicos para que estos se pongan de acuerdo en dar soluciones permanentes,
revisables y justas, por un lado, al paro estructural existente en este país y, por otro, a
las precarias pensiones de jubilación, a las de viudedad y al resto de prestaciones
sociales.
Con la población unida con las organizaciones promotoras en estas justas exigencias, y
acompañando en todas las medidas legales posibles, como manifestaciones y con los
votos en las elecciones, podremos lograr, en beneficio de todos, que se ponga solución a
tan graves problemas sociales que tenemos en España.
Rafael Montes

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